En las últimas semanas se han expuesto ante la opinión pública temas asociados al ICE. No obstante, muchas de estas manifestaciones están influenciadas por información inexacta o sesgada. Por ello, con el conocimiento fundamentado en nuestra propia gestión, exponemos la verdad sobre los principales temas difundidos:
Tarifas Eléctricas: el costo de la electricidad en Costa Rica es altamente competitivo. Los países en los que la energía eléctrica es de menor costo están ligados a fuertes subsidios de sus gobiernos o a la existencia de recursos naturales contaminantes (petróleo o gas natural) que permiten una generación térmica de muy bajo costo. No tenemos ni queremos ninguna de estas condiciones en nuestro país.
En este marco no podía faltar la presión de la Cámara de Industrias y de los generadores privados, pues, aunque en la última década se les han pagado cerca de ¢850 mil millones (cubierto por todos los costarricenses en las tarifas), claman y exigen a cada gobierno de turno mayor apertura y participación.
En esta discusión no se menciona la calidad de nuestro servicio eléctrico, cuya cobertura, estabilidad, seguridad, sostenibilidad y respaldo es de primer mundo.
Proyecto Hidroeléctrico Chucás (Grupo ENEL): el Tribunal de Arbitraje de la AmCham (entidad privada) resolvió que el ICE debía reconocer a esta empresa $112,5 millones por sobrecostos incurridos en la construcción, algo opuesto a la naturaleza del contrato, donde esto debe ser asumido por la empresa. El ICE solicitó la nulidad del acto ante los Tribunales de Justicia al comprobar fuertes nexos del presidente de dicho tribunal y sus socios con el Grupo ENEL, dueño del proyecto, violentándose la imparcialidad y la independencia, lo cual es causal de nulidad del laudo arbitral.
Proyecto Hidroeléctrico Capulín (Hidrotárcoles S.A.): En abril del año 2012, el ICE firmó un contrato BOT de compra de energía con la empresa Hidrotárcoles S.A. Sin embargo, el ICE se vio obligado a resolverlo por el incumplimiento en la fecha de inicio de operación, establecida contractualmente para agosto del 2015. Seis años después de la firma del contrato, el proyecto no ha llegado al 50% de avance y se desconoce su fecha de finalización. Esto no es responsabilidad del ICE.
Se le quiere trasladar al ICE la responsabilidad de una mala planificación y ejecución, o bien, el mismo financiamiento, cuando, por la naturaleza de todo contrato BOT, los riesgos constructivos y financieros son asumidos por el desarrollador. El único compromiso del ICE es la compra de la energía y asumir la planta 20 años después de la orden de inicio.
Planta Hidroeléctrica Reventazón: La intervención que se efectúa en el macizo montañoso y la zona del vertedero (no en la represa) consiste en tratar una filtración de agua detectada gracias al avanzado sistema de instrumentación y galerías incorporadas en las obras. Tal como lo hicieron ver los consultores internacionales, esta situación era imprevisible. En este momento, estamos abocados a solucionar este imprevisto sin desmejorar el servicio eléctrico. No es cierto que la Planta saldrá de operación seis meses. De forma irresponsable, el tema ha sido tergiversado y magnificado por algunos medios de comunicación, creando una alarma innecesaria en poblaciones aledañas.
Fideicomisos: Esta opción fue producto de la fuerte restricción de inversión dictada al ICE a finales de los noventa. Consciente de su responsabilidad de suministrar electricidad a todos los costarricenses, la Institución buscó esquemas de financiamiento que no implicaran aumentar su deuda. El fideicomiso permitió la construcción de plantas hidroeléctricas como Peñas Blancas, Cariblanco, Toro 3 y la Planta Térmica Garabito. Poco más de 250 megavatios ingresaron al Sistema Nacional Interconectado.
Hoy, injustamente se cuestiona al ICE por los fideicomisos ejecutados a la fecha; sin embargo, de no haber sido por la visión y las acciones tomadas en el pasado, se habrían experimentado fuertes racionamientos e incluso apagones.
Gestión institucional: Costa Rica necesita un ICE competitivo y eficiente, lo que obliga a una modernización de la Institución ajustando su funcionamiento administrativo y financiero, de ahí la implementación de una serie de herramientas que darán sus frutos a corto y mediano plazo. La complejidad de la Institución y la integralidad de las reformas implican difíciles ajustes que no se pueden lograr de un día para otro y que exigen un gran esfuerzo de un sector del personal.
