En un artículo de opinión en el diario La República del viernes 7 de julio, Daniel Suchar Zomer, analista financiero, generador de contenido y profesor universitario, afirma que la UCR y la UNA invierten menos por estudiante cuando se les compara con el TEC, la UNED y la UTN. Para ello dice utilizar datos ofrecidos por el gobierno.
En un gráfico bastante simple -simplón diría yo- de barras verticales, muestra los porcentajes que reciben del FEES las universidades públicas, así como de estudiantes que atiende cada una de ellas. Basado en esto, se observa como la barra de presupuesto sobrepasa a la de estudiantes en la UCR y en la UNA, con particular diferencia en la UCR, mientras que, en las demás, la barra de estudiantes iguala o supera a la del presupuesto, como en el caso de la UTN y la UNED, en que casi se dobla y triplica, respectivamente.
Para empezar, sería muy bueno definir qué significa invertir en un estudiante. Si invertir en el estudiante es una simple operación aritmética como la que plantea, uno más bien podría decir que cada estudiante recibe un valor absoluto mayor en la UCR y en la UNA; pero tampoco ese acercamiento es apropiado. Las universidades públicas son más que docencia, no son solo aulas, laboratorios, giras, talleres o cualquier otra forma de hacer docencia. No, va mucho más allá. Nuestras universidades públicas apostaron por el esquema de las instituciones de educación superior en que se abandona la sola docencia, para ofrecer productos integrales, integradores y de alto valor agregado a la sociedad. O sea, no todo el presupuesto se invierte en los estudiantes, de todos modos.
El autor del supracitado artículo achaca la diferencia en la inversión a los salarios inflados en la UCR y la UNA, especialmente. Debo señalar que no dice mentira, pero tampoco puedo aceptar que dice toda la verdad. Si bien ha habido una serie de prerrogativas sistemáticas e insostenibles en las políticas salariales de las U Públicas, con un particular punto de inflexión en la forma en que se llegó a pagar y a calcular la anualidad en la UCR, ese vicio se corrigió, como lo ha explicado Gustavo Gutiérrez Espeleta, su rector. Las otras universidades tampoco escapan, poco o mucho, a esa culpa en sus esquemas de pagos que, en origen, tratando de atraer y sostener a los mejores profesionales, abusaron de ello y, por aplicación de la no discriminación, extendió los beneficios a otros funcionarios no profesionales de forma igualitaria mas no equitativa.
Ese problema ha sido ya atendido por las U Públicas, incluso desde antes de la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público. Era cosa de urgencia y razonabilidad. Los salarios de lujo pronto desaparecerán del todo y una camada de nuevos profesionales permitirá balancear los montos destinados a los distintos componentes presupuestarios. Así, lograr más inversión en becas, en más instalaciones y carreras en las regiones fuera de la GAM, ampliar la oferta de carreras nocturnas; incluso, plantear la posibilidad de ofertar como nocturnas carreras que han sido históricamente diurnas y vespertinas. En fin, bajar la carga en lo laboral, permitirá muchas cosas que son necesarias y pertinentes.
Pero volviendo al tema central, pensar que la plata se va solo en salarios de personas que únicamente se dedican a la docencia, a la inversión y operación de la infraestructura y la logística destinada únicamente a la docencia, y mantener un persona administrativo y paracadémico que solo se dedican a la docencia, es un error tan monumental como nuestros volcanes, o un acto de ignorancia -con o sin intención-, que es difícil de concebir en estos días, especialmente en personas de ciertos estamentos de la sociedad.
Las universidades son entes harto complejos. Cada una de ellas ha decidido crear carreras, escuelas, facultades, centros e institutos de investigación, docencia y extensión (proyección social) que más bien democratizan el dinero que se recibe por el FEES y no lo destinan únicamente a los estudiantes matriculados, no; más bien, mediante los miles de proyectos que desarrollan a lo largo y ancho del país, en los más diversos temas y con las más amplias poblaciones, sin discriminación alguna, su alcance es absoluto a toda la población del país, incluso de la región y del mundo. Así, más bien, se puede afirmar, sin dudarlo ni un segundo, que el FEES no se invierte en las U Públicas, sino que más bien se invierte en cada habitante de nuestro país, no importa dónde, no importa cómo, no importa cuándo, no importa a quién.
Invito a quienes orgullosamente trabajamos en las U públicas, en especial a quienes tienen puestos de autoridad, a que hagamos el ejercicio de cuantificar los aportes que se han hecho al país desde la existencia de cada carrera, instituto o centro de investigación. Eso sí, no hablemos de tesis, artículos publicados, patentes o esas hierbas aromáticas; tampoco de estudiantes graduados. Me refiero al impacto en política pública, en la salud -en todas sus formas-en la paz social, en la economía, y en cada ámbito que nos desenvolvamos. Quizás, para los verdaderos expertos en tasar las cosas, nos demos cuenta de que cada colón invertido en el FEES representa un retorno de muchos colones más, especialmente si se prospectiva. Otra forma, es haciendo el ejercicio contrario: ¿qué ocurriría en el futuro a mediano y largo plazo si se dejara de invertir en las U públicas?
Pongo sólo un par de ejemplos: Tal vez se pueda estimar lo que se ha ganado el país a partir de un código sísmico que fue producto del aporte fundamental de las U públicas, o de lo que hemos ganado en salud pública desde la contribución de las U públicas. ¿Qué no lo hicimos solos nosotros en las universidades? Es cierto; pero fuimos parte cardinal en sus logros. Quizás debamos bajarnos de la cátedra, ver desde el mismo nivel a quienes nos financian con sus impuestos, y rendirles cuentas de formas más cercanas a su realidad; no solo recibir presupuesto como un derecho nada más por lo que somos y sin cuestionamientos de parte de nadie. Quizás así evitemos artículos como el citado al inicio de este.
