En el acalorado debate con respecto a la vigencia de la pesca semiindustrial de arrastre se han generado distintos criterios en favor o en contra. Sin embargo, en este conflicto socioambiental aún no se habla de las personas que ya quedaron desempleados por el vencimiento de licencias.
Los primeros en verse afectados son los tripulantes de las embarcaciones (su número ronda entre los cinco y seis pescadores por barco). En el año 2017 vencieron 13 licencias; durante el 2018 caducan 17 permisos más y para el 2019 quedan solo tres (en años anteriores, han vencido de tres o cinco licencias más). Algunos pescadores se han incorporado en viajes con otras embarcaciones de arrastre con permiso vigente; otros salen a realizar faenas de pesca artesanal; otros se dedican a cualquier tipo de actividad informal que surja en el momento, y otro segmento aún no ha podido encontrar un trabajo. Con la salida de los barcos, se va a generar un efecto dominó en el resto de la cadena productiva asociada a esta actividad, donde hay eslabones con mayor vulnerabilidad.
Según una investigación realizada por la Universidad Nacional en el 2015, a nivel directo se estimaron los siguientes empleos: 195 tripulantes, 400 peladoras (que pelan camarón de cultivo y de arrastre), 60 personas en servicios (mecánicos, eléctricos, rederos y servicios comerciales) y 27 licencias, para una población de 682 personas (sin contar a las personas dependientes de los trabajadores). Sin embargo, los dirigentes del sector camaronero han manifestado que este número subrepresenta la cantidad de personas dedicadas a la actividad. Con respecto a las características de la población, estos provienen de barrios urbano marginales del cantón central de Puntarenas; poseen una escolaridad muy baja o inexistente; han dedicado la mayoría de su vida a la pesca (estas personas superan con facilidad los 40 años); poseen familias numerosas; los ingresos provenientes de la pesca son la principal o única fuente de ingresos; exhiben, en algunos casos, prácticas culturales que inciden negativamente en su capacidad de ahorro, y se encuentran con un mercado laboral limitado en Puntarenas, entre otras. Ante la pérdida de su empleo, estas personas afrontan una situación crítica para satisfacer sus necesidades básicas.
Como uno de los productos generados en el Proceso de Diálogo del Camarón, a inicios del año 2017, se creó el Decreto N°40312 y se conformó la Unidad Coordinadora y Ejecutora del Golfo de Nicoya (UCE) para formular el plan y atender de forma prioritaria la situación de desempleo del sector arrastrero. Todos los profesionales que conforman la UCE están muy comprometidos con su labor; sin embargo, la problemática es compleja y los tiempos de la institucionalidad no se ajustan a la urgencia de la situación.
Otros actores han generado distintas propuestas, como fomentar pequeños emprendimientos, desarrollar una flota atunera nacional, canalizarlos a la pesca artesanal, generar proyectos de acuicultura y reconvertir a estas personas al turismo. Además, se ha propuesto que las personas dependientes del arrastre hagan cualquier trabajo en Puntarenas o que vayan a las instituciones públicas a ver que les resuelven. Todas son iniciativas muy interesantes. Sin embargo, ninguna ha sido respaldada por un estudio técnico, ni con financiamiento, y no han trascendido más allá de una red social o de un discurso simplista que se genera desde el Valle Central.
Desde el año 2013 se sabía que esta situación iba a llegar. Es urgente sumarse al trabajo de las instituciones encargadas de atender la situación humanitaria del sector camaronero y garantizar un conjunto de medidas para mitigar el impacto en sus medios de vida y facilitar su reconversión productiva. Las victorias del ambiente son para todos. No obstante, las consecuencias sociales son cargadas por un sector de la sociedad que no ha recibido la atención adecuada. Pero: ¿si usted fuera parte de esa minoría, aceptaría ser tratado con tal indiferencia?
