No podemos cerrar los ojos ante la corrupción. Durante la administración Solís Rivera, ha habido algunos casos de corrupción, entre los cuales se incluye el “cementazo”, el caso de Yanber y el de Infocoop. Evidentemente, lo anterior ha provocado indignación y desconfianza en los costarricenses respecto al Gobierno. Sin embargo, las encuestas de la Unidad de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica revelan que las valoraciones sobre la gestión gubernamental se han mantenido relativamente estables. Por lo tanto, no se podría concluir que los casos de corrupción han deteriorado en mayor medida la imagen de la administración Solís Rivera. De lo contrario, alegamos que la transparencia y la rendición de cuentas han aportado a que la popularidad del Gobierno Solís Rivera se mantuviera relativamente estable después de casi tres años.
En este debate se nos pidió tratar la tesis de si la transparencia y la rendición de cuentas han sido esenciales para la gestión del Gobierno. Debido a que el término “gobierno” es muy amplio, nos limitamos a entender bajo este concepto al Poder Ejecutivo. Se entenderá que son miembros del Poder Ejecutivo el Presidente de la República y los ministros de
Gobierno. En este caso, la discusión girará únicamente en torno a la administración Solís Rivera.
Respecto de la naturaleza de la tesis, consideramos que es valorativa, pues está sustentada en un criterio subjetivo u opinión. Antes de proceder a la argumentación, es necesario estudiar los diferentes conceptos que plantea la tesis; respecto del concepto de la “casa de cristal”, cabe señalar que la Sala Constitucional indicó que las administraciones públicas deben “ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior puedan escrutar y fiscalizar, a plena luz del día, todos los administrados”. Para delimitar el término de “transparencia”, resulta oportuno referirse a otra sentencia de la Sala Constitucional, la cual señala que las administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes y fluidos de comunicación o de intercambio de información con los administrados y los medios de comunicación colectiva. Es decir, la transparencia consiste en la obligación de la administración de brindar información a los ciudadanos sobre la gestión pública. La “rendición de cuentas” es el procedimiento de evaluación de resultados al que están sometidos los funcionarios públicos, según se regula en el Art. 11 de la Constitución Política.
A continuación, defenderemos la transparencia y la rendición de cuentas hechas por el actual gobierno. Inicialmente planteamos que este gobierno ha puesto la transparencia como pilar fundamental de su gestión, para lo cual exponemos la implementación de mecanismos y políticas que fomentan la transparencia y la utilización de las redes sociales como mecanismos de información.
Los portales Gobierno Abierto y Datos Abiertos fueron creados para empoderar a la ciudadanía. Por un lado informan sobre la labor gubernamental y permiten el acceso a la información pública de forma sencilla, y por el otro lado fortalecen la gestión y el servicio público, pues hacen posible que la gente participe de los mecanismos democráticos con más facilidad. En este sentido, es importante señalar los “Planes de Acción”, mediante los cuales se establecen estrategias y ejes para la realización de una relación de colaboración entre el Gobierno y el pueblo para la concreción de políticas de interés general sobre aspectos como la transparencia, la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y el acceso a la información.
En relación con el empleo de las redes sociales, es evidente que sirven para aumentar la participación ciudadana e informar a la población de forma más ágil. Este medio de comunicación es de vital importancia en momentos de crisis como en los casos de tormentas tropicales, tal como sucedió con el huracán Otto y la tormenta Nate.
Asimismo, cabe hacer mención de las rendiciones de cuenta hechas por Luis Guillermo Solís ante la Asamblea Legislativa cada primero de mayo. Estas declaraciones fueron transmitidas en la televisión nacional e incluso pueden ser encontradas en la sección de “Transparencia” de la página oficial de la Presidencia. Además, es destacable que cada vez que el Presidente hace un comunicado oficial, lo acompaña una intérprete del lenguaje Lesco, mediante lo cual la información se hace accesible a toda la población, sin importar su condición. Respecto de los demás miembros del Poder Ejecutivo, los ministros, resulta importante mencionar que estos también deben rendir informes de sus labores y de los logros de su respectiva área.
Por otra parte, en relación con escándalos de corrupción que han tenido lugar durante la administración Solís Rivera, puede señalarse que en el perfil oficial de Luis Guillermo Solís en Facebook también se encuentran publicaciones sobre temas controversiales, como sucedió el 3 de noviembre de 2017. En dicha ocasión, el mandatario compartió su respaldo a las actuaciones de la Fiscalía General de la República y del OIJ respecto al “cementazo”. Al respecto, cabe destacar la comparecencia de Luis Guillermo Solís ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa, la cual se realizó el 4 de setiembre de 2017, pues se evidenció la voluntad del mandatario de ser transparente. Afirmamos lo anterior, pues procuró atender todas las inquietudes y cuestionamientos sobre su propia gestión relacionada con este caso.
Respecto del “cementazo” también resulta fundamental indicar que no se puede apelar a manifestaciones indiscriminadas realizadas por funcionarios, para tomar una postura afirmativa respecto de la relación -improbada- de la administración Solís Rivera, con el tráfico de influencias, sin observar de manera absoluta las reglas del debido proceso que rigen los procesos de juzgamiento de las personas, dentro del Estado Social de Derecho.
Por otra parte, en relación con la Administración Central -entiéndase Poder Ejecutivo- esta no es responsable por las actuaciones de las juntas directivas de las entidades bancarias, pese a que la elección de sus miembros sea realizada por el Gobierno. Lo anterior, por cuanto las entidades bancarias gozan de autonomía dentro del ejercicio de sus funciones en estricto apego al principio de legalidad. Lo anterior supone que la responsabilidad derivada de la actuación inobservante del deber de probidad en el ejercicio de la función pública por parte de los miembros de las juntas directivas de las entidades bancarias y en el caso concreto del “cementazo”, la del Banco de Costa Rica, podría ser de índole administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda tener lugar si se somete el caso a la jurisdicción penal respectivamente. Ello con la finalidad de señalar que no puede comprenderse la regulación respecto de la Responsabilidad Administrativa, con base en una interpretación tan extensiva, incluso implicando a la Administración Central -en concreto la administración Solís Rivera- por la actuación de los funcionarios designados por la misma, que pertenecen a otras entidades descentralizadas -entes bancarios-, omitiendo la materia de autonomía de la que gozan las entidades de la Administración Pública.
En conclusión, se observa que en este Gobierno se han establecido políticas y mecanismos que buscan la mayor transparencia sobre datos de interés general y una participación ciudadana, lo cual procura una gestión apegada a los principios de Estado Social de Derecho. En este sentido, los esfuerzos, en cuanto a la implementación de instrumentos de fácil acceso a la población sobre información de la gestión y administración pública en general, reflejan la forma en la que la Administración 2014-2018 ha mantenido como pilar de su gestión la transparencia y honestidad, con la finalidad de procurar un avance que diferenciara este Gobierno con los anteriores, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como jerarcas de la Administración.
