Para el rescate en la conciencia colectiva, del impacto histórico ejercido por el sector público en la construcción y mantenimiento de una infraestructura de orígenes solidarios, es necesario recordar que los fundamentos establecidos para el ejercicio libre del trabajo o la profesión en las empresas estatales, es la búsqueda incesante de un acceso equitativo a los recursos, sin discriminaciones socioeconómicas para nadie. Una de las instituciones que mejor conceptualiza este principio, es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dentro de esta institución, se identifican diversos actores que, de forma armónica e integrada, conforman el engranaje necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario solidario. Dentro de este grupo, cabe mencionar el papel destacado de los médicos especialistas.
Un médico especialista ha superado 6 años de formación de pregrado; posteriormente es seleccionado mediante un riguroso proceso de evaluación para cursar un posgrado, cuya duración oscila entre los cuatro y siete años. Durante este periodo, el médico deberá aprender a desempeñarse en una dualidad interesante de funciones, pues es estudiante y trabajador de forma sincrónica y de tiempo completo, es decir, debe responder a las demandas académicas de su centro universitario y a las normativas y exigencias de la CCSS.
Este grupo de médicos desarrolla progresivamente las competencias necesarias para manejar las patologías de mayor complejidad y, están comprometidos a obtener los mejores resultados clínicos y operativos. Defienden la autonomía de esta institución, así como sus principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
Sin embargo, existe un real y creciente riesgo de extinción de estos profesionales en el sector público, pues sus proyecciones laborales están siendo comprometidas, al ser ubicados en centros médicos que no reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de sus capacidades académicas o, por la carencia de personal de apoyo capacitado. Además, existe una errónea propaganda, que faculta, promueve y avala que el trabajo derivado de los médicos especialistas está sobrevalorado e, inclusive, se denuncian aparentes salarios exorbitantes, sin estudios técnicos que validen este promedio salarial nacional, y por el contrario, no se evidencian las pobres expectativas económicas que deberá afrontar este recurso médico especializado que pronto se graduará e incorporará a la institución, y por consiguiente, sus posibilidades de permanecer en la CCSS se ven francamente comprometidas.
El reciente aumento salarial aprobado por la Junta Directiva de la CCSS a todos los trabajadores de la institución, incluido el sector salud, de 7.500 colones mensuales, se aleja de reivindicar la calidad y responsabilidad del ejercicio de su labor y lo coloca en una situación económica en continuo conflicto con el creciente costo de vida.
Es mi opinión, finalmente, que el sistema de gobierno ha delimