La educación a lo largo de la vida es un derecho fundamental para todas las personas, no importa su edad. Nuestro país incluyó este derecho para las personas mayores en su Ley 7935, en 1999, y lo ratificó con el apoyo a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la promulgación de la Ley 9394, en el año 2016.
El Programa Integral para la persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) se plantea como un Programa de Acción Social desde 1986, y desde sus inicios ha contado tanto con recursos institucionales como con recursos aportados por sus estudiantes. Estos recursos son administrados de acuerdo al Reglamento de Vínculo Externo y manejados con transparencia por la FundaciónUCR.
En la publicación realizada por este medio la semana anterior, se dan cifras que si no se contextualizan pueden resultar un poco engañosas. Se dice que contamos con un presupuesto para el año 2020 de 114 millones de colones, entiéndase que es una proyección de ingresos que depende de la cantidad de personas que concrete su matrícula. De esa cantidad, hay que restar un 20% de gastos administrativos (5% FundaciónUCR y 15% Fondo de Desarrollo Institucional). Esto significa que los estudiantes del PIAM hacen un aporte real y significativo a los proyectos universitarios mediante el Fondo de Desarrollo Institucional, cuyo propósito es contribuir con el desarrollo equilibrado de las áreas y dimensiones del quehacer universitario, dentro de principios de solidaridad y excelencia académica de la Universidad de Costa Rica.
El restante 80% de los ingresos proyectados se invierte en, aproximadamente, un 20% en el pago de los préstamos que se tienen para la compra del inmueble en que se encuentran las oficinas administrativas del Programa y tres espacios que funcionan como aulas, ya que dentro de las instalaciones que tiene nuestra Alma Máter no se encontraron espacios propios para ubicar nuestro Programa y, como estas instalaciones son propias, debemos pagar adicionalmente por todos los servicios (agua, electricidad y servicios e impuestos municipales). Es importante anotar que una vez canceladas estas deudas (año 2024), las instalaciones pasan a formar parte del patrimonio de la Universidad, como un aporte sustantivo de las personas mayores estudiantes del PIAM.
Por otra parte, para ofrecer algunos de nuestros cursos se requiere pagar a facilitadores mediante el rubro “remuneraciones”, que implica una inversión de más de un 50% de los ingresos, pues contempla los gastos referentes a salarios y sus respectivas cargas sociales.
El restante 10% se utiliza para “apoyos financieros a terceras personas”, con esto se financian los dos procesos de matrícula que se realizan al año, durante el I ciclo y el II ciclo. Para realizar estos procesos y atender a más de 3.000 estudiantes en un proceso de matrícula presencial, se requiere de unas 20 personas de apoyo; por esta razón, es necesario contratar personal temporal, generalmente estudiantes de nuestra universidad, a quienes se les brinda un pago de acuerdo con lo que se establece para horas asistente.
Como parte de la comunidad universitaria y en aras de la transparencia y rendición de cuentas, nos parece trascendental brindar esta aclaración sobre los ingresos y la inversión que hacemos en beneficio de la población mayor que se acerca a la Universidad. Sobre todo en esta coyuntura en la que parece que la administración universitaria está tomando medidas para “ordenar la la casa” las cuales no son consensuadas, ni inclusivas ni participativas acerca de los Programas de Acción Social.
