Según describe Virgilio Lavaggi, Director Regional de la OIT para Latinoamérica y el Caribe, el concepto de trabajo o empleo decente es aquel que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales. Este concepto ya ha llegado a la mayoría de edad desde que fue enunciado (1999) y ha permeado en el ambiente laboral como valiosa arma de pelea en favor de los derechos de los trabajadores. Representa un empleo justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de cualquier tipo.
Si atendemos a las razones anteriores, la UCR se encuentra en grave pecado capital en materia laboral, pues no solo ha violado derechos de los trabajadores del intelecto, sino que es un caso claro de discriminación, al no permitírseles a los interinos el acceso al Régimen Académico. Por todos es conocido que un interinazgo crónico es ilegal, pues el trabajador tiene continuidad en sus funciones, a pesar de su interrupción periódica, pues vuelve a contratársele. El perjuicio es obvio: bajo salario, no vacaciones pagadas e inestabilidad en el nombramiento. En suma, violación de los derechos laborales según se describe en el odioso interinazgo ad perpetuam, hasta cierto punto, o caso de acoso laboral (vedada amenaza de despido o de recontratación) y agresión al conculcarle derechos los trabajadores.
Curiosamente, esta censurable práctica ha sido criticada como ejemplo del capitalismo sin rostro humano y resulta que es de uso común en la Universidad de Costa Rica, según han publicado los medios. No hay argumento sostenible para justificar que la mayoría de los profesores se encuentren en situación interina, con la clásica clasificación de “los de arriba y los de abajo”, los privilegiados y los de segunda clase. Posiblemente la masa salarial la consumen aquellos nombrados en propiedad y con posibilidad de ascenso en régimen académico, si nos atenemos a la divulgación en redes sociales de que muchos jubilados tienen pensiones entre 5 y 10 millones, pero esa es otra historia que callan los universitarios de arriba.
La prestigiosa Facultad de Derecho tiene su Departamento o Cátedra de Derecho Laboral, pero permanece impávida ante este atropello; el Sindeu tan crítico de la explotación de los trabajadores en la empresa privada, no se oyen; y tal parece que el Consejo Universitario no se ha dado cuenta de la gravedad del asunto. Lo que a mí más me sorprende es que los afectados no hayan interpuesto los recursos correspondientes ante un juzgado de trabajo, y yo que siendo fisiólogo conozco apenas rudimentos legales, ante tan ostensible violación de los derechos laborales, estoy seguro de que ganarían el alegato. Es una corruptela jurídico-administrativa que, dada su magnitud, se convierte en un caso de corrupción, acorde al diccionario de la RAE.
Si consideramos el concepto de trabajo decente, en esta materia la UCR ha tenido respecto al gran número de funcionarios interinos, un comportamiento definitivamente indecente. Esta falta de sensibilidad social al no remediar con prontitud esta irregularidad con los nombramientos me lleva a pensar en el sesgo racional, “pues si yo estoy bien, que se jodan los demás”, o bien, se mira la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Ante esta falta de sensibilidad social para sus “desiguales”, pienso que Hobbes sigue teniendo vigencia: homo, homini lupus; pero me sorprende que ocurra en este tiempo en que los derechos laborales se han consolidado y todavía más triste, que esté presente e indiferente en esta respetable casa, insignia del pensamiento crítico.
