Hablemos de salarios

Se ha venido planteando en nuestro país algunas discusiones y propuestas sobre temas salariales.

Se ha venido planteando en nuestro país algunas discusiones y propuestas sobre temas salariales. Siendo el salario la principal y a veces la única fuente de ingresos de la mayoría de las personas y familias, este interés resulta saludable. Sin embargo, el rumbo que va tomando lo dicho y propuesto es muy preocupante, en especial porque la idea básica que se propaga constantemente es que el “problema salarial” en nuestro país se reduce a la existencia de salarios demasiado altos en el sector público. El objetivo es claro: reducir la discusión a cómo reducir tales salarios.

Es claro que existen algunos salarios excesivos en el sector público, la UCR incluida, y que se imponen medidas correctivas; pero en Costa Rica el principal problema salarial es otro: el predominio de bajos salarios  en el sector privado. Los excesos del sector público pueden ser la punta del iceberg, pero el grueso son los bajos salarios del privado. Esta es la parte del iceberg que se intenta mantener sumergida. Hoy día, el salario mínimo en el sector privado es de unos ₡310.000, y unos ₡190.000 para empleadas domésticas, sumas que a duras penas permiten sobrevivir en nuestro país. Sumemos el alto número de personas que devengan salarios inferiores al mínimo, y la realidad socioeconómica detrás de estos datos se vuelve aún más dramática. Este es el principal problema salarial nacional, pero desafortunadamente ni siquiera se está planteando.

Insisto: considero más que justificado reducir, o al menos congelar, esa pequeña minoría de salarios excesivos existentes en el sector público, pero lo realmente urgente e importante es incrementar los salarios más bajos del sector privado. No menos importante sería hacer respetar los salarios mínimos y equiparar el salario mínimo “femenino”, el del servicio doméstico, con el “masculino” de los peones.

Que la dirigencia del sector privado se oponga a esta ampliación de la discusión salarial es esperable: le permite invisibilizar y mantener una estructura en la que coexisten los salarios más altos del país con los muy bajos salarios de la mayoría de su fuerza laboral. Es necesario recordar aquí la variedad del sector privado empleador, que va de la soda que lucha por subsistir a las grandes empresas transnacionales, pasando por la diversidad de familias que contratan el cuido de sus hijos y la limpieza, así como mantenimiento y ampliación de sus viviendas. O sea, que abarca incluso a muchas de las personas que, con razón y sin ella, critican las prácticas y a veces la existencia misma del sector.

Algo menos esperable era que los gobiernos hayan aceptado reducir la discusión salarial a la idea de que el único problema salarial del país son los salarios altos del sector público. Se dirá que ello se debe a la mera complicidad con el sector privado. Sin duda esta es muy real, pero hay otros factores. Opera también, por ejemplo, la ideología económica dominante, que sostiene que el sector privado es intrínsecamente más eficiente y productivo que el público, visto como ineficiente y dispendioso.

Lo cierto, sin embargo, es que ambos sectores tienen sus propias dinámicas y funciones, y que sus virtudes y defectos no pueden ser medidos comparándolos entre sí, sino, por ejemplo, contra sus congéneres foráneos y, más importante aún, con base en el bienestar individual y colectivo que permiten a sus miembros y a la sociedad en general.

Asumiendo, entonces, la existencia de abusos en ambos sectores, es necesario plantear preguntas de fondo como la siguiente: ¿es mejor para el país y su población asalariada la estructura salarial imperante en el sector público (predominio de salarios medios y algunos muy altos), o la del sector privado (mayoría de salarios bajos, algunos medios, y unos pocos muy altos, mucho más que los del sector público)? Hacerse este tipo de preguntas no anula la necesidad de controlar los excesos salariales del sector público, incluyendo los presentes en la UCR. Pero sí nos recuerda que la peor injusticia salarial del país, la que más lastra el bienestar de la población, reside en los bajos salarios predominantes en el sector privado.


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