OPINIÓN

Justicia sí abrió cárcel sin tener personal o infraestructura listos

UNIVERSIDAD constató de primera mano la silenciosa e inconclusa transformación del centro semiinstitucional San Agustín a una cárcel cerrada.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia afirmó que este medio presentó información inexacta en la nota del 7 de agosto titulada “Gobierno abrió cárcel en Heredia sin infraestructura lista ni personal suficiente”.

Justicia afirma que “no se abrió una cárcel en Heredia, lo que se hizo fue realizar trabajos de remodelación para acondicionar un módulo institucional, dentro del centro semiinstitucional, que ya funcionaba años atrás en Heredia, en San Agustín”.

Lo cierto es que esos trabajos de remodelación comprenden no solo el acondicionamiento de las habitaciones que ya existían. También incluye la construcción de un taller de artesanías, cuarto para visitas conyugales, consultorio médico y la contratación de personal de atención técnica (psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, abogados).

Consultamos al mismo director de la cárcel, José Joaquín Quesada, sobre si se trata de la apertura de una cárcel, esto fue lo que dijo:

En realidad es un módulo institucional (cárcel tradicional), este módulo institucional no dista mucho de lo que tenemos en otros centros con excepción del perfil de la población. La misma normativa que les cubre a ellos cubre en cualquier otro centro cerrado. El manejo aquí es de una población de un perfil muy bajo”.

De no haberse abierto una cárcel, no se necesitarían todos estos cambios. Ese “acondicionamiento” invita a pensar que se trata de una simple adecuación de habitaciones que estaban en desuso, sin embargo, es evidente que la construcción de otros departamentos y la contratación de personal (aún no concluida) evidencian que ahora hay una cárcel institucional, que también recibe a otros usuarios en regímenes de confianza.

 

Personal insuficiente

En otra afirmación contradictoria, Justicia alega que “el personal del centro es suficiente para atender su funcionamiento, como confirmó el director del Centro, José Quesada”.

El Ministerio de Justicia, en el mismo comunicado que señala supuestas inexactitudes de este medio, afirmó que “el equipo actual es de dos orientadoras, dos trabajadoras sociales, dos personas en el departamento jurídico, y una sicóloga a tiempo completo, junto con el Director”.

Consultado por este medio, el pasado viernes 3 de agosto, Quesada dio una versión completamente opuesta a la que describe el Ministerio de Justicia.

Necesitamos el personal técnico para que el orientador empiece a gestionar todas las redes de contacto para que vengan a estudiar a distancia, estamos en proceso con un tallercito, algunos están ya trabajando en artesanía. El centro cuenta con siete plazas, que son incentivos de 40 mil colones al mes, gente en actividades misceláneas, de mantenimiento, algunos colaborando en aseo y en la cocina. Nos falta el personal, y terminar el proyecto ahí, para ubicar a una gran mayoría en una actividad laboral o de educación, o bien también, por ejemplo, ya con la psicóloga y la trabajadora social si vienen aquí , tendríamos atención grupal una o dos veces a la semana. Esperamos que a corto plazo, cuando tengamos el personal, eso sí, por lo menos yo lo dejé muy claro con las autoridades superiores, que todo el programa escrito lo podríamos desarrollar siempre y cuando tengamos el recurso humano. De momento estamos atendiendo las necesidades básicas mínimas, con seguridad, alimentación, etc”.

Posteriormente, agregó: “la última vez que hablé con la viceministra, quedamos en que la próxima semana ella iba a venir a dar una vuelta por acá, porque ella ya había gestionado una situación. Hemos tenido adelantos de que van a venir unos compañeros, pero sería mentirle si le digo que ya los tengo. Y hasta que no nazcan los pollitos, no podemos contarlos”.

 

Infraestructura

En la contradicción más grave del comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia afirma que “no es cierto que la infraestructura no estaba preparada”, para luego decir en la misma oración que el cuarto de visitas conyugales aún no está listo ni el espacio para consulta médica”.

No es cierto que la infraestructura no estaba preparada. El espacio para los privados de libertad quedó acondicionado antes de su traslado. Lo que falta por construirse es el cuarto de visita conyugal, que está en un 90% y un espacio para consulta médica, que se habilitará próximamente, además se está construyendo un taller de artesanía. Es decir, la infraestructura para la contención estaba terminada”.

Esta afirmación reduce el tema de la infraestructura carcelaria a las habitaciones de los privados de libertad. La nota de este medio nunca dijo que esos espacios estuvieran inconclusos, sino que se trataba de la obra general, en donde se especificó lo mismo que reconoce Justicia: falta el consultorio médico y el cuarto de visitas conyugales.

Una escalera junto al cuarto de visitas conyugales, que aún no está listo.

Este medio afirmó que hubo poco margen de maniobra tras constatar con las autoridades que la decisión los puso a correr y a doblar cargas sobre el personal actual, situación que incomodó a las autoridades de Gobierno.

UNIVERSIDAD se apegó a los criterios periodísticos adecuados y no se quedó con la respuesta oficial inicial, sino que hizo el reporteo necesario, visitando la cárcel, el pasado viernes 3 de agosto, y hablando con su director y personal de seguridad.

Como en otras informaciones que este medio ha trabajado, obtener la versión de la viceministra Isabel Porras ha sido una tarea complicada, quien constantemente responde que está en una reunión o pide que se consulte con el departamento de prensa.

Es oportuno hacer transparente el proceso que llevó a las conclusiones de la nota aludida, con el fin de desmentir las aseveraciones del Ministerio de Justicia y probar que las afirmaciones de este medio se subordinan a fuentes válidas y veraces.


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