En la edición 1985 del Semanario Universidad de abril de 2013, se publicó mi opinión con respecto al cambio de software de administración de bibliotecas del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (Sibdi). En aquel momento, afirmé que la adquisición del software Aleph, de carácter privativo (software comercial que no permite acceso a su código fuente y. por ello, hay que comprar licencias para su utilización), iba en clara disonancia con la política de la Institución de buscar alternativas de software libre para los sistemas institucionales.
Precisamente, dicha política tiene la intensión de que se busquen opciones no onerosas, por las que no se tengan que pagar sumas por el uso de licencias y se pueda acceder al código fuente para desarrollos y adaptaciones. Sin embargo, el software adquirido, al no poder tener acceso a su código, provoca que sea prácticamente imposible realizar adaptaciones o mejoras a la aplicación para el beneficio del usuario.
Dicha compra representa un importante y aparente innecesario gasto en las finanzas públicas, las cuales son el producto de los aportes que pagamos todos y cada uno de los costarricenses. Hoy insisto, como lo hice en el 2013, que existen aplicaciones de software libre que hacen lo mismo y con una inversión mucho menor si se acompaña de un buen proyecto de automatización, y. además, permiten la actualización y adaptación sin necesidad de la compra de licencias.
Pese a que han pasado ya más de cuatro años desde mi anterior publicación, no he conocido que los responsables del Sibdi o de la Vicerrectoría de Investigación hayan publicado referencia sobre este aspecto o hayan cuestionado lo afirmado por mi persona. Era de esperarse que, o bien me dieran a conocer el error de mis afirmaciones y explicaran las bondades del nuevo software, o bien me presentaran la documentación con el cuadro de valoraciones que determinaran que la opción del Aleph era la mejor contra las opciones de software libre existentes en el 2013. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades competentes, al no pronunciarse, aumentan la incertidumbre con respecto al proyecto y a la eficiencia y transparencia en el uso de fondos públicos.
La falta de explicaciones o réplicas a mis afirmaciones me generan incómodas suspicacias. Inclusive, el proyecto no fue avalado, por oneroso, por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare), según se desprende de la sesión 15-09, cuando la Comisión de Vicerrectores de Investigación solicitó la suma, no despreciable, de $310.000 para la adquisición de una licencia de software para las bibliotecas, en el marco del proyecto “Sistema bibliotecario de educación superior universitaria estatal, SIBESE-CR”. No obstante, el proceso de compra continuó dentro la Universidad de Costa Rica, en clara inconsistencia con su política de promoción de la utilización de software libre, y se mantuvo hasta la firmeza de la adquisición.
El resultado final de toda esta aguda situación es la adquisición por parte del Sibdi del software en cuestión por una suma supera los ₡50 millones, de acuerdo con la información suministrada por el propio vendedor. Esto sin contar el costo de licenciamiento del motor de base de datos, sistemas operativos privativos y el proceso de migración de las bases de datos actuales. Es importante recalcar que, de acuerdo con información de la misma empresa vendedora, el software Aleph al parecer está siendo sustituido por otro llamado Aleph, que funciona en la nube y que se adquiere por suscripción. Así pues, aparentemente, se compró una aplicación que ya tiene un alto grado de obsolescencia y programación o actualizaciones descontinuadas, y que desde un inicio presentó múltiples inconvenientes, ya que duró más de dos años en ser instalada, pese a que en el cartel de compra se había especificado que debía estar trabajando seis meses después de ser adquirido. Entonces, nos surge una interrogante, ¿será que estamos pronto a desechar el Aleph para adquirir Aleph?
En otro orden de ideas, pero siempre relacionado con las acciones realizadas por el Sibdi para sus servicios, se adquirió, también, a la misma empresa, la cual por cierto ya no existe porque fue adquirida por otra, la suscripción por $10.000 anuales del servicio Primo Central, un mega repositorio compuesto por repositorios institucionales de acceso libre y abierto. Sin embargo, pregunto con la esperanza de que alguna autoridad institucional me responda o aclare, ¿por qué debe la Institución pagar para tener acceso a información que ya es gratuita?
Como docente, me parece que este tipo de decisiones que parecen contradictorias van en contra de la formación de nuestros estudiantes, a los cuales se les instruye en la importancia de la responsabilidad social, el uso eficiente de recursos públicos y el favorecimiento de la comunidad por encima de los intereses particulares o empresariales.
Estas paradojas institucionales deberían ser subsanadas por parte de la Vicerrectoría de Investigación, que promociona el acceso abierto y la generación de repositorios institucionales, gracias a los cuales nuestra universidad se posiciona entre las primeras del mundo, según el ranking de Webometrics. Inclusive, la Universidad de Costa Rica fue la sede de la “Conferencia Internacional de Acceso Abierto, Preservación Digital y Datos Científicos” (BIREDIAL 2013), curiosamente el mismo año en que el Sibdi inició con la adquisición del Aleph.
Pese a todo, y en contra de la naturaleza de software privativo del Aleph, este no permite la generación de repositorios de acceso abierto, por lo que el Sibdi se ve en la interesante y controversial posición de usar software libre (Dspace para ser exactos) para su construcción, lo cual parece irónico a estas alturas.
Es de esperarse que este tipo de decisiones estén documentadas por quienes han tomado estas decisiones, ya que deben existir actas, oficios, documentos, contratos, convenios, contrataciones y compras con la evidencia pertinente y suficiente para que en algún momento se puedan determinar los posibles responsables, si es que la Administración Universitaria llega a determinar que puede ser justificado el generar gastos en un software que se aparta de las políticas institucionales; que no puede actualizarse sin antes utilizar sumas indeterminadas de dinero; que la casa que lo vendió desde el inicio ya no existe; que duró más de dos años en su instalación e implementación, y que al día de hoy ya está obsoleto.
Guardando las proporciones del caso, no quisiera pensar que este tipo de proyectos son semejantes a los emprendidos por los Gobiernos de la República, como la carretera a San Ramón, la refinería China, la minería a cielo abierto, la fallida trocha fronteriza o el caso del Banco de Costa Rica con el cemento Chino. Existimos funcionarios, docentes y administrativos, que nos encontramos insatisfechos con la poca capacidad de respuesta en relación con este proyecto, que desde mi perspectiva tiene trechos oscuros y que han generado dudosos o muy limitados beneficios. Finalizo con una inquietud, ¿estará la Universidad entonces frente a un proyecto similar que ha utilizado recursos infructuosamente y no se hará nada al respecto?
