Estado costarricense cegado por populismo punitivo

Según Elena Larrauri, criminóloga y catedrática de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Pompeu Fabra, el populismo punitivo

Según Elena Larrauri, criminóloga y catedrática de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Pompeu Fabra, el populismo punitivo alude a cuando el uso del derecho penal por los gobernantes y aquellos que pretenden el poder aparece guiado por tres asunciones: que mayores penas pueden reducir el delito; que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad; y que hay unas ganancias electorales producto de este uso.  Se trata de una ideología  que busca el orden social mediante el control social, que busca gobernar a través del castigo al crimen. Los efectos del populismo punitivo se pueden observar en el aumento del ambiente sancionador entre la población; la gente deja de ver al delincuente como un ser humano con dificultades sociales, alguien con quien existe la posibilidad de identificarse y comienzan a verlo como alguien aparte de la sociedad, hacia quien no pueden desarrollar empatía  y con quien no se pueden relacionar.

Partiendo de diferentes escenarios, el ambiente se torna propicio para que se desarrolle un populismo punitivo bastante efectivo en sus fines y cada vez más popular entre la clase política y de gobierno.  Su uso constante le gana popularidad al político aspirante, y legitimidad al gobernante de turno.  En consecuencia, el tratamiento de temas de relevancia fundamental para el desarrollo económico y social del pueblo pasa a un segundo plano, ganando preponderancia la discusión sobre la inseguridad y las formas de lidiar con ella.  Temas esenciales en la administración gubernativa, como el incremento en las fuentes de trabajo para mejorar las posibilidades de empleo, la reducción de la factura eléctrica para aumentar la inversión particular, la educación como medio de ascenso social, la protección del adulto mayor, el discapacitado y el niño, son por mucho superados por una incesante discusión sobre la inseguridad que produce la delincuencia cada día más y más agresiva.  El manejo de conceptos como la “delincuencia organizada”, los “carteles de la droga”, el “sicariato”, el “ajuste de cuentas” por negocios relacionados con la venta y el tráfico de drogas, se convierten en el pan nuestro de cada día, y constituyen la punta de lanza noticiosa de todos los medios de comunicación, mismos que parecen haber alcanzado un alto grado de expertise en los temas de delincuencia, y se arriesgan, incluso, a verter opiniones sesgadas sobre delincuencia, impunidad, inimputabilidad, al punto en que, incluso, cuestionan las decisiones judiciales que se toman respecto de casos específicos.

Tal vez, el efecto más perjudicial del populismo punitivo se da en la campaña política, donde, diversos aspirantes al poder, entendidos del malestar  de la sociedad respecto de la idea comprada del incremento de la delincuencia y por consiguiente, de la inseguridad, recalcan constantemente en sus discursos sobre la necesidad de incrementar las penas carcelarias como respuesta al flagelo de la delincuencia.  Ningún político, bajo esta premisa, se juega el costo de hablar sobre una política carcelaria correctiva que reinserte al reo en la esfera productiva del país; es simplemente, un riesgo político muy alto.  Más bien, la conclusión más sencilla, y más fácilmente aplicada en la gestión política, es la de explotar la delincuencia, el incremento en penas, el desligamen social con el infractor, y el repudio hacia toda forma de lo ilícito, como la más alta y noble bandera partidaria, y el reflejo más claro de la cristalinidad, y fortaleza del candidato.

Muy popular en redes sociales resultó ser la ingrata afirmación de una diputada de la Asamblea Legislativa, también precandidata de un conocido partido político,  cuando se refirió a una feria de productos elaborados por privados de libertad, en el sentido de que, adquirir esos productos, o fomentar ese tipo de eventos era como premiar al delincuente y revictimizar al ofendido de un delito penal.  Estas afirmaciones, intencionalmente, borran cualquier posibilidad de integración del reo en la sociedad costarricense, y cualquier intento que se haga por conceptualizar la pena como un mecanismo, no solo de castigo temporal, sino de aleccionamiento del castigado hacia un mejor y más promisorio futuro.

 

 

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