Dado que la ignorancia es siempre temeraria, estimo que el público tiene derecho a saber aspectos fundamentales de la carrera judicial de don Fernando Cruz Castro, quien hoy ocupa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y enfrenta una serie de ataques personales injustificados.
Comienzo diciendo que este destacado jurista, cuyo prestigio ha trascendido fronteras, es hijo ideológico de importantes figuras del pasado. Fueron Ulises Odio Santos y Fernando Coto Albán, entre otros, quienes invitaron a Cruz Castro -como solían hacerlo con estudiantes aventajados- a ingresar al Poder Judicial. Fue también Coto Albán quien introdujo a don Fernando -como lo hizo con muchos de nosotros- en los grandes temas de la judicatura, y quien nos llamó la atención sobre el peso determinante de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico, la importancia del principio de independencia judicial, para lo cual había que leerse a Calamandrei, y la necesidad que había en nuestro país de una carrera judicial en la que el mérito, la experiencia y la solidez profesional decidieran los ingresos y ascensos a lo interno de la institución. El juez o jueza, en sentido estricto, no deberían deberle el puesto a nadie, sino solo a sus atestados y virtudes.
Fue también Coto Albán uno de los magistrados que apoyó y defendió la carrera de Cruz Castro. Lo integró al equipo fundacional del Ministerio Público, novedosa institución que despolitizó la persecución penal y puso a Costa Rica a la vanguardia de toda la región latinoamericana en esta materia. ¡Cuántos añoran hoy la posibilidad de controlar a la Fiscalía y ponerla a su servicio personal o partidario!
Asimismo, fue Coto uno de los magistrados que respaldó a Cruz cuando otro grupo de magistrados quiso hacerle una especie de “juicio de residencia” por decisiones tomadas contra políticos influyentes de aquel momento. Me refiero al legendario caso del fraude contra el Fondo de Emergencias (1986).
Durante décadas, por cumplir simple y llanamente con su deber, Cruz Castro sufrió el veto y la discriminación de sectores políticos determinantes para alcanzar la magistratura. Unos le resentían haber acusado a miembros de su partido (PLN); otros le cobraban no haberlo hecho lo suficientemente rápido, explicando así su derrota electoral en 1986 (Unidad Social Cristiana).
A don Fernando también le han cobrado por años su asesoramiento a la llamada Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa (1989) que reveló una serie de vicios y corruptelas, así como acercamientos indebidos con oscuros personajes, y que llevaron a la renuncia de varios magistrados. En el marco de esa crisis judicial me consta que don Fernando Coto estaba seriamente preocupado acerca de si decía en la Asamblea algo en su contra; así que, llevado por su reconocida integridad y decencia, consultó a Fernando Cruz, cosa que de inmediato le fue aclarada en sentido negativo.
Es necesario decir con toda contundencia que Cruz Castro ha honrado siempre la memoria de sus preceptores y maestros. Sus luchas por la justicia y contra delincuentes de todo tipo le han llevado a pagar altísimo precio. Fue la figura que emergió con apoyo y credibilidad para liderar la Corte Suprema en medio del escándalo del “cementazo” (2017), que obligó a nuevas renuncias, incluida la del presidente en ejercicio. Para quien tenga un gramo de buena fe, lo invito a que considere que este funcionario público probo ha renunciado al aumento salarial por concepto “gerencial” (¢2 millones cuatrocientos mil mensuales) y que además es uno de los magistrados que menos ocupa los servicios del chofer asignado.
Además, se limita a atender compromisos oficiales y utiliza el combustible estrictamente requerido para la atención de sus funciones. También es un funcionario que no mide las horas diarias de trabajo, que son muchas más de las ocho obligatorias. Como hombre de fe y buen cristiano, don Fernando procura que su mano izquierda no ande cacareando lo bueno que hace su derecha.
Con la ponderación y decencia que lo caracterizan, Cruz Castro ha explicado una y otra vez que sus actuaciones han sido el resultado de acuerdos de Corte Plena, no caprichos personales. Ha demostrado hasta la saciedad que el Poder Judicial está cumpliendo en todo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9636) y que el único tema en discrepancia resulta de la interpretación que en su momento hizo la propia Corte de un capítulo de esta ley, basada en resolución de la Sala Constitucional que dejó vigentes dos leyes internas del Poder Judicial que prevé el pago de anualidades y carrera judicial mediante porcentajes y no por montos fijos. Aun así, don Fernando ha tomado todas las medidas administrativas para ejecutar en lo posible las órdenes recibidas una vez dirimidas las apelaciones ante la Contraloría y las acciones pendientes y futuras ante la Sala Constitucional.
De manera paciente y reiterada, el señor presidente de la Corte aclara que no está en rebeldía contra la orden emanada por la Contraloría General de la República, pero que la Corte ha decidido interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que permitan definir las diferencias de criterio por las vías establecidas legalmente. Se pretende, entre otras cosas, evitarle al Estado eventuales pagos e indemnizaciones por el atropello de derechos adquiridos. Eso se llama ser juez y actuar dentro de las reglas de un Estado de Derecho.
Si de lo que se trata es de despejar una única discrepancia, secundaria respecto del acatamiento general de la ley promulgada, ¿por qué la campaña de desprestigio contra el Poder Judicial, la Corte Suprema y la persona de su presidente? ¿Qué otras motivaciones, inconfesables, se están moviendo detrás de tanta insidia? ¿A qué vienen los insultos de la peor ralea en redes sociales? ¿Cómo se unen a estos supuestas voces autorizadas que se creen dueñas de la verdad y la ética?
Fernando Cruz Castro es un juez independiente y eso jamás ha gustado a personas con poder. Nunca lo veremos abriéndole la puerta del coche, con reverencias, al señor del palacio; ni tampoco lo veremos nunca promoviendo homenajes al político cuestionado judicialmente. El señor presidente de la Corte, para orgullo de todo costarricense, es un ciudadano republicano en un Estado de derecho, no un cortesano al servicio de ciertos señores.
