El lector debe comprender que el aprovechamiento del recurso camarón con red de arrastre en Costa Rica, es una temática compleja tanto en términos científicos como políticos. No obstante, esto también ha degenerado en un conflicto de índole personal entre los actores, por lo que la disputa se agudiza. También, se han hecho señalamientos en los medios de comunicación que son precisos, otros imprecisos y otros son manipulaciones que han tergiversado la situación.
A continuación, se enuncian algunos elementos que no han sido considerados o se les ha dado poca relevancia por los medios de comunicación:
El sector semiindustrial de arrastre es más amplio que los armadores y los dueños de las embarcaciones. Existe toda una serie de personas con distintas ocupaciones que componen este sector, entre los cuales hay distintas cuotas de poder, ingresos económicos y grados de vulnerabilidad social.
Erróneamente se ha enfocado el conflicto desde una perspectiva ideológica de ricos (sector semiindustrial de arrastre) contra pobres (sector de pesca artesanal de pequeña escala). Tal y como se indicó anteriormente, en el sector de arrastre también hay algunas personas en condición de pobreza y de riesgo social no por la actividad que realizan, sino por problemáticas propias de las comunidades en las que viven.
La evidencia científica a nivel nacional e internacional ha demostrado los impactos ambientales y sociales del aprovechamiento del camarón con red de arrastre. Sin embargo, también existe literatura científica que demuestra alternativas tecnológicas y otras medidas de gestión pesquera para reducir las externalidades negativas de este arte de pesca.
Hay múltiples especies de camarón distribuidas a diferentes profundidades, desde la superficie hasta el fondo marino. Dependiendo de la profundidad, hay distintas implicaciones ecológicas para su manejo, por lo tanto, no es factible generalizar datos sobre la fauna de acompañamiento a partir de un tipo de camarón.
Es posible regular la pesca de arrastre en Costa Rica; para ello, se requiere de un fortalecimiento de las instituciones pertinentes y desde luego, del compromiso del sector pesquero implicado. Esto es una tarea que también requiere de la participación de otras instituciones públicas de carácter socioeconómico y ONG ambientales.
La Sala Constitucional, mediante el voto N°2013010540, no ha prohibido el aprovechamiento del camarón con red de arrastre. Los magistrados consideraron que esta actividad pesquera se estaba realizando de una forma no sostenible e indicaron que Incopesca no puede otorgar nuevas licencias o renovar los permisos actuales hasta que se demuestre con investigación científica la mitigación sustancial de los impactos generados por esta técnica y, si eventualmente esto se prueba, se puede volver a otorgar licencias.
Se ha excluido de la discusión los impactos ambientales que una parte de la flota artesanal de pequeña escala genera tanto al camarón como a otros recursos hidrobiológicos. Aunque los artesanales señalan enfáticamente la cuota de responsabilidad del sector de arrastre, algunos miembros de este sector también generan un impacto ambiental significativo y que debe ser atendido con la misma seriedad.
Efectivamente, las estadísticas demuestran una disminución histórica en el volumen de las capturas del recurso camarón; pero esto no solo se debe al esfuerzo pesquero de la flota arrastrera, sino que hay una serie de procesos que también inciden en esto, por ejemplo: la contaminación provocada por prácticas agrícolas; la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas grises y negras que van a parar al mar; el fenómeno de El Niño, etc.
Ya existe un estudio socioeconómico del sector semiindustrial de arrastre realizado por la Fundación MarViva y la Universidad Nacional de Costa Rica. Sin embargo, solo se han utilizado algunos fragmentos descontextualizados de esta investigación para sustentar argumentaciones en contra de este sector productivo.
Finalmente, la gestión de las pesquerías es un proceso complejo que debe integrar criterios científicos, regulaciones efectivas, así como el diálogo entre el Gobierno y los sectores involucrados directa e indirectamente. Debido a que si se considera una sola voz, predomina la visión e intereses de un sector (que eventualmente puede ser académico, ONG o pesquero) sobre un recurso de carácter demanial.
