Dentro de un año nuestra universidad tendrá un nuevo rector/a. Algunos académicos ya están organizándose y discutiendo problemas domésticos. En unos casos, pensando más cerca de la continuidad con la actual gestión; en otros, con una postura crítica. La discusión política y la organización o reorganización de distintos grupos y nuevas coaliciones dicen de la conformación que las nuevas fuerzas políticas en la universidad abrirán una nueva etapa después de la gestión del actual rector.
Pero todavía no dicen nada del así llamado Plan Fiscal, ni de los nuevos proyectos que, deducidos de este, representan la mayor amenaza a la autonomía universitaria en toda la historia del país. Estos proyectos destruyen la idea de la educación superior como factor de movilidad social, además de precarizar la estabilidad de los funcionarios de las universidades públicas. A muchos académicos la burbuja ideológica y las fidelidades partidarias, contra toda evidencia, los tienen en estado de negación de la realidad política. Este silencio es preocupante.
Estos nuevos proyectos son: la derogación del derecho de huelga, la Ley de Empleo Público y la unificación del sistema de pensiones. Todos ellos presentan un marcado sesgo autoritario, que se hace fuerte por la coalición política y social que los sostiene, y por la desmovilización de la subjetividad social universitaria, producto del oportunismo político y la diplomacia de los intereses contrarios al bien común.
En las universidades creímos que este gobierno era la continuación del anterior, por eso nos desentendimos de las luchas sociales y abandonamos al Magisterio Nacional, que es nuestro aliado “natural”, en un acto de microfísica de la torpeza política. Nuestro desacierto ha sido casi unánime.
La corporación hostil a la educación superior pública está liderada por el Presidente de la República y, obviamente, por el Poder Ejecutivo y la alianza con el PUSC, que co-gobierna el país. Asimismo, está acompañada por una coalición en la Asamblea Legislativa, con la entusiasta participación de los partidos tradicionales y de los nuevos partidos políticos (con excepción del FA). Además, por el poder económico de las cámaras empresariales y, por último, por el poder de construcción de significantes de los grandes medios de comunicación.
Estos aventureros nominativos le llaman “justicias alternativas” a la pérdida de derechos; progresista a lo conservador y a la desinversión en educación y programas sociales les llaman “responsabilidad fiscal”. Repiten un guion construido en otra parte, poniendo el acento en los supuestos “privilegios” que goza la “élite académica”, ocultando que vienen a implantar un régimen económico neoliberal, una política posnacional y una retórica de la posverdad.
Nuestros errores, que no son muchos pero sí son muy prolongados y persistentes, no necesitan leyes restrictivas de la autonomía sino una conducción académica y política con una mirada ética, nacional y popular. La limitación de las así llamadas “pensiones de lujo” no necesita de la unificación del sistema de pensiones (su agenda oculta es el segundo asalto a los fondos jubilatorios). Ponerle techo a algunos altísimos salarios del sector público (una ínfima minoría) no necesita de una ley de empleo, cuyo objetivo declarado no es mejorar los malos salarios, sino disminuir los salarios dignos.
La Costa Rica “esencial” no es (solamente) aquella llena de vida de animales no humanos, exuberancia vegetal despojada de historia y de racionalidad ética y política. Lo esencial son los proyectos humanos, lo democrático, lo republicano, no la concentración de poder en instancias del Poder Ejecutivo (“un solo Estado, un solo patrono”), no la negación del plexo de contratos que sostiene la Constitución Nacional. El neoliberalismo soviético no es esencial. Lo esencial es el fortalecimiento de todo aquello que hizo de este el país más igualitario de América Latina. Los neoliberales no necesitan democracia, justicia social y república porque son economicistas. Nosotros sí, porque para nosotros esos valores son “esenciales”.
Ahora bien: ¿Es la universidad pública uno de los lugares sociales, culturales y políticos, para poner en cuestión la manera en que se gobierna? ¿Podremos hacer cambios en la Universidad sin incluir tensiones con los actores neoliberales? ¿La Educación Superior Pública es un “bien” o un derecho humano?
En mi opinión, estos son los desafíos más importantes que deberá afrontar quien asuma la Rectoría el año próximo. La realización de su plan de gobierno estará fuertemente condicionado por la hostilidad de la corporación anti-estatal.
De aprobarse las leyes que continúan al Plan Fiscal, se perderá la autonomía en nuestra política de empleo y de Régimen Académico. Pensionarse será sinónimo de caer en la pobreza y eso perjudicará a las jóvenes generaciones, y la vida laboral universitaria con un horario, una tarea y unos derechos garantizados será transformada en un ámbito de trabajo hostil, angustiante y tóxico producido por el meritocrático sistema de evaluación del desempeño que propone el Mideplan.
No estoy contando ningún secreto lleno de densidad existencial, sino “cosas” que nos están pasando a todos, y otras que nos podrían llegar a pasar si no salimos de la parálisis política en la que estamos. No quiero discutir que el sol “sale” por el este y se “oculta” por el oeste. Quisiera cuestionar a todos aquellos que todavía creen que pueden tapar el sol con los dedos.
