Sorda, desacertada y hasta retrógrada, así fue la gestión administrativa Solís Rivera respecto al tema pesquero. Representa cuatro años más echados por la borda y en eso hay consenso entre ambientalista, académicos y la totalidad de pescadores a pequeña escala a nivel nacional. Pero del ahogado, el sombrero; si algo pudiera rescatarse de la desacertada gestión pesquera de la administración saliente sería lo siguiente: públicamente sacó a flote e hizo visible a cuerpo entero la urgente necesidad de reformas en Incopesca, ente rector del sector pesquero.
Para muestra, el Plan de Gobierno 2018-2022 del mandatario presidencial entrante hace explícita dicha reestructuración institucional que, junto a otras acciones, buscaría la promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos marinos; en concreto: una reformulación de la política nacional del mar, un ordenamiento pesquero y reformas a Incopesca.
Las reiteradas posposiciones en la toma de decisiones asertivas en cuanto a gobernanza de las pesquerías en nuestro mar patrimonial nos tiene en una compleja situación de rezago de al menos 30 años, razón por la cual las rutas de solución están lejos de ser simples, aisladas y cortoplacistas. En caso de que la administración entrante se tomara en serio y honre su compromiso público en temas pesqueros, por lo ambicioso de la tarea necesariamente ha de establecer una escala de prioridades.
Las tres acciones que consigna en su compromiso están interrrelacionadas. No obstante, dado el rezago por décadas en la toma de decisiones asertivas, ¿qué puede hacerse en cuatro años para iniciar la difícil tarea de aprovechamiento sostenible de los recursos marinos?
Idealismos aparte, no habrá avance sustantivo alguno si primero no se ordena la casa por dentro; es decir, prioritariamente debe reformarse Incopesca. A diferencia de las otras dos acciones, es la única realizable a corto plazo e. incluso, en la práctica, sin esa reforma institucional, las otras dos acciones resultan imposibles de lograr.
La Política Nacional del Mar, por lo que ella contemplaría, trasciende lo meramente pesquero y exige, obligatoriamente, la participación de múltiples usuarios del espacio marino. La actual figura administrativa de lo pesquero está muy lejos de poseer las competencias ejecutivas necesarias para aportar insumos sólidos al proceso y. menos aún, liderar tal proceso de ordenamiento espacial marino. Múltiples actores sociales, ejercicios participativos y difíciles negociaciones de consensos serán la tónica al implementar dicho proceso.
En cuanto a la meta del Ordenamiento Pesquero, dada la crítica salud ecológica-social de los contextos pesquero comunitarios del Pacífico costarricense, la sola alusión al ¨desarrollo del sector¨ denota ya desconocimiento de nuestra precaria realidad pesquera.
Al presente, y con pocas excepciones, ya solo queda hablar de diseño de programas de salvaguarda y recuperación de ecosistemas a largo plazo que han de cimentarse en sólida investigación aplicada interdisciplinaria. Estos programas, por los complejos procesos de negociación y drásticas implementaciones intrínsecas, requieren de una institucionalidad estatal pesquera renovada, robusta y eficiente que no tenemos.
En su cuarto de siglo de existencia, ¿dónde podría estar el núcleo explicativo de la inoperancia del ente rector del sector pesquero? Al revisar la estructura de Incopesca encontramos pistas sobre la causa del crítico estado de los ecosistemas marinos en el mar patrimonial costarricense.
No se puede ser juez y parte, menos aún que los regulados funjan como reguladores; eso es inmoral y, tratándose de bienes públicos, hasta ilegal debería ser. Ahí está el detalle con la figura creada en el año de 1994: Incopesca es una costosa estructura burocrática estatal al servicio de intereses inmediatos del sector privado.
A los hechos refiero; según la ley constitutiva de Incopesca, la máxima dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva; sin embargo, es la composición de ese ente colegiado donde permuta el detalle: cinco miembros representantes del sector pesquero, mientras de parte del Gobierno de turno solo 4 representantes.
Incluso, por la procedencia institucional de los cuatro representantes del Gobierno (Presidente Ejecutivo, MAG, Micit, Consejo de Gobierno) es cuestionable el conocimiento técnico-científico que puedan tener sobre el sector pesca para refutar/avalar los puntos de vista experto en pesca que ostentan los cinco regulados/reguladores.
Ministerio con cartera o sin ella, Viceministerio, Dirección, Departamento u Oficina, o cualquier forma que tome el ente rector de lo pesquero ha de ser acorde a los grandes retos del sector. La formación académica del jerarca que se designe esta vez es lo de menos; importa más su perfil profesional, que conozca la maraña de la función pública y posea experiencia en reestructuración de entidades estatales. Claro, un conocimiento básico en sistemas pesqueros sería un plus, pues, de todos modos, la mayoría de jerarcas anteriores ha llegado nulos en el tema.
* Versión extendida con referencias en: http://bit.ly/GobernanzaPesqueraCR
