Institucionalidad: entre lo público y la privado

Durante la década de 1940 se crearon instituciones insignes que han sido fundamentales en el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la salud de la población costarricense.

Durante la década de 1940 se crearon instituciones insignes que han sido fundamentales en el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la salud de la población costarricense. Entre ellas la Universidad de Costa Rica (UCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Su aporte a la cultura nacional bien vale la denominación de Beneméritas de la Patria junto a otros honorables organismos públicos.

La Universidad de Costa Rica como institución pública, ha sido la cuna de la educación superior por antonomasia, ha educado a ricos y pobres, sin distingos de clase ni credo, ni de si provenían de empresas públicas o privadas; con el tiempo recibió el apoyo de otras universidades públicas en satisfacción del crecimiento poblacional y sus demandas. Luego se fundaron universidades privadas que vieron un negocio lucrativo en la educación superior, nutriéndose de profesores y de materia prima producida por las universidades públicas. La autonomía de la UCR ha sido muy poco afectada gracias a sus bases y a que su estructura legal carece del cáncer interno que obliga a tener directivas políticas como las demás instituciones, por lo que mantiene un crecimiento acorde con las necesidades del país.

Caso contrario sucedió con el Instituto Costarricense de Electricidad, que nació y creció con un mal en sus entrañas al depender de una Junta Directiva compuesta por grupos de políticos que paulatinamente fueron minando su fortaleza. En menos de 50 años, el ICE logró desarrollar los sistemas de generación eléctrica y de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, de frontera a frontera, de océano a océano, con coberturas superiores al 95% en ambos servicios públicos, reinvirtiendo las ganancias entre la población y dotándola de más recursos, mejores programas y mejores tecnologías. La oportunidad para trasladar recursos de telecomunicaciones y de energía a la empresa privada (del sector público al privado, se dice que la población pobre y necesitada no merece tanta comodidad ni bienes) llegó cuando la clase política aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC), que permitió eliminar la autonomía con la que el ICE había sido creado. De ese modo la Institución perdió fortaleza y quedó a disposición de los políticos que la carcomieron a voluntad sin importarles la visión de bien común del ICE. Esos recursos nacionales pertenecientes a todos los costarricenses empezaron a privatizarse para satisfacer el egoísmo, la avaricia y la mezquindad de la clase que ostenta el poder, yendo aún más lejos al entregar los bienes y servicios a empresas y consorcios extranjeros para su lucro.

Por su parte, en la Caja Costarricense de Seguro Social está depositada la esperanza de salud de los ciudadanos más necesitados, eso genera riesgos para privatizarla y trasladar sus recursos públicos al ámbito privado. Sin embargo, posee el cáncer político: una Junta Directiva que la debilita ante el flagelo corrupto del negocio privatizador; de hecho, ya hay sugerencias y proyectos gubernamentales en ese sentido. La crisis producida por la pandemia del coronavirus COVID-19 facilita que la población tome cierta conciencia y se resista, por temor, a morir sin atención médica en un rincón de su casa o en la calle. De ahí proviene la astucia del Gobierno, pero sus intenciones hacia la privatización de la CCSS son evidentes, don Carlos ha demostrado ser un fiel seguidor de las administraciones anteriores y sus políticas neoliberales que rinden culto a las Cámaras Patronales y Empresariales y menosprecian al trabajador asalariado y sus organizaciones.

Veamos quién y para quién se gobierna en Costa Rica.

En el Diario Extra del miércoles 22 de abril, bajo el Título: “Reactivación tica estará en amnos de 7 expertos de Economía”, o bien “7 economistas dictarán pautas ´ra reactivación”, leemos lo siguiente: Álvaro Sáenz, presidente de la Unión de Cámaras (Uccaep) explicó que dicho grupo técnico tiene el visto bueno del presidente Carlos Alvarado”. “Es una oferta de Uccaep que el presidente aceptó.” “El grupo estará liderado por Luis Mesalles…” Además de los economistas Alberto Trejos, Ronulfo Jiménez, José Salazar Xirinachs, José Luis Arce, Gerardo Corrales y Ricardo Monge.

La nota sigue: “Una de las tareas pendientes es elaborar un diagnóstico del sector empresarial con base en un documento que fue elaborado previamente por la Uccaep”.  “El gobierno va a trabajar en la parte de la contención de la pandemia y esta comisión se hará cargo de la recuperación económica, de la recuperación de las empresas y de la generación de empleo, explicó Sáenz.”

Todo demuestra que la visión de los economistas tiene un sentido único tendiente hacia el liberalismo extremo, no incluye a toda la población, es excluyente. Solo toma en cuenta a las cámaras patronales y grandes empresarios. Ignora al sector de los trabajadores y sus organizaciones, les impide participar en soluciones que resuelvan la gran calamidad y los problemas de todos. No hay enfoques de especialistas en el campo social, de sociólogos ni de expertos en humanidades. El enfoque es parcializado, no toma en cuenta al sector salud ni médico. La solución debía provenir de todos los sectores de la sociedad, en forma equilibrada, democrática, integral, con aportes de todos los sectores productivos.

La conclusión es obvia, gobierno y empresarios trabajan unidos en la eliminación del sector público e institucional y la privatización de bienes y servicios estatales; eso amplía las brechas sociales y económicas en perjuicio de los trabajadores y de las clases marginadas.

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