Hace varios años, andando mi persona por ambientes laborales bancarios, conocí sobre frecuentes molestias de muchos (muchísimos) clientes por los excesivos cobros por parte de estas entidades, los cuales se les aplicaban por el manejo de sus propios dineros. Esto por cuanto se les cobraba por el retiro en cajeros automáticos, así como por el retiro de sus propios fondos por ventanilla o el pago de una operación de crédito o tarjeta, por esa misma vía.
Con la nueva propuesta del gobierno, se pretende obligar a los clientes a que paguen más comisiones por realizar transacciones electrónicas en el sistema financiero, y ni la Sugef, ni Aresep ni la Defensoría de los Habitantes hacen algo para proteger los fondos de los clientes. Estas entidades y la misma Contraloría deben procurar hacerles ver (a los Bancos) que tienen que ser capaces de sostenerse mediante la intermediación financiera en el que el efecto es muy sencillo: capto y presto, pero con mejores estrategias de sus inversiones, los diferenciales cambiarios, negociaciones de divisas y operaciones bursátiles, así como el cobro de comisiones, pero por otros tipos de trámites y servicios (líneas de crédito, transferencias locales e internacionales, intereses, etc.). Esperaría que puedan actuar de oficio corrigiendo tales medidas y recomendando otras.
Estas “geniales” ideas están haciendo que volvamos a los tiempos de antes en los que la gente guardaba el dinero “debajo del colchón” e incentiva las transacciones en efectivo, con sus respectivos riesgos. Aunque con eso esté “colaborando” con los lamentables casos de lavado, al haber más moneda circulante en la calle e incluso más transacciones por montos importantes, casi imposibles de detectar y, por lo tanto, se evite brindar un debido seguimiento para efectos de investigación policial.
Por otro lado, Hacienda y el Gobierno deberían aplicar una práctica que resulta poco complicada para mitigar la debacle financiera que están atravesando: reducción del gasto público, más agresividad (en el buen sentido de la palabra) en el recaudo y más mano dura con los evasores, que involucra más y mejores estrategias de investigación y cobro efectivo, así como menos beneficios fiscales y criterios objetivos de las exoneraciones a morosos y posibilidad de reducción de la deuda política.
Lamentablemente han optado por ignorar estas opciones y aplican la vía más fácil y práctica: cargar de más impuestos al pueblo. No les bastó implementar su gran creación (el IVA), lo cual quizás no hubiese sido necesario, de haber seguido alguno de los caminos sugeridos anteriormente; pero continúa la mala gestión pública.
Llama poderosamente la atención que llegase un profesional del nivel del Sr. Rodrigo Chávez, con altísima experiencia internacional en el manejo de este tipo de situaciones y que al final de cuentas “no llenara las expectativas” y esto fue simplemente (su salida) por no comulgar con las ideas del actual gobierno. Su aporte o intención solo consistió en aplicar medidas correctivas muy eficientes y modernizar la dependencia que asumió con ideas frescas, y, de paso, mejorar la evidente falta de coordinación interna, en su único afán de acomodar la casa. Sin embargo, obviamente no convenían dichas iniciativas cargadas de buenas intenciones.
Con la llegada de nuevos tributos, también siguen invitando a que otras importantes empresas que aún permanecen en el país emigren y sigan el camino de otras que han optado por “huir” en búsqueda de mejores condiciones en naciones de la región, lo cual obviamente no solo afecta la economía, sino que fomenta el ya bastante deteriorado fenómeno del desempleo, y lo que es peor, estimula los trabajos informales.
Otro daño colateral de gran relevancia es la también ¨gran¨ iniciativa de incluir a los ganadores de la JPS en este paquete de impuestos, de manera que se cobre por los premios pagados en diferentes sorteos. Don Ellian Villegas y su equipo no son capaces de llegar a una posible conclusión en el sentido de que los grandes beneficiados serán los organizadores de los tiempos clandestinos, quienes desde ya se frotan las manos a la espera de una posible aprobación. Confiamos en que la misma Junta levante la mano y les haga ver este riesgo.
