La reciente ley de investigación biomédica ha puesto a la Universidad frente a la necesidad de satisfacer una serie de condiciones y requisitos, un poco diferentes a las regulaciones deontológicas conocidas hasta un cierto momento. La Vicerrectoría de Investigación ha estado tratando de responder a estas exigencias, como que investigadoras e investigadores satisfagan condiciones para acreditarse como tales, ante la Universidad y ante el Ministerio de Salud y conformar un nuevo Comité de Ética Científica con nuevas particularidades.
A muchos nos ha tomado un poco por sorpresa. Hay quienes de hecho mantienen una posición crítica, pues se trata de una ley que busca regular la investigación biomédica con seres humanos. La primera reacción consiste en no sentirse incluidos o aludidos, pues la ley no se refiere explícitamente a la investigación social con seres humanos. Personalmente, comprendo y hasta cierto punto comparto esta reacción. Y, en efecto, tras realizar una parte del curso de “buenas prácticas clínicas” está bastante claro que la ley busca llevar a cabo la regulación de las investigaciones farmacológicas con seres humanos, las cuales poseen implicaciones médicas muy relevantes y alrededor de las cuales se cuenta con una historia sorprendente de indignidad en el trato a las personas, bajo la lógica de acumulación del dinero. Dada esta condición es comprensible no sentirse incluida o aludida desde las ciencias sociales.
Sin embargo, la cuestión posee aristas altamente relevantes también para las ciencias sociales. Es cierto que en ciencias sociales, el lugar del respeto y la autonomía del otro, la beneficencia y la justicia, constituyen materias de estudio y a la vez valores que resultan de nuestro cuestionamiento de las relaciones entre objetividad y subjetividad, y también, de suscribir una ética que atraviesa no solo la investigación, sino cualquier práctica profesional en la que nos involucramos. Pero como es habitual, esa exigencia de asumir la doble y simultánea perspectiva de observadores y de participantes de la vida social, ofrece a nuestros procesos de investigación unas dimensiones específicas de tanta complejidad y riqueza como las de la investigación biomédica.
Está claro que quienes investigamos en ciencias sociales no pretendemos sustraernos a las regulaciones ético-científicas, sino que muy probablemente buscamos encontrar nuestra especificidad en la discusión ética contemporánea. Y esto no solo en la investigación, sino también y sobre todo en las prácticas profesionales. A muchos nos indigna que, en otros países, profesionales en psicología hayan participado en actividades que al parecer han violado derechos humanos fundamentales, con el respaldo de instituciones que hemos respetado. Pero esto no impide que persistan dilemas éticos en nuestra práctica como profesionales de la investigación aquí, ahora y con nuestra gente.
Hay matices relevantes de la investigación en ciencias sociales que podemos y debemos discutir juntos, como los procesos de influencia de las personas participantes al obtener su consentimiento informado, o esa doble condición observadores/participantes y los sesgos e influjo en juego, o cómo trabajar con la subjetividad desde lo metodológico. Probablemente queramos hacerlo de manera local, en nuestra facultad, probablemente con nuestras colegas que también han avanzado en los problemas ético-morales desde las diferentes disciplinas, probablemente no con una perspectiva de principios éticos verticales, sino en una perspectiva de ética de la discusión; Lawrence Kolhberg habló de comunidades dialógicas como estrategia ética. Eso es lo que probablemente buscamos. Pero hay que hacerlo, está por hacer y no se logrará sin mostrar la potencialidad de nuestra contribución desde las ciencias sociales.
