El sistema de elección de los magistrados

Es inevitable que, cada vez que se produzca una “crisis” dentro del Poder Judicial, se cuestione la forma de nombrar a los magistrados de la Corte,

Es inevitable que, cada vez que se produzca una “crisis” dentro del Poder Judicial, se cuestione la forma de nombrar a los magistrados de la Corte, como si el modelo vigente tuviera la culpa y que su cambio, por otro lado, ha de ser la solución ideal y definitiva de los males de ese Poder de la República.

Desde 1949 al 2003 el modelo que operó consistió en que los magistrados eran electos por la Asamblea Legislativa por “mayoría simple” por un período de ocho años y se consideraban reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. (art.158 CP).

En el año 2003 se reformó dicha norma para que sean elegidos por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa y, además, se agregó que en el desempeño de sus funciones deberán actuar con eficiencia.

La reforma del 2003 se justificó en la necesidad de “instaurar un sistema de elección que garantice la objetividad y, en la medida de lo posible, la desaparición de la influencia político–partidista en tan importante designación” (folio 9 del expediente legislativo 13.617).

Ciertamente, la necesidad de una mayoría calificada de 38 votos –ya no de 29– obliga a que obligatoriamente exista un acuerdo mayoritario de fracciones legislativas y, en el mejor de los casos, un consenso entre todas ellas, lo que da seguridad jurídica en el proceso de escogencia, en el análisis de los atestados y en el propio de las virtudes de los candidatos.

Esta reforma fue oportuna y visionaria ya que, coincidentemente, a partir de la elección del 2002 desaparece el bipartidismo y se pasa a un pluripartidismo que se manifiesta en todo su dramatismo en la Asamblea Legislativa.

No hay duda de que la imparcialidad de la Justicia depende en gran medida de la independencia de quienes la administran y una  mayoría calificada de 38 votos evita que  prevalezca la voluntad de una fracción, tal y como venía sucediendo.

¿Se puede cambiar el sistema de nombramiento de los Magistrados? No veo ninguna posibilidad que dicha competencia se le pueda quitar a la Asamblea Legislativa. ¿A quién se le va a trasladar? ¿Al Colegio de Abogados? ¿A las Escuelas de Derecho? Si esa es la decisión, se estaría diluyendo la responsabilidad y, lo más grave aún, trasladando los escenarios para una indebida presión y para que muchas fuerzas oscuras puedan actuar sin control ni transparencia.

En los Estados Unidos, los magistrados son nombrados por el presidente, pero deben ser  confirmados por el Senado, proceso que usualmente atrae a un gran número de grupos activistas, quienes hacen campaña en pro o en contra del nominado.

Doce nominados han sido explícitamente rechazados por el Senado. En 1991, la nominación del juez Clarence Thomas fue casi rechazada debido a imputaciones de índole sexual, pero finalmente fue aprobado con una votación de 52 a 48.

La debilidad del modelo de Costa Rica radica en la ausencia de un procedimiento reglamentado, objetivo, claro, transparente y general a lo interno de la Asamblea.

Ante su ausencia, la metodología varía según sea la integración de la Asamblea Legislativa de turno y el ambiente político nacional. En el proceso en curso, la Comisión ya decidió asignar un 60% a los atestados y el 40% restante a la entrevista, pero es aparentemente una entrevista libre y subjetiva, ya que no responde a criterios técnicos previamente definidos.

Además, la Asamblea nombra al Contralor y al Subcontralor generales dela República y al Defensor de los Habitantes, y ratifica al Regulador General de los Servicios Públicos, de ahí la urgencia de un reglamento que defina el procedimiento.


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