Como decía el finado Chespirito: “…y ahora, ¿quién podrá defendernos” ? Los mentados padres de la patria (llámense diputados) debería mostrar en este momento su solidaridad con el pueblo para impedir a toda costa que este proyecto sea aprobado; más bien, obliguen a quienes manejan los hilos financieros de Hacienda a que se enfoquen en otro tipo de alternativas para oxigenar su ya deplorable presupuesto y encontrar las objetivas justificaciones o respaldos que exige el FMI.
Obviamente, estos castigos financieros nunca han sido bien vistos ni recibidos por los ciudadanos, pero brotan en el peor de los momentos, cuando existe una crisis provocada por la pandemia, ya que hay hambre y desempleo en el pueblo, lo cual es sinónimo de inestabilidad en los hogares costarricenses; es decir, tienen gran impacto social. Sin que sea justificación, solo me permito recordar que estas condiciones de extrema pobreza provocan aumento en los índices de la delincuencia con hurtos, robos, sicariato, narcomenudeo, prostitución, etc.
Y no hemos tenido espacio para comentar acerca del aumento en el de los tributos para los bienes inmuebles (el cual pretenden triplicar) ni sobre los aumentos en la gasolina que se avecinan. Y como decía mi padre, de forma muy atinada: “…no hay que jalarle el rabo a la ternera” y el Gobierno está confundiendo que el pacífico y hasta pasivo ciudadano tico, sea como aquella famosa frase de ser manso, pero no menso. Nunca he estado de acuerdo con las manifestaciones masivas que se realizan en las calles con bloqueos y otros tipos de protestas, las cuales ocasionan desorden y caos, pero todo pareciera indicar que en las altas esferas están pidiendo a gritos estas acciones de protestas.
Por cierto, nunca he escuchado ni leído sobre alguna propuesta, sugerencia, recomendación o indicación para realizar un estudio de los montos y a quiénes paga el Estado por concepto de alquileres de edificios u oficinas para algunos ministerios o burócratas. Y en estos temas no deben existir acuerdos de confidencialidad por cuanto sus pagos se realizan con fondos públicos. Extraño, ¿no? Sería preferible comprar y convertir en activos dichos locales, que continuar inflando el gasto por este concepto, pero no quisiera llegar a la conclusión de que exista conflicto de intereses y por ello no trascienda a la luz pública. Tampoco se ha aterrizado la iniciativa de eliminar exoneraciones de impuestos a las grandes cooperativas, las cuales se han convertido en monstruos financieros. No me refiero a aquellas que son pequeñas, compuestas en núcleos familiares, oficinas o grupos de emprendedores. Por ello se trata de aplicar un esquema escalonado que se aplique a las que ya tienen suficiente poder financiero y estructuras de gran magnitud.
¿Con cuáles sectores se ha revisado o consultado este presupuesto?, ya que el mismo debería ser consensuado. ¿Cuál modelo se está utilizando? ¿Se piensa en la modernización? ¿Existen planes de contingencia? ¿Se ha pronunciado la Contraloría de la República al respecto? Todo pareciera indicar que es del todo “no negociable”.
Como comentaba hace algunos días un experto: es una propuesta mala y nociva para el país. Incluso más bien la hace ver como una medida que, en lugar de haber sido estudiada, más bien pareciera precipitada e incluso, desesperada y obedece a acciones de testarudez e incluso de ego.
En conclusión, al ser un requisito indispensable el presentar un proyecto de esta naturaleza ante el FMI como respaldo, indicando la manera en que el mismo será honrado, obteniendo ingresos frescos, es hora de sentarse en una mesa de diálogo entre varios sectores y grupos de profesionales, en procura de obtener mejores alternativas y darle forma a uno mejor , ya que Costa Rica no aguanta un impuesto más.
