En momentos de crisis mundial es necesario activar acciones que permitan a los países en desarrollo aliviar las presiones que afrontan con medidas innovadoras, que les proporcionen recursos a bajo costo y a plazos considerablemente amplios, para generar los espacios de la reactivación. Al respecto, plantearé dos opciones.
En primer lugar, en la crisis mundial del 2009, el Fondo Monetario Internacional (FMI) debió emitir 500 mil millones de su moneda, el Derecho Especial de Giro (DEG), para suplir el dinero necesario que las economías de los países miembros necesitaban para que gestionaran parte de las obligaciones financieras. Siendo Costa Rica socio del FMI, por esa emisión de DEG, le correspondió la suma de $308 millones que le fueron depositados en las cuentas del Banco Central, sin compromiso alguno.
La crisis provocada por el COVID-19 impone un panorama muchas veces más grave que el vivido en el 2009; por ello los requerimientos de recursos de los países socios son mayores, por lo que la necesidad de creación de liquidez debe ser atendida con urgencia para que los efectos sobre la producción y el empleo mundial se atenúen.
Se estima que el FMI debe emitir entre 3 y 4 billones de DEG y distribuirlos entre los socios, sin que esto genere efecto alguno en el nivel de precios mundial, pues se requiere de política monetaria expansiva para estimular la demanda mundial y con ella la actividad económica en general. Además, para paliar los efectos de las grandes disminuciones en la recaudación de impuestos y los aumentos en las obligaciones de ayuda por parte de los Gobiernos. Todo ello, en un entorno donde la creación de dinero secundario (o bancario) se ha visto fuertemente afectada a la baja.
Una emisión de DEG de esa magnitud le significará a Costa Rica un ingreso de un poco más de US$1.500 millones, que entrarían a las arcas del Estado y vendrían a solventar parte de las necesidades inmediatas de ingresos para destinarlos a estimular la economía nacional.
Que una medida de este tipo se concrete, y se haga justicia en el reparto de la emisión de liquidez que necesita el mundo, implica que Costa Rica se ponga al lado de otros países y organizaciones multilaterales para ejercer las acciones necesarias. Con ese fin, se debe coordinar con entes como: el Parlamento Latinoamericano, la Organización de Países Americanos y organizaciones similares de otros hemisferios.
Con sentido de urgencia, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Cancillería deben abocarse a coordinar con la comunidad de países en desarrollo en procura de este objetivo.
La segunda opción es la recapitalización de los organismos financieros multilaterales que dispone América Latina y el Caribe, para que estos, como entes que operan con una suficiencia patrimonial cercana al 10%, puedan repotenciar su función de recoger capital de mediano y largo plazo a tasas de interés mucho más bajas de las que logran los países de la región de manera individual, y luego redistribuyan estos recursos en la región.
En este momento muchos países de la región tienen Reservas Monetarias Internacionales suficientes para hacer importantes aportes a bancos multilaterales y que a la vuelta de la gestión de esos bancos regionales pueden multiplicarlos hasta ocho y nueve veces, ampliando plazos de vencimiento y disminuyendo el costo de los recursos.
Costa Rica hoy dispone de unos $7.800 millones en Reservas Internacionales, depositados en bancos en el exterior, que están ganando tasas de interés inferiores al 0,5% anual, mientras paga préstamos a tasas de interés del 5,5%, y más por la deuda externa que tiene vigente. Este costo de oportunidad puede ser de hasta $350 millones anuales. Rediseñar el manejo de reservas monetarias internacionales sería una estrategia fácil de implementar, ya que el país puede aportar hasta $2 mil millones a la capitalización de esos entes financieros multilaterales y suscribir a la vez acuerdos de soporte de liquidez al Banco Central en caso de ser necesario.
No debemos quedarnos con la gestión tradicional de los entes financieros multilaterales hemisféricos, es necesario replantearnos acciones innovadoras con el fin de conseguir los capitales necesarios para disminuir el costo de la deuda de los países, alargar los plazos lo suficiente y darle capacidades de acción a las finanzas públicas en el impulso de la reactivación.
Con seguridad los personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), de la Corporación Andina de Fomento (CAF), etc., pueden diseñar estas estrategias y la acción de los Gobiernos para ayudar a materializarlas en el corto plazo, porque para la recuperación necesitamos una fuerte inyección de capitales.
