El cambio climático es el dilema más complejo al que se ha enfrentado la humanidad. Se requiere de un esfuerzo internacional por lograr la transición hacia un modelo productivo regenerativo. Es necesario que los estados adopten políticas visionarias e innovadoras que hagan uso de los avances tecnológicos requeridos para la transición energética hacia la descarbonización.
Según el Instituto Costarricense de Electricidad en 2018 Costa Rica alcanzó un 98,60% del total de energía renovable generada. Específicamente la producción renovable por tipo de fuente correspondió aproximadamente en un 73% a hidroeléctrica, un 16% a eólica, un 9% a geotérmica, un 1% a bagazo y un 1% a solar. La mayor cantidad de plantas hidroeléctricas se ubican en zonas socioeconómicamente vulnerables. Además, las áreas de mayor potencial energético están en territorios indígenas o parques nacionales. Costa Rica no debe incrementar la producción de energía hidroeléctrica por su efecto degradador de ecosistemas y por su periodo corto de funcionamiento. Aumentar la producción de energía solar y eólica son las opciones económicamente viables y regenerativas para disminuir la huella nacional de carbono.
La generación distribuida de energía para el autoconsumo es una alternativa para que los usuarios puedan satisfacer parcial o totalmente sus propias necesidades eléctricas mediante fuentes renovables. La actividad se realiza en dos manifestaciones: independientemente o en paralelo con la red eléctrica nacional. Si la producción de energía distribuida se da independientemente de la red eléctrica nacional, el sistema de energía renovable debe incluir baterías para el almacenamiento de energía. Ahora, si el sistema de generación de energía renovable puede funcionar en paralelo con la red nacional bajo el concepto de depósito y devolución de energía, los excedentes energéticos se inyectan a la red eléctrica nacional y las empresas distribuidoras asumen la función de almacenaje de energía.
Es de suma importancia que las empresas eléctricas asuman un cambio estratégico que las prepare para la transformación energética global, producto de los efectos convergentes de los avances tecnológicos, las políticas, el crecimiento de la generación distribuida, las nuevas formas de competencia y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Los avances tecnológicos ya permiten la descentralización a través del desarrollo de nuevas plataformas de energía. El estado debe facilitar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático. En el mundo postpandémico de las ciudades inteligentes, los consumidores estarán cada vez más acostumbrados a producir su propia energía y controlar su almacenamiento.
La Ley No. 7200 de 1990 autorizó la generación eléctrica autónoma o paralela, pero está desactualizada en la medida en que deja de lado el futuro auge de las redes inteligentes, no regula la interconexión, no crea estímulos económicos ni un modelo tarifario. El vacío legal deviene contrario a las metas de descarbonización tuteladas en la jurisprudencia constitucional en las resoluciones No. 11972 de 2012, No. 0465 de 2013, No. 09206 de 2012 y No. 10540 de 2013.
A fin de asegurar los derechos del consumidor y la descarbonización de la red eléctrica nacional, se requiere una normativa tributaria, tarifaria y técnica incentivadora de la generación distribuida de energía. La promoción de la inversión en educación, ciencia y tecnología es clave. La regulación de la interconexión mediante la comercialización de créditos es una alternativa para promover la energía renovable para el autoconsumo. Otras alternativas son los subsidios a la importación, producción, instalación y mantenimiento de equipos de generación de energía. Lograr la descarbonización y la independencia energética le brindará al pueblo costarricense resiliencia ante la crisis del cambio climático.
