En los primeros ocho meses de 2023, el país ha registrado 511 homicidios, lo que representa un aumento de más de 150 delitos contra la vida humana en comparación con el año anterior. Las políticas y estrategias implementadas por la administración Chaves-Robles, no han sido suficientes para revertir la grave situación criminal que el país enfrenta desde el inicio de este Gobierno. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la inseguridad y la delincuencia se han convertido nuevamente, después de años, en la principal preocupación de la población costarricense.
Si no hay un cambio drástico en el comportamiento en las cifras de criminalidad, el país se encamina hacia el año más violento de su historia, según lo pronostican los ejercicios prospectivos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo en el que intervienen factores coyunturales y estructurales, muchos de ellos socioeconómicos. Se requieren estrategias y políticas públicas multidimensionales y articuladas. Según datos científicos del OIJ, solo dos gobiernos en los últimos 25 años han logrado revertir una tendencia como la actual: las administraciones Chinchilla-Miranda y Alvarado-Quesada, que abordaron el problema desde la perspectiva de la seguridad humana.
En medio de la discusión pública sobre cómo abordar integralmente la seguridad humana, hay un enfoque que ha sido ignorado: la relación entre el crimen organizado y los derechos humanos en sociedades democráticas. La investigación teórica y aplicada ha revelado vínculos de interdependencia entre el crimen organizado y los contextos hostiles a los derechos humanos.
Informes de la Oficina Contra las Drogas y Crimen Organizado de las Naciones Unidas (UNODC) resaltan las dimensiones de género y derechos humanos en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada. Recomiendan que los marcos jurídicos internacionales contra la delincuencia organizada no deben interpretarse y aplicarse de forma aislada, sino en consonancia con el régimen y los estándares de los derechos humanos.
Es fundamental destacar que en aquellos países donde se respetan y protegen los derechos humanos, el crimen organizado encuentra menos espacio para actuar y el Estado tiene mayores capacidades para contener su expansión. En contraste, en las sociedades donde prevalecen ambientes hostiles a los derechos humanos, no solo en la falta de ratificación e incumplimiento, sino también reforzados en el discurso social y la discusión política, se genera un terreno propicio para el crimen organizado. Aunado a lo anterior, sin un adecuado y coherente marco de DD. HH, no pueden ser atendidos determinantes estructurales de la criminalidad como la desigualdad, el hambre, la falta de oportunidades, la protección social y otros.
Podríamos pensar que nuestro país está lejos de tales descuidos, pero debemos prestar atención a la acumulación de deterioros sistemáticos en la vivencia cotidiana de la democracia y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, paz y justicia en el país.
Enfrentamos situaciones de fragilidad sin precedentes: constantes amenazas a la Educación Pública en medio de la peor crisis educativa en los últimos 40 años; serios cuestionamientos al sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia; aumento de la precariedad laboral, afectando el derecho al trabajo digno y seguro, un constante crecimiento de la pobreza rural, una crisis de gobernanza y consecuentemente de efectividad del sistema sanitario y de seguridad social y una preocupante desarticulación de los avances de la política social de los últimos 10 años.
Además, estamos presenciando retrocesos en la libertad de prensa, ataques contra los derechos LGTBIQ+, una alarmante ruta anti-protección ambiental con la reactivación de pesca de arrastre y la permisividad de pesca de especies amenazadas. También, nos enfrentamos a discursos contrarios al derecho inherente de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Todo este panorama desolador se suma a un escenario político plagado de ataques, confrontaciones, violencia política y discursos de odio que solo tiene como resultado más tensión en nuestra sociedad democrática y, por ende, más violencia en nuestras calles. Cada día que pasa se vuelve más urgente no ignorar estos problemas en la lucha contra el crimen organizado
Este ambiente actual de fragilidad y hostilidad hacia los avances fundamentales en nuestro país, amplificado por declaraciones constantes del presidente Chaves, se suman a las condiciones estructurales que también favorecen la expansión del crimen organizado. Esta situación carcome la gobernanza, se infiltra en los procesos políticos nacionales y locales, alimenta el deterioro de servicios públicos, la corrupción y la violencia, explota a las personas vulnerables y socava los mercados legítimos, además de significar una creciente amenaza medioambiental.
¡Nos encontramos en una encrucijada crítica! Si la actual administración desea revertir la lamentable situación criminal, debe revisar su enfoque y discurso hostil contra el marco democrático de derechos humanos que caracteriza nuestro país, fomentar la tolerancia y el respeto basado en la participación ciudadana y el diálogo constructivo y retomar una política de seguridad humana basada en una fuerte política social. Solo así podremos enfrentar efectivamente el crimen organizado y construir con convivencia un país más seguro, justo e inclusivo para todas las personas.
