Históricamente se han reportado indicios científicos de sobreexplotación de varias especies de camarón en Costa Rica, capturados por la flota de arrastre semi-industrial. Entre las especies sobreexplotadas se destacan el camarón Blanco (L.occidentalis, L.stylirostris, L.vannamei) en 1980, camarón fidel (S.agassizi) en 1993 y el camarón rosado (F.brevirostris) en 1995. Otros efectos negativos han sido los cambios secuenciales en la composición de especies, altos niveles de pesca incidental y disminución en la producción de caladeros de pesca frecuentados por los pescadores de pequeña escala.
En la década pasada, biólogos pesqueros de la UNA propusieron directrices dirigidas a la disminución del esfuerzo de pesca, implementación de cuotas de captura, entre otras medidas tendientes a revertir el proceso de sobreexplotación. A pesar de la advertencia, estas medidas no se pusieron en práctica. Hoy en día la situación es aún más compleja, dadas las consecuencias socioeconómicas que sufren los pescadores que directa o indirectamente dependen de esta actividad.
En contraste, el presente Gobierno en lugar de afrontar y reconocer la incompetencia e incapacidad que ha habido en cuanto a este tema y elevar una luz de alerta para fortalecer la capacidad de manejo de Incopesca, de forma indignante se ha victimizado la imagen de los más afectados por su incompetencia: los pescadores. Esto con el fin de promover un viciado Proyecto de Ley de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible de Camarón (PLDAS).
Varios aspectos preocupantes resaltan al analizar el PLDAS:
• Esta iniciativa ha nacido desde el gremio de la flota semi-industrial como reacción al voto de inconstitucionalidad a la pesca de arrastre semi-industrial emitido por la Sala Constitucional (Sentencia Nº 2013-10540) y no desde la supuesta capacidad técnica del Incopesca, institución que desde muchos años atrás sabía de los problemas de sobre-explotación y sobrecapacidad que presentaba la flota.
• Dentro de los Criterios de Sostenibilidad (CS) presentes en el PLDAS se dan serias inconsistencias. Por ejemplo, no se han incluido las cuotas de captura previamente estimadas, los mecanismos para su implementación y el ajuste en el nivel de esfuerzo recomendado años atrás. No se establecen cuotas de captura ni tallas mínimas para las especies incidentales que son aprovechadas.
• Para ninguna de las especies objetivo e incidentales se determina la estacionalidad reproductiva con el fin de proteger esta etapa crítica.
• No se planifica a priori la indispensable delimitación, localización y caracterización de fondos blandos mediante pescas exploratorias de investigación con tecnología correspondiente (ej. video sondas), que permitiría definir el hábitat y el rango de distribución de las especies de camarón explotadas, así como los sitios de mayor ocurrencia de pesca incidental.
•No se construyeron escenarios basados en datos de captura y esfuerzo históricos, mediante técnicas de modelación cuantitativas, que permitieran proyectar y constatar el nivel de recuperación que mostraría las poblaciones explotadas de camarón en la escala temporal, aumento de la renta y disminución de la pesca incidental; bajo condiciones planteadas en los CS e incluyendo artes de pesca alternativas.
•No se plantean proyectos de conversión tecnológica hacia artes de pesca alternativas, de pequeña escala y de menor impacto como la suripera, la cual, bajo un buen manejo pesquero ha demostrado beneficios económicos a comunidades vulnerables en México.
•No se proponen proyectos de extensión comunitaria para el cultivo de camarón como alternativa viable para los pescadores que dependen de esa actividad. En países como Vietnam e India se ha demostrado cómo a través de apropiadas herramientas de manejo es posible el mejoramiento de la economía rural comunitaria basado en granjas acuícolas de camarón de baja intensidad e integrando a la vez medidas de protección de los sistemas de manglar asociados.
En resumen, el PLDAS resulta ser un compendio de intenciones, verborrea que hace alusión al término de aprovechamiento sostenible, que intenta justificar la continuidad indefinida de la pesca de arrastre semi-industrial y peor aun, corrobora la inexistencia de alguna flota pesquera nacional sobre la cual se hayan practicado estas intenciones.
Una vez más se manifiesta la incompetencia existente en la administración de nuestros recursos pesqueros, recursos de propiedad común que nos pertenecen a todos los costarricenses.
