Según jerarcas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la iniciativa de ampliación de la Isla del Coco (IC) en Costa Rica se fundamenta exclusivamente en la protección de los montes submarinos, las rutas migratorias y patrones de agregación de especies de tiburón amenazadas, dejando por fuera información relacionada con la dinámica biológica y ecológica de especies de interés comercial como atunes, dorados, picudos, entre otros. En consecuencia, la iniciativa de “diálogo” promovida por MINAE-SINAC ha estado limitada a estudios científicos y conocimiento de expertos que describieron una serie de supuestos beneficios biológicos y ecológicos para especies amenazadas y hábitats de zona profunda que brindaría la propuesta de Ampliación de IC.
Hasta el momento, este proceso no ha integrado los contrapesos socioeconómicos que se pueden dar a nivel del componente pesquero como resultado del aumento en el área de conservación. Ha predominado el prisma de la conservación marina para informar políticas de zonificación orientadas a justificar, de forma unilateral, la agenda de protección marina 30×30. Lo anterior contradice estudios científicos y mejores prácticas en el establecimiento y ampliación de áreas marinas protegidas, los cuales recomiendan integrar las escalas temporales, espaciales y tróficas tanto de especies en riesgo de extinción como especies de interés comercial y sus hábitat, así como mecanismos de consulta que aseguren representatividad y fortalezcan equidad y justicia social.
Contrario a lo afirmado por jerarcas del Minae, es evidente que esta propuesta dista de ser robusta y representativa. Tampoco la propuesta está basada en criterios científico técnicos pertinentes al componente pesquero, el cual tendría amplias implicaciones en la efectividad de los objetivos de conservación que pretende fomentar. Es indudable que hace falta la otra parte de la “fotografía”, representada por el sistema de conocimiento de las ciencias pesqueras que dilucide las implicaciones socio-ambientales que tendría en el corto plazo la propuesta planteada.
Se describen algunas inconsistencias y potenciales consecuencias que puede tener esta iniciativa en ámbito pesquero:
- Subestimación de los niveles de intensidad de esfuerzo pesquero y captura en el área de ampliación. La guía de apoyo para la interpretación del mapa que propone la ampliación del área marina de IC señala: “según los datos proporcionados por Incopesca esta propuesta impacta solo el 7% de los lances de palangre de la Zona Económica Exclusiva”. Los datos a los que hace alusión contienen series temporales fragmentadas a las cuales no se les aplicó ninguna técnica de reconstrucción que permitiera reflejar de manera fidedigna la dinámica del esfuerzo pesquero dentro y fuera de las áreas a restringir.
- Falta estimar retornos por unidad de área por flota en la zona a ampliar con el fin de cuantificar la magnitud de la disipación de la renta producto de la redistribución del esfuerzo pesquero. Cabe señalar que a pesar de que la proporción de lances dentro del área a restringir es baja en comparación con el área disponible para la pesca, esto no debe interpretarse como una baja proporción de captura y retornos por unidad de área dentro del área a restringir, ya que existe la posibilidad de la presencia de sitios que presenten hiperestabilidad; o sea, áreas donde los peces son más abundantes y se concentran en altas densidades. Esto redundaría en altos registros de retornos por unidad de esfuerzo. Por esta razón, la limitación de las áreas de pesca y acceso a captura en niveles rentables podría generar grandes pérdidas socioeconómicas para las flotas involucradas y a su vez una limitación al suministro en la cadena de valor. Se deben buscar mecanismos para interiorizar estas pérdidas económicas en el corto y mediano plazo.
- Limitación del área de pesca (acceso) a las flotas pesqueras y sus patrones tradicionales de explotación. Esto hace que trasladen el problema del sobreesfuerzo pesquero (sobre algunas especies) y sobreexplotación (para algunas especies) hacia áreas más reducidas. Si hay stocks pesqueros que no están sobreexplotados (como el caso de algunas especies de atún) la biomasa del stock pesquero no aumentará (aunque pudiera aumentar la abundancia dentro del área a proteger, que no es lo mismo) por el cierre de dicha área. Esta congestión del esfuerzo pesquero en áreas más reducidas puede exacerbar problemas ya existentes de sobrecapacidad pesquera, sobreexplotación, o sobrepesca a stocks que no están sobreexplotadas, así como agravar conflictos por traslape de flotas y áreas de pesca.
- Falta de claridad en la determinación de si el área a proteger abarca aspectos de relevancia en la dinámica biológica y en los ciclos de vida de las especies objetivo de pesca (p.ej. reproducción, reclutamiento, alimentación, etc). Dentro de la zonificación estática de ampliación de IC se mueven especies pelágicas (p.ej. especies migratorias de gran movilidad como dorados, picudos, atunes) que tienen un área de distribución y aspectos del ciclo de vida que transcienden las dimensiones fijas y estáticas del área a proteger.
- No se definen objetivos ecológicos específicos para especies pelágicas de interés comercial ni mecanismos para evaluar la efectividad de estos objetivos en el largo plazo. Minae y ciertas entidades conservacionistas han sobredimensionado un psuedobeneficio a la pesca en términos de recuperación de especies objetivo de pesca que no están sobreexplotadas (p.ej. especies de atunes), lo cual no tiene sentido. Parecería que estas aseveraciones pretenden justificar e impulsar la imposición de la agenda política 30×30, la cual, así como está configurada se viene perfilando como un proceso acaparamiento oceánico con fines conservacionistas.
Extracto de revisión técnica disponible en: https://bit.ly/3pAIt3t
