La incapacidad gubernamental de anteriores Administraciones Políticas del Estado los condujo a fundar Juntas de Notables, cuyos miembros supuestamente contenían la sabiduría y el conocimiento necesarios y suficientes para resolver las crisis políticas, económicas y culturales generadas en cada Gobierno. En todo caso, el error fundamental de las autoridades yacía en querer resolver las crisis creando grupos con el personal que le ofrecía su estrecho grupo gobernante: gabinete, amigos y familiares del presidente de la República como si fueran la máxima expresión intelectual del país.
Las torpes decisiones del presidente Alvarado lo forzaron a reimplantar aquellas absurdas Juntas de Notables, solo que con otro nombre: Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), y con elementos de su equipo de gobierno tales como don Rodolfo Méndez Mata y las señoras Geannina Dinarte y Silvia Lara, considerando que ese triunvirato poseía la sabiduría y el conocimiento concentrado para mejorar la gobernanza y resolver los problemas de gestión de Casa Presidencial. Los seleccionados por don Carlos Alvarado pueden ser excelentes técnicos en sus respectivos campos laborales y de estudio, pero eso no faculta ni les da la sabiduría óptima para sacar al Gobierno de los graves errores cometidos reiteradamente. Eso causa pena, congoja e hilaridad a la vez.
El espionaje organizado en Casa Presidencial, que ordenaba a las instituciones a proporcionar datos confidenciales de los costarricenses a la UPAD, de forma ilegal y contra el interés público, se originó el 20 de setiembre del 2018 con una carta enviada por el exministro Rodolfo Piza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el fin de que el Gobierno tuviera acceso a la base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único del Estado (Sinirube). De ese modo, desde mayo del 2018, Presidencia mantuvo una oficina ilegal que recolectaba información confidencial y que se convirtió en la UPAD con la publicación de decreto el 17 de febrero del 2020. Temerosamente, el decreto fue derogado por el mismo Carlos Alvarado el mismo 17 de febrero, solo horas después de su publicación. Los firmantes del decreto fueron el ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora, quien avergonzado por haber firmado un documento que luego confesó no haber leído pidió perdón y renunció al cargo de Ministro; no obstante, mantiene su jerarquía como diputado y el jugoso salario que pagamos todos los costarricenses.
El viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto Castro, también firmó el decreto sin justificar racionalmente el motivo de su firma. Pero el líder principal con el poder único de emitir decretos es el presidente Carlos Alvarado Quesada, quien cometió los delitos de prevaricato y violación de datos personales, tercer firmante e impulsor personal del decreto. La actitud del presidente ha causado vergüenza nacional entre sus habitantes pues él aún espera que los sumos Poderes del Estado lo perdonen y dejen sin condena sus abominables actuaciones…, tal como ocurrió en el pasado con el ‘caso de la Trocha’ donde la expresidenta Laura Chinchilla fue la líder intelectual del desastre ecológico y ambiental; o el ‘asunto del Cementazo’, en el gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, que involucró a jueces, legisladores y el liderazgo de Solís. Lo cierto es que, en esos casos y muchos otros, solo se responsabilizó y condenó a los acompañantes de Casa Presidencial por desarrollar sus proyectos y seguir sus órdenes. La responsabilidad y autoridad última la tiene el presidente de la República, que debe rendir cuentas de sus actos y proyectos; no puede heredar la responsabilidad a los que están bajo su mando como ha sucedido en anteriores administraciones. Solo estas tienen el poder político para ejecutar semejantes atrocidades delictivas. Tampoco pueden alegar ignorancia a las leyes, a su responsabilidad y a su deber, como hizo el depuesto exministro Víctor Morales Mora.
Cuidado señores gobernantes, el pueblo sigue tomando conciencia de tan acelerada corrupción y cualquier día puede reclamar sus derechos constitucionales básicos violados con insistencia: el derecho a un trabajo digno, a la seguridad ciudadana…, no se mendigan.
