El Poder Judicial, tanto en el área jurisdiccional como en el área auxiliar de justicia y en el área administrativa, ha venido sufriendo en los últimos años una verdadera crisis de recurso humano que no ha podido ser contenida ni por Gestión Humana, el Consejo Superior o la Corte Suprema de Justicia.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha venido observando este fenómeno en espera de acciones concretas por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, de manera paralela, nos hemos acercado al estudio y análisis de las causas que han motivado esta fuga del talento que tan necesario es para brindar un buen servicio a la ciudadanía costarricense.
La preocupación se acentúa si delimitamos el problema a las personas trabajadoras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que, definitivamente, van asociadas a estas renuncias que han sido, en los últimos años, alrededor del 625 de personas funcionarias de la Policía Judicial, Medicina Legal y Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses.
Las personas funcionarias de este ente auxiliar de justicia son determinantes para la efectiva lucha contra flagelos actuales, como el crimen organizado, y que podría establecerse, sin temor a dudar, que podría existir correlación entre renuncias y aumento de los índices de criminalidad e impunidad que tanto se viene hablando en los últimos meses. Claramente, es una hipótesis que valdría la pena ser tomada en cuenta en un estudio por parte de las autoridades.
SITRAJUD tiene claro, y así lo hemos venido denunciando en nuestros canales de comunicación y en la prensa nacional, que este problema obedece a causas de diversas índoles que no se pueden enfocar únicamente en las afectaciones generadas por el límite que impone la Regla Fiscal, los cambios abruptos e inhumanos en la reforma jubilatoria o las consecuencias de la Reforma Fiscal, la recién estrenada Ley Marco de Empleo Público en los salarios de las personas servidoras judiciales o nuevas responsabilidades otorgadas por nuevas legislaciones sin contenido presupuestario.
Es urgente que nuestras autoridades, miembros del Consejo Superior, personas Magistradas, Jefaturas y mandos medios, vuelvan su mirada a la situación interna que se vive en este Poder de la República y poder establecer las causas comunes que son estructurales.
Nosotros como personas trabajadoras organizadas no podemos quedarnos de brazos cruzados y con la mirada hacia otro lado, por lo que hemos reunido a varios exagentes del OIJ que, con lágrimas en sus ojos, nos han dado importantes insumos para poder hacer ese diagnóstico que, sin duda, lo vamos a dar a conocer en su momento.
No es el momento de ahondar en estas causas, pero podemos apuntar a unas cuantas que son importantes en la retención de estas personas servidoras y solamente depende de la acción de las jerarquías y jefaturas:
- Pésimo ambiente laboral en las oficinas judiciales y que no hay, en apariencia, voluntad para que mejore en el tiempo.
- Falta de habilidades blandas en muchas de las jefaturas del OIJ.
- Irrespeto del Estatuto de Servicio Judicial, Reglamento de Viáticos, de normativas de Salud Ocupacional, entre otras.
- Nombramientos de personal en ubicaciones geográficas ilógicas que complican conciliar el tiempo laboral con el de familia.
- Enfoque equivocado de la Profilaxis que se confunde con una compensación económica.
- Uso de la tecnología de manera inadecuada que dificulta las labores administrativas incrementando el trabajo incluso duplicándolo.
- Irrespeto de los tiempos de descanso entre jornadas.
- Jornadas excesivas de trabajo, exceso de registros, duplicidad de funciones, entre otras.
- Excesivas cargas de trabajo que obligan trabajar horas extra sin paga e incluso fines de semana.
- Abuso del régimen sancionatorio por incumplimiento de cargas laborales, en lugar de realizar estudios de cargas laborales.
- Inexistencia de estudios técnicos que valoren estos problemas que han causado las renuncias.
El SITRAJUDl seguirá investigando estas causas también en el área jurisdiccional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el sector administrativo. Nuestra función de control ciudadano es, aparte de defender las causas justas de las personas trabajadoras, garantizar que el servicio que brindamos a la ciudadanía costarricense sea de calidad.
