El sentido de toda institución es generar valor público, que se expresa en bienestar, calidad de vida, progreso y desarrollo social. Quienes formamos parte de una organización pública debemos tener claro el valor público que generamos, pero este objetivo final no siempre es claro ni orienta nuestro trabajo. Nos movemos con una lógica de aplicar procedimientos y cumplir actividades, sin interrogarnos para qué y cómo beneficiamos a la ciudadanía.
El quehacer de las instituciones tiene sentido en tanto garantice beneficios directos a las personas y se traduzca en desarrollo para una sociedad, un país o el planeta. Bajo esta lógica, la igualdad entre mujeres y hombres es valor público que deben producir las instituciones del Estado. ¿Por qué?
Las mujeres históricamente han enfrentado desigualdades en diferentes planos. Hoy son claras expresiones de tales desigualdades la mayor inversión de tiempo en el cuidado de la familia y la mayor incidencia de desempleo y subempleo, así como los menores ingresos y la menor participación en la ciencia y la tecnología, en la presencia como líderes en la política y la economía y en la incorporación al mercado laboral por responsabilidades familiares.
Las desigualdades de género son contundentes señales de una sociedad que desaprovecha capacidades y talento humano, pierde competitividad y asume costos altos en la atención de la violencia contra las mujeres y la violencia de género, situaciones contrarias al desarrollo y al progreso.
Ello justifica mecanismos como leyes, acuerdos políticos, instituciones y políticas públicas que contrarresten o eliminen las desigualdades, pero sobre todo que contribuyan con la generación del valor público de la igualdad, requisito y condición indispensable de la democracia, la justicia social y el desarrollo. Ninguno posible sin igualdad entre mujeres y hombres.
En nuestro país, existe una institucionalidad de la igualdad de reciente creación. En las dos últimas décadas se crearon unidades, secretarías y programas en diferentes instituciones (ministerios, entidades autónomas, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, universidades y municipalidades) que centran su quehacer en la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad bajo un enfoque de género.
El valor público de la igualdad se comienza a asumir como parte del quehacer del Estado y su marco institucional. Esto sucede en muchos países y continentes y no solo en Costa Rica.
En tanto, se entiende que las desigualdades no desaparecen de forma natural y espontánea. Se superan con acciones planificadas y estrategias efectivas.
Pero esta institucionalidad de género y de la igualdad, como fenómeno reciente, requiere fortalecerse en sus estrategias y estructura de recursos; es un proceso y no hay marcha atrás. Pensemos que, en los últimos 100 años, creamos instituciones para atender demandas de progreso social en diferentes ámbitos, como la educación técnica y universitaria, la seguridad social, el combate a la pobreza, la gestión y la protección de los recursos naturales, las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología. Hoy toca construir institucionalidad de género y de la igualdad como imperativo de la sociedad del presente y el futuro.
Es necesario avanzar más aceleradamente en el posicionamiento de la igualdad como valor público. Avanzar en “adversidad a la desigualdad”, que intentan medir economistas en países europeos y se expresa en grados de rechazo de una sociedad a las desigualdades. Avanzar en instituciones que tengan claro el valor público que producen y los beneficios que ofrecen a la ciudadanía, incluida la igualdad como valor y derecho de convivencia de las sociedades modernas.
