Ciento ocho extranjeros fueron recibidos por Costa Rica entre enero y marzo; sus vidas corrían peligro por diferentes conflictos sociales y políticos que eliminan la posibilidad de acogerse a la protección de las autoridades públicas de cada uno de sus Estados.
La mayoría de las razones son comunes para muchos de los solicitantes de refugio de países latinoamericanos, pero son difíciles de dimensionar para los habitantes de Costa Rica. Comprender que dentro de las finanzas de un negocio salvadoreño debe presupuestarse, además de los impuestos Estatales, la tarifa fijada por las pandillas, que no obedece a un principio de razonabilidad, plantearía una irrealidad que no es la lógica en el funcionamiento normal de un Estado. Imaginar la imposibilidad de acudir a la policía para presentar una denuncia por un asesinato o por un robo pareciera estar por completo desfasado de la realidad. Sin embargo, muchas de esas situaciones representan la amarga cotidianeidad con la que tienen que vivir muchas de las personas que huyen de sus países.
Esas realidades sociales son de conocimiento para muchas de las organizaciones internacionales, las cuales ya han indicado que la mayoría de los problemas son ocasionados por el mismo Gobierno o por la incapacidad de este para hacerle frente a los problemas. A partir de ese punto es que deviene el temor permanente que sufren las personas varadas en medio de los conflictos, quienes al verse imposibilitadas para resguardar sus propias vidas, engendran una necesidad de huir como única respuesta.
Aquellos que logran huir dejan todo atrás, sus pertenencias, su familia, su trabajo, su convivencia en el país natal. Huir no es solamente salir del país, no es solo escapar, sino que también significa reasentarse en otra sociedad que tiene una cultura, valores, costumbres y una forma de vivir diferente. Huir es enfrentarse a los perjuicios impregnados en el imaginario social que derrochan aires xenofóbicos y discriminatorios para el inmigrante.
Muchas de las investigaciones sociales explican que la génesis del rechazo social proviene de la creencia equivocada de que los desplazados de sus países originales vienen a poner en peligro la seguridad ciudadana y las fuentes de trabajo. Se debe poner en contexto el impacto que puede producir el ingreso de los 108 refugiados a Costa Rica frente una población económicamente activa de 1.569.991 personas (Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el primer trimestre del 2017), el cual por lógicas razones lógicas no podría ser un factor vinculante que distorsione toda la economía de nuestro país, ni mucho menos la ponga en peligro. A lo anterior hay que añadirle que dentro del proceso para solicitar refugio se verifica que el solicitante no tenga antecedentes penales y aunque los índices de refugiados que cometen un delito en nuestro país son bastante bajos, no se puede garantizar que una persona nacional o extranjera va a estar exenta de cometer un acto ilícito.
Los desplazados escapan buscando un futuro mejor, salen con la idea de encontrar un lugar libre de los conflictos sociales que han heredado y empezar una vida nueva, pero la ayuda humanitaria que se proporciona legalmente no es suficiente para que puedan establecerse. Existe una gran necesidad de que la sociedad costarricense sea más consciente de sus privilegios, que comprenda las circunstancias que se viven en muchos países de la misma región, para que sea capaz de extender una mano a quienes coyunturalmente lo necesitan, lo cual no implica un riesgo para el país, sino una oportunidad para proteger a muchos, mientras tanto se generen soluciones a los espacios ocupados por los conflictos.
