Desde que la educación primaria fue declarada gratuita y obligatoria en la Constitución de 1869 a la fecha, Costa Rica se puede ufanar, con justa razón, de que ha dedicado permanentemente sus mejores esfuerzos en llevar educación hasta el último rincón del país.
En materia de educación superior puede igualmente mostrar cifras de cobertura muy significativas.
El IV Informe Estado de la Educación nos enseña que las oportunidades de ingresar a la universidad y concluir una carrera han tenido una notable expansión en los últimos cuarenta años. Entre los censos de 1973 y 2011, la población en edad de haber concluido sus estudios superiores se multiplicó 3,7 veces, en tanto que el grupo en ese rango de edad que reportó haber alcanzado un grado universitario aumentó 14,3 veces.
De igual forma a partir de la creación del Conesup en 1981, la oferta de universidades privadas ha venido creciendo constantemente aunque de una manera desordenada si se quiere, ya que existen 54 universidades privadas debidamente autorizadas por el Conesup, la mayoría especializada en una o dos carreras.
Al inicio de la década de los 90, las universidades estatales constituían la principal fuente de graduados universitarios del país – casi un 80%-, pero ya para el año 2010 las universidades privadas otorgan el 70% de los diplomas universitarios.
Se estima que las universidades públicas y privadas ofrecen más de 1.100 programas académicos. La matrícula de las universidades estatales sigue creciendo año con año y catorce universidades privadas acumulan el 80% de los beneficiarios de los préstamos de Conape.
Es decir, el país ya logró consolidar la revolución cualitativa en la educación siendo ahora el gran reto impulsar y consolidar a la brevedad posible la revolución cualitativa.
La Asamblea Legislativa está a punto de aprobar una reforma a la ley de creación del Conesup (Exp. No.19.549) -iniciativa de la Ministra de Educación Sonia Marta Mora-, que haría obligatoria la acreditación ante Sinaes de las carreras relacionadas con Educación, Medicina e Ingenierías de la construcción, cuyo impacto en la sociedad e interés público son incuestionables.
La iniciativa contempla que las universidades deben cumplir con 171 criterios de calidad para que el Estado certifique su oferta académica, dentro de los cuales destaca llevar a cabo investigaciones, función inherente a toda universidad, en tanto que hoy las universidades estatales aportan casi la totalidad de las investigaciones científicas y tecnológicas.
Con el fin de facilitar los procesos de acreditación, el Conesup en el año 2012 impulsó una reforma a su reglamento, con el fin de que las reformas llevadas a cabo por las universidades en los planes de estudio, en cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de la acreditación, serían aprobadas de manera inmediata por dicho órgano.
Desde el año 2010, el Servicio Civil (Resolución No.DG-137-2010) otorga cinco puntos adicionales a la nota de los oferentes que resulten elegibles (nota igual o superior al 70%) como resultado de su participación en los distintos concursos organizados por esta Dirección General, siempre y cuando el título conferido por el respectivo centro universitario y aportado para la verificación de requisitos, señale que se encuentra acreditado por el Sinaes.
La Sala Constitucional no solo avaló esta decisión sino que ordenó al Servicio Civil que la condición de carrera acreditada debe ser considerada necesariamente en el puntaje de los concursos correspondientes (voto 5797-14).
La indicada reforma sería la modificación a la ley del Conesup más importante desde su promulgación en el año 1981 y una de las más importantes reformas educativas del país, que iniciaría un nuevo capítulo en la educación universitaria, ya que con respeto a la libertad de enseñanza, las universidades privadas deberán funcionar bajo el cumplimiento de índices de calidad objetivos.
