En el pasado se decía que “tan ladrón era el que robaba un cinco como el que robaba una fortuna”. En la actualidad, la feroz competencia por el poder económico destaca a los que roban la mayor cantidad posible de bienes (la trocha con Laura Chinchilla, el cementazo, huecos económicos en las finanzas del Estado…); de ese modo, y que sirva como ejemplo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) fue introducido en nuestro Sistema Judicial para legalizar la participación de grandes empresas transnacionales y nacionales en la repartición de bienes y riquezas estatales como ocurrió con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que debido a ese Tratado “perdió su status de entidad autónoma” para beneficiar a las empresas privadas.
Esto sucedió después de más de 50 años en los que el ICE había construido y consolidado los sistemas nacionales de energía y telecomunicaciones con una cobertura de frontera a frontera y de océano a océano, beneficiando a todos sus habitantes con servicios a precio de costo. Este y muchos otros daños lograron el TLC contra nuestras leyes y nuestras instituciones al compartir la riqueza nacional con empresarios privados como Claro, Tigo, Movistar y otros, que utilizaron la infraestructura creada por el ICE en provecho propio. Insatisfechos los gobiernos corruptos, continuaron con el saqueo descarado mediante reconocidos programas y préstamos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros que vinieron a encarecer y endeudar más al país y su población.
Anteriormente, en los años 60, con el gobierno de Trejos Fernández había nacido el Banco Popular que obligaba a todos los trabajadores a cotizar con un porcentaje del pago salarial aunque estuvieran en desacuerdo. Las ganancias obtenidas por el Banco con base en las retenciones salariales de los trabajadores fueron tan grandes que la entidad optó por comprar aeropuertos, edificios y todo lo que representara ganancias a sus intereses.
Como la fortuna de las retenciones a los trabajadores seguía creciendo y acumulándose, los políticos decidieron crear una nueva entidad denominada “Operadoras de Pensiones (ROP)” compuesta por el Banco Popular, Vida Plena, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social y el BAC para seguir lucrando con el dinero de los trabajadores, aunque se diga que el dinero de los regímenes de pensiones están en peligro de agotarse y obliguen a los trabajadores a aumentar sus años laborales y sus cuotas.
Una investigación realizada y publicada el 10 de agosto por el Semanario Universidad señala que “el ROP, cotizado por 2,9 millones de trabajadores fue invertido en edificios de Zonas Francas… en universidades privadas, en centros comerciales como Multiplaza Curridabat, Lincoln, Mall San pedro, oficentros privados…” y un etcétera extenso de “124 edificios administrados y adquiridos por Improsa y el Grupo Financiero Acobo”, cuya inversión asciende a ₡79.544 millones. En síntesis, se fortalece el principio de que la riqueza procede de la fuerza de los trabajadores que generan plusvalía para sus patronos; además, como valor agregado, el dinero retenido a los trabajadores por las operadoras de pensiones se utiliza para financiar la compra de enormes bienes inmuebles donde laboran.
En el marco de este divergente y desigual panorama sociopolítico y económico habían transcurrido “los primeros cien días de gobierno del presidente Rodrigo Chávez” quién denunció, cual “cortina de humo”, las discordantes pensiones de lujo y las evasiones fiscales del periódico La Nación y Canal 7 y que, en sus campañas políticas, don Rodrigo había prometido como prioridad de su futuro gobierno bajar los índices de pobreza, los precios de los alimentos y la canasta básica. No obstante, las consultas populares y las encuestas confirman que los precios de los comestibles y el costo de vida siguen aumentando considerablemente.
Además de las mentiras presidenciales, otro factor que enfurece a la mayoría de costarricenses es la determinación del presidente de vender algunos activos estatales como los bancos y el Instituto Nacional de Seguros que tanto le ha costado a su pueblo construir (en tiempo y recursos económicos), para entregárselas a empresas privadas que solo buscan aumentar sus riquezas con el mínimo esfuerzo. Con esta medida, el presidente Chávez estaría dando seguimiento a las políticas neoliberales de los predecesores presidentes que tanto daño le han hecho a nuestra legislación y a nuestras empresas como el ICE a partir de la firma y entrada en vigencia del TLC.
Don Rodrigo también anunció su interés en legalizar la venta y consumo de mariguana para incentivar la recreación de los ticos junto con los deportes y la cultura. Si él es consecuente con sus proyectos de gobierno, posiblemente, tenga preparados sus propios terrenos para producir cannabis a gran escala; mientras tanto, el pueblo continuará adormecido envenenándose con el humo nocivo que despide la política demagógica y la corrupción mediática.
