La prensa informa que uno de los diputados de la actual Asamblea Legislativa, Enrique Sánchez Carballo, del Partido Acción Ciudadana, propone que se aumente legalmente el número y la calidad de las personas y organizaciones obligadas a denunciar cualquier sospecha razonable de maltrato y abuso contra menores de edad. Hoy solo tienen esta obligación las autoridades y personal de instituciones educativas o centros de salud públicos o privados. La iniciativa del diputado Sánchez Carballo extiende esta obligación ciudadana a asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo, deportivo, religioso o de otra índole. La iniciativa del diputado tiene buena inspiración y debería ser respaldada y mejorada para que existan en el país más posibilidades de que quienes abusan de menores sean castigados por sus delitos.
Algunos sectores, sin embargo, no lo ven así. Específicamente, la iglesia católica se movió toscamente en los medios para alegar que un sacerdote, que recibe en confesión información sobre abuso sexual contra niños, no puede informar de ello porque se lo prohíbe el Código de Derecho Canónico. Este Código señala que “El sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo”. El término católico “confesiones” cubre pecados como tener pensamientos fornicantes, pero también delitos, como asesinar a un obispo, quemar una iglesia con cientos de fieles en su interior, o dinamitar al bus que baña, alimenta y viste a quienes viven en las calles. Siempre, el confesor “calladito es más bonito”.
Conceptualmente el tema remite a qué tipo de ciudadano es un cura que, pudiendo cooperar en el castigo de delitos o evitarlos, permanece inalterable y mudo porque se lo prohíbe un código privado. Obviamente este Código (Derecho Canónico) no fue inspirado por el Espíritu Santo. Atenta contra la sociabilidad básica de las gente decente y ésta, según Tomás de Aquino, es la voluntad de Dios. De modo que habría que revisar el tal Código y preguntarle directamente al Espíritu Santo. ¿Quién lleva razón, la decencia ciudadana, Tomás de Aquino o el Código de Derecho Canónico? Obviamente, en las sociedades modernas, cuando se cometen delitos, ninguna institución o persona está por encima de la ley. Si conoce y calla estos delitos, se torna cómplice, colaborador o corresponsable. La justicia y la legislación dirán.
Los rudos voceros públicos católicos añaden a su roca (Derecho Canónico) que el confesor escucha las confidencias en condiciones precarias (poca o ninguna luz, no identifica al pecador y delincuente, si el cura es anciano suele ser medio sordo y si joven hojea revistas científicas o pornográficas, para todo hay gusto. De manera que apenas si se entera de quien le habla y qué confiesa. Receta sus padres nuestros y aves marías, recomienda no volver a asesinar al insoportable abuelo y ya. De todas maneras no recibe sobrepaga por confesar.
Agreguemos algo que no se les ha ocurrido todavía alegar a los curas no-ciudadanos. Si los confesores comienzan a denunciar delitos o a presentarse en los circuitos judiciales para confirmar acusaciones, los delincuentes fieles no irán a confesarse. Son brutos, pero no estúpidos. De modo que por aquí no camina el burro.
Sin embargo, el asunto podría cambiar algo. Según la iglesia católica, en la confesión, el pecador (aquí delincuente) se reconcilia con Dios (y con la iglesia agregan los taimados). Esto porque quien se confiesa con el cura reconoce y se arrepiente de sus pecados (y delitos). Pero la confesión supone la reparación del daño causado por el pecado o delito. En el caso del delito su reparación pasa por la confesión a la autoridad policial y judicial competente. Si esto no se hace, el cura no puede absolver a quien se confiesa, por ejemplo, a violadores. Si no hay reparación, no hay absolución, este debería ser el cartel luminoso instalado en cada confesionario. Por supuesto, los violadores se irían a otra iglesia todavía más permisiva y seguirían violentando. Pero en algunas de estas otras iglesias, quizás, sus pastores no estén atados por inconstitucionales códigos anti-ciudadanos. Y si el delincuente feroz es creyente sincero, arriesga el alma. En fin, me dicen que no hay salida perfecta (pero sí hay una: declarar inconstitucional el Derecho Canónico en todo lo que remite a delitos).
Este artículo me lo dictó “en lenguas” el Espíritu Santo. Les recuerdo que Don Holy no puede ser objetado de manera alguna. Así que manos a la obra.
