En marzo de 2015, la BBC publicaba con gran optimismo una noticia titulada Cómo hace Costa Rica para producir toda su electricidad de manera limpia, alimentando la imagen de este país como referencia y ejemplo a nivel mundial en este campo. La publicidad oficial del ICE también destaca con orgullo el carácter “limpio” de nuestra matriz eléctrica, de la cual dos terceras partes corresponden con generación hidroeléctrica. Sin embargo, esta afirmación esconde el hecho de que alrededor del tema energético/eléctrico se han venido dando intensas disputas y tensiones entre diferentes sectores de la sociedad costarricense, sobre todo en los últimos 25 años.
Sin entrar en la discusión de si la energía hidroeléctrica es energía “limpia” (del cual existe suficiente documentación a nivel mundial que permite afirmar que no lo es), en este ensayo queremos dar visibilidad a las voces de aquellos que en Costa Rica se han movilizado y organizado para impedir que se construyan represas en sus ríos, o bien, que han denunciado con profundo dolor los impactos indeseables de este tipo de proyecto en sus territorios. Esto es lo que tienen en común decenas de comunidades rurales en cantones como Coto Brus, Buenos Aires, Pérez Zeledón, Turrialba, Dota, Acosta, Sarapiquí, San Carlos y Upala, sin hablar de comunidades indígenas de Térraba, Curré, Pacuare, Chirripó y Talamanca.
A pesar que algunas luchas históricas anti-represa datan de la década de los años 70 y 80 (como el caso de Boruca y Pacuare), se puede decir que la conformación de un movimiento social más articulado y sistemático a nivel nacional se da en la década de 1990, lo cual coincide con la entrada en escena de los generadores privados de electricidad, consagrados mediante las leyes 7200 y 7508. Al liberalizarse el sector, las decisiones sobre generación de electricidad pasan a estar más en función de intereses económicos que de verdaderas necesidades de la población.
Muestra de ello es que estas leyes obligan al ICE a comprar toda la electricidad generada en plantas privadas, sin importar si el país la necesita o no. De hecho, al ser la mayoría de los proyectos privados pequeñas plantas “a filo de agua” (es decir, sin embalses que almacenan el agua), solamente generan en época lluviosa, cuando menos se necesita. El raciocinio economicista llega al límite del absurdo cuando vemos que el ICE en determinados momentos de la época lluviosa ha vaciado sus embalses sin generar electricidad, para justificar la compra a las plantas privadas. Un pésimo negocio para el ICE y para toda la sociedad costarricense.
El país presenció a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 una agresiva proliferación de represas nunca antes vista, siendo las cuencas de los ríos San Carlos y Reventazón, con más de 15 proyectos hidroeléctricos cada una, casos emblemáticos. Y fue precisamente a raíz de esta embestida contra los ríos de Costa Rica que poco a poco se fueron levantando todas estas comunidades en contra de un modelo eléctrico que nunca tomó en cuenta sus opiniones, sentimientos y puntos de vista.
El movimiento en defensa de los ríos en Costa Rica ha conquistado nada menos que su derecho a participar en la definición y la toma de decisiones sobre modelo eléctrico en el país, sacándolo de la esfera de técnicos y políticos. De hecho, a partir de la presente década venimos presenciando un notable descenso en la cantidad de proyectos hidroeléctricos nuevos, hasta llegar a ser cero este año de 2017. Se han aprobado moratorias hidroeléctricas en varios cantones del país, se han celebrado tres plebiscitos, en Sarapiquí, Guácimo y Pacuare, con un arrollador “No a las represas” en todos ellos y recientemente, en 2015, se firmó un decreto presidencial que salvaguarda los ríos Savegre y Pacuare por 25 años. Sin embargo, como afirman sus protagonistas, “la moratoria la hicimos nosotros desde las comunidades”.
