Los impactos socioambientales de la explotación de las aguas subterráneas, mediante la perforación de pozos ilegales en la provincia de Guanacaste, viene a agravarse con la reciente amnistía que dio el Gobierno.
El pasado 18 de julio, el presidente Carlos Alvarado anunció una amnistía para que quienes perforaron pozos de manera ilegal antes de 2010, los puedan registrar. El decreto ya fue firmado y entrará en vigencia dentro de dos meses.
¿Cómo impacta esto la disponibilidad de agua en Guanacaste, provincia con los más altos índices de pobreza y desigualdad, en términos de acceso a la tierra y al agua? Este y otros temas los abordamos en el reciente programa radial Voces y Política (96.7 FM). Los impactos socioambientales sobre las comunidades son variados, al estar las reservas de agua subterráneas directamente relacionadas con los cuerpos superficiales como nacientes, ríos y quebradas. Asimismo, se han documentado las afectaciones de pozos -legales e ilegales- en acuíferos costeros como Brasilito, Panamá y Huacas, que ya están en condición crítica.
Guanacaste es una de las zonas del país donde más se perforan pozos. Dany Villalobos, de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua del Pacífico Central, denunció que el decreto de amnistía beneficiará directamente a las actividades productivas de sectores económicos poderosos de Guanacaste, como el turístico, cañero y arrocero. Esto por cuanto la medida aplica para aquellos pozos perforados con maquinaria o equipo especializado; no para pozos artesanales, de uso doméstico o menores a 20 metros.
Villalobos citó datos del Programa Estado de la Nación, que exponen que el principal uso de los pozos legales es el riego, el cual duplica al turismo y prácticamente triplica a los usos domésticos. Y precisamente son los pozos artesanales, de los que se abastecen numerosas comunidades, los que también se ve pueden ver afectados por la explotación ilegal de las aguas subterráneas. “Los pozos artesanales, al estar rodeados de la sobreexplotación de grandes industrias, podrían verse afectados porque el nivel de agua subterránea va a bajar. Usualmente tenemos muy metido y legalizado el tema de que el cambio climático es la causa de todo; pero realmente las instituciones no están haciendo la investigación suficiente para señalar responsabilidades y sanciones por las afectaciones causadas por pozos, legales e ilegales”, dijo Villalobos.
Mientras tanto, desde Belén de Carrillo en Guanacaste, don Édgar Cantón Pizarro declaró: “Estamos en una crisis, tenemos más de un mes que no llueve aquí en Guanacaste, estamos viendo pérdidas en la agricultura y posiblemente muchos pozos artesanales ya se están secando. Aquí en Río Cañas de Carrillo hay muchos campesinos que siembran pipianes y sandías y llegan los del Minae a amenazarlos porque hicieron un pozo artesanal. Los pequeños agricultores no pueden hacer un pozo profundo por lo costoso que es, eso [el decreto] lo están haciendo para beneficiar a los grandes hoteles de nuestra zona que han hecho pozos profundos”.
Otro claro ejemplo en Guanacaste, recalcó Villalobos, es el caso del río Tempisque, que registra un agotamiento año con año, no sólo por la explotación superficial, sino por la explotación masiva de volúmenes de agua mediante pozos, lo cual impide que mucho del volumen de agua que naturalmente fluía hacia el caudal principal ya no esté llegando.
La necesidad de información clara que determine qué individuos y empresas se beneficiarían de esta amnistía y la documentación que demuestre los volúmenes de aguas subterráneas, los lugares y los usos que se le ya se le están dando a estas concesiones de aguas subterráneas aclararía muchas dudas. Permitiría, por ejemplo, que habitantes de numerosas comunidades de Guanacaste, afectadas por la sequía, sin posibilidad de riego, y en realidad necesitadas, se den cuenta de si este tipo de políticas gubernamentales están verdaderamente dirigidas a ayudar a los “pequeños y medianos agricultores” y a llevarles agua a ellas y ellos, sus animales y sus cultivos.
