El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) recientemente viene publicitando como un logro del gobierno Solís Rivera el aumento significativo en las llegadas de turistas europeos a Costa Rica. Argumentan que, a través de una acertada campaña de marketing y promoción que incluyó la apertura de agencias de relaciones públicas en países estratégicos, el arribo de turistas europeos desde el primer semestre del 2017 aumento en 8% por la vía aérea y 6% por todas las vías de acceso al país. El Ministro de Turismo, en su declaración oficial, afirmaba que, sin pretender dejar de lado a los Estados Unidos, nuestro socio natural, la iniciativa responde a una necesidad de ampliar y diversificar nuestro mercado y así relanzar a nuevas fronteras nuestra marca turística: “Costa Rica mi elección, naturalmente”.
La nota del ICT asevera que turistas principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania arriban a Costa Rica buscando hospedajes pequeños, amigables con el ambiente, que les permitan disfrutar como un costarricense más los paisajes, atractivos naturales y culturales que tiene nuestro país. Así, logran distanciarse de megaproyectos que se elaboran a partir de su idea fundacional de que el turista debe estar resguardado en complejos inmobiliarios que oferten dentro de sus instalaciones todo el menú de actividades de ocio y recreación.
Ahora bien, precisamente esta diversificación a nivel promocional plantea la necesidad de buscar alternativas a nivel regional. Sobre todo, hablo de regiones dentro de nuestras fronteras que, por razones que escapan a este artículo, se han convertido en nicho para la recolocación de capitales vinculados al turismo de masas. Aquel que pone el acento en el “todo incluido” y que tiene por vínculo con las comunidades receptoras únicamente una relación de intercambio de fuerza de trabajo a cambio de un salario estacional y dependiente del aumento o disminución de la llegada de turistas extranjeros del mundo desarrollado.
La provincia de Guanacaste se convirtió en el principal nicho de construcción de megaproyectos orientados únicamente al turismo de playa y sol, fuertes megadesarrollos que han propiciado desequilibrios sociales y ambientales como lo han demostrado los conflictos generados por las necesidades de la industria turística y las comunidades receptoras en torno a la gestión del agua potable en los últimos años. Como el más elemental manual de liberalismo económico indica, la provincia se ha transformado en el recipiente en el cual grandes proyectos turísticos inmobiliarios vierten su capital prometiendo que a través del derrame los beneficios a las poblaciones no tardaran en llegar. Sin embargo, parece que la relación entre grandes inversiones-desarrollo no ha sido del todo exitosa, porque se evidencia que los conflictos ambientales han aumentado, así como las limitadas oportunidades laborales que propicien el empoderamiento de los habitantes naturales de la provincia.
Esto plantea la necesidad de repensar el turismo como dinamizador de la provincia y volver a poner el acento en la condición social del turismo más que en el que apela al cálculo puramente económico, que se complace más por anunciar el monto a invertir que por prever y evaluar los impactos sociales y ambientales que provoca. Lamentablemente, allí la industria turística se ha construido a partir de las necesidades de un único sector, poderoso en tanto que redirecciona grandes sumas de capital y puesta por ese turismo masivo, de enclave inmobiliario, alienado del entorno y el contexto que lo rodea.
Ha sido la norma para la provincia que la fórmula adoptada para el desarrollo de las comunidades sea únicamente el intercambio monetario entre mano de obra desocupada ausente de ofertas laborales y los intereses patronales de los grandes desarrollos, enfocado a llenar las necesidades de un perfil de turista que solo conoce lo que el lente de los grandes desarrollos inmobiliarios le muestran: una región que solo tiene por ofrecer días soleados y una amplia costa océano pacífico.
El perfil del turista que fue resultado de la nueva apuesta del ICT debe ser tomada en cuenta para la provincia, para que sirva como trampolín para la formulación de políticas, subsidios y mecanismos de apoyo que conformen una red de servicios turísticos verdaderamente de ADN local. La importancia que tiene el turismo para la provincia obliga a considerar las capacidades y conocimientos locales en pos de ponerlas al servicio de sus propias necesidades y, así, que se diferencien de otros destinos como una nueva oferta turística que fortalezca la identidad provincial, ya de por sí atractivas en cuanto a riqueza cultural y natural.
Se trata aquí de volver a poner sobre la mesa la condición social del turismo, que se entienda como un fenómeno social multifactorial que incluya la satisfacción de necesidades de propios y extraños, de locales y turistas en un ambiente de sano reconocimiento e intercambio vivencial, cultural y, por supuesto, también económico. De no ser así, podría agotar su atractivo a través de la estandarización con otros destinos turísticos que han seguido ese patrón de desarrollo y la provincia estaría a las puertas de morir de éxito.
