La diplomacia costarricense ha sido sumamente acuciosa al monitorear y accionar ante violaciones de derechos humanos en algunos países, especialmente Venezuela y Nicaragua. El pasado 4 de julio fue divulgado el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las deleznables ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En menos de un día, nuestra Cancillería reaccionó publicando un comunicado al respecto. También es conocida la enérgica participación del Canciller Ventura en la reciente Asamblea General de la OEA, sobre los derechos humanos en Nicaragua.
La intervención del señor Ventura sucedió en una fecha muy simbólica: 28 de junio. Se estaba cumpliendo 10 años del Golpe de Estado que expulsó al Presidente Zelaya, y defenestró la institucionalidad hondureña. A la OEA poco le importó conmemorar esa fecha, o mejor dicho, lo conmemoró de una forma muy particular: eligiendo a la Canciller hondureña, María Dolores Agüero, como Vicepresidenta de la Asamblea General. Recordemos que la misma OEA solicitó explícitamente repetir las elecciones de noviembre de 2017, hasta que Estados Unidos reconoció el triunfo de Juan Orlando Hernández, luego de lo cual curiosamente la OEA cambió de postura.
No fue de interés para la diplomacia costarricense poner sobre la mesa de la OEA la sostenida represión con que el gobierno hondureño ha intentado aplastar las movilizaciones de estudiantes, docentes y médicos. Tampoco fue de consideración, que durante la misma semana de las sesiones plenarias de la Asamblea de la OEA, el gobierno hondureño decidiera enviar militares a reprimir, con fuego letal, a estudiantes dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El gobierno costarricense repite incesantemente la ilegitimidad de la Presidencia de Maduro, e incluso ha pedido nuevas elecciones, a coro del Grupo de Lima. Sabemos del puro, ínclito y sacrosanto interés del gobierno costarricense por el resguardo de los principios democráticos a lo largo de Latinoamérica. Por ello, es de suponer que durante todos estos años nuestras instancias diplomáticas han estado estudiando arduamente el artículo 374 de la Constitución Hondureña de 1982, el cual explícitamente prohíbe que, a través de una reforma constitucional, se modifique el articulado constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
La Cancillería pidió “calma y respeto por la institucionalidad”, en uno de los poquísimos comunicados sobre Honduras que ha publicado, fechado al 4 de diciembre del 2017. Unos días después, y en plena ola de represión que derivó en la muerte de al menos 23 personas según informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la diplomacia costarricense dijo estar evaluando con “prudencia” la “complicada” situación. Interesante cómo en unos casos se evalúa y estudia con detenimiento las coyunturas nacionales, mientras en otros casos, se lanza conclusiones expeditas.
Amnistía Internacional publicó el viernes 5 de julio un informe indicando que al menos 6 personas perdieron la vida, y aproximadamente 80 resultaron heridas, debido al uso de fuego letal por parte de los cuerpos policiales y militares que reprimieron las protestas del pasado junio. Cuando se trata de países como Honduras, la pasividad diplomática costarricense es la norma; su doble rasero es cada vez más explícito y vergonzoso.
