Don Iván Molina titula un artículo “Catolizar el pasado” (UNIVERSIDAD, 23 diciembre) para sugerir que deformo la historia de las reformas sociales de 1943 por motivos religiosos. Sin embargo, las reformas se realizaron dentro de la doctrina social de la Iglesia, por un presidente, Rafael Á. Calderón Guardia -católico declarado- con el apoyo decidido del arzobispo Víctor Sanabria y la bendición de Pío XII. El Partido Comunista pasó a llamarse Vanguardia Popular y declaró que “apoya la política social del Presidente Calderón, basada en las encíclicas papales”.
Para restar importancia a tamañas evidencias, y dejo muchas en el tintero, Molina ideó la ficción del “Anticomunismo reformista”, según la cual los católicos realizaron la reforma por miedo al comunismo, como si la Iglesia careciera de bases doctrinales y fuerza espiritual. Como prueba documental presenta dos citas del escrito de Sanabria “Al venerable clero…” (1945), donde explica sus razones para llegar al acuerdo con Manuel Mora (junio1943), que consiguió la aprobación definitiva del Código de Trabajo y las Garantías Sociales. Las reproduzco con su contexto: “Hasta entonces, por una y tantas razones, nuestra lucha, en apariencia, tenía más aspectos de “anticomunismo” que de “pro justicia”. Molina tijeretea la frase al omitir las palabras “en apariencia”, deformando su sentido.
La otra frase es esta: “Se pensó que la misión única de la Iglesia en estas materias era predicar la conformidad a los pobres, o bien recomendar tan solo el cumplimiento de los deberes de la caridad, a los que buenamente quisieran cumplirlos.” Sanabria se refiere a un sector de la Iglesia, no a su totalidad, pues siempre han existido (y existen) practicantes del catolicismo social. Siendo así, esa frase no apuntala el “Anticomunismo reformista”.
La Iglesia es un cuerpo organizado en obispos, presbíteros, diáconos y laicos, mujeres y hombres, no siempre conscientes de sus obligaciones por la justicia social; que alberga personas de todas las clases sociales y el arco iris entero de las ideologías. Por eso resulta inútil esta afirmación de Molina: “la jerarquía de la Iglesia costarricense, hasta la década de 1940, adversó más que apoyó toda forma de catolicismo social”. Una revisión de El Mensajero del Clero y del Eco Católico de los primeros cuarenta años del siglo XX le haría cambiar de opinión. En efecto, varios presbíteros (que son jerarquía) denunciaron abusos laborales y en las Asambleas del clero se proponían soluciones. Además, el Partido Reformista de Jorge Volio se nutrió de católicos practicantes y de seguidores del anarquismo.
Don Iván toma de nuevo la tijera para hacer un corte arbitrario de 1930 hacia atrás y luego hacia adelante, en el proceso que condujo a la reforma social. Quiere así invisibilizar la Carta sobre el justo salario de Mons. Thiel (1893), el Periódico La Justicia Social y el Partido Reformista (todos previos al nacimiento del Partido Comunista). La reforma solo se entiende como la culminación de un proceso que amanece con el siglo XX.
Molina muestra extrañeza porque me apoyo en una obra de Gustavo Soto para afirmar el fondo doctrinal católico de la reforma, mientras que discrepo de Soto acerca del fallido golpe de Estado contra Calderón Guardia, como si fuera ilegítimo utilizar lo acertado de un investigador y rechazar lo que se juzga erróneo. Siempre en ese asunto, parece que Molina no quiere enterarse de la argumentación que he dado a favor de la veracidad del relato de Manuel Mora acerca del intento golpista.
Según don Iván la singularidad costarricense en cuanto a reformas sociales, que contrasta con las tenebrosas dictaduras centroamericanas, no se explica por el catolicismo social sino por el desarrollo de una política democrática. Sin duda, el relativo respeto a las formalidades democráticas favoreció la reforma, pero no hay que exagerar. Un observador externo, T. Creedman, en su obra El gran cambio (1994), p. 17-49 hace una crítica fundamentada de la república liberal. No se haga Molina cómplice de la leyenda blanca, para usar una expresión de Creedman.
Recordemos algo de los liberales y la democracia. Los liberales del Olimpo colaboraron con la tiranía de los Tinoco. Ricardo Jiménez se retiró a su finca y justificó su evasión diciendo “Miro y paso”. Don Julio Acosta le espetó “Miro y paso, y mientras tanto naufragaba la República”. Siendo presidente, don Ricardo les echó el ejército a los huelguistas de 1934. León Cortés le arrebató la curul de diputado al comunista Carlos Luis Sáenz en las elecciones de 1938. En cuanto finaliza la guerra civil del 48, Ricardo Castro, del diario La Nación, ofrece a Pepe Figueres su apoyo para quedarse en el poder (el elegido era Otilio Ulate), a cambio de derogar el Código de Trabajo y las Garantías Sociales. La reforma social estaba fuera del marco ideológico de los liberales.
Por último, reitero que las reformas sociales se aprobaron gracias también al empuje político de los comunistas, valioso antecedente de la anhelada alianza entre sectores de izquierda y cristianos progresistas, requisito para defender y ampliar las reformas. Las iniciativas del papa Francisco sobre los movimientos sociales otorgan plena actualidad al tema.
