El concepto de gobernanza, polisémico y polémico, comenzó a utilizarse en la década del 90 de forma generalizada en las ciencias sociales, las organizaciones internacionales y la gerencia. Una definición instrumental del PNUD la define como un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de las que los distintos actores de la sociedad (Estados, ciudadanos, grupos) articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median o solucionan sus diferencias (PNUD, 1997, p.9).
Bajo esa acepción, en el sistema interamericano, la gobernanza está conformada por el tejido de instituciones hemisféricas, regionales y subregionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para gestionar sus interacciones en distintos campos como la seguridad, educación, salud, derechos humanos, ciencia y tecnología, comercio, etc. sean estas interacciones de concertación, cooperación o integración.
En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos, OEA, desde su creación en 1948 ha sido el principal mecanismo para la gobernanza hemisférica apoyado por un amplio conjunto de instrumentos, convenciones o tratados que fueron adoptando sus miembros. Algunos son de enorme relevancia como la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969 o la Convención Interamericana contra la Corrupción y su Mecanismo de Seguimiento (Mesicic) de 1996. Dichos instrumentos basados en valores y principios compartidos han sido fundamentales para el avance y la vigencia del Estado de Derecho en esta región.
El 11 de setiembre de 2001, la OEA adoptó en la Asamblea General que se celebraba en Lima, Perú, un nuevo instrumento trascendental, la Carta Democrática Interamericana (CDI). Junto con otros aprobados anteriormente, constituyen pilares excepcionales para la acción colectiva de los Estados en defensa del orden constitucional y contra el avasallamiento del régimen democrático en cualquier país.
La CDI contiene tres elementos de la mayor relevancia a destacar: 1) formula una definición de democracia que va más allá de una concepción minimalista de esta; 2) define en términos normativos los elementos constitutivos esenciales de una democracia; y, 3) introdujo y especificó un conjunto de mecanismos regionales de acción común para gestionar crisis y actuar contra amenazas al orden constitucional democrático. Desde su adopción, la CDI ha desempeñado un rol decisivo como mecanismo de defensa colectivo a partir del consenso de los Estados miembros. Sobresalen en esa línea los casos de Venezuela (2002), Nicaragua (2005), Ecuador (2005 y 2010), Bolivia (2008), Guatemala (2009) y Haití (2010).
Siendo un instrumento relativamente joven, si bien ha demostrado sus bondades, ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar su eficacia, inclusive sin necesidad de reformarla, por ejemplo, mediante la introducción de nuevos ejes a su cuerpo normativo. Entre ellos, la ampliación de las potestades de la Secretaría General de la OEA para la previsión y prevención de crisis, y no limitarla a acciones reactivas, es decir, a actuar una vez quebrantado el orden democrático constitucional, como ha ocurrido actualmente en el caso de Venezuela; otorgar a más actores la posibilidad de demandar acciones preventivas en defensa de la democracia como sería a los poderes legislativos o la misma sociedad civil; por último, depurar el listado de situaciones o coyunturas que amenacen el orden institucional.
Es hora de que los gobiernos de la región asuman que una mayor cooperación interestatal no reduce, sino que, en realidad, incrementa la capacidad de tomar medidas eficaces y, con ello fortalecer su soberanía. Como plantean Kaul y Blondin (2015), se trata de adoptar la “soberanía inteligente”, es decir, la concepción de que la soberanía compartida es una estrategia más inteligente cuando hay una fuerte interdependencia como en el mundo de hoy.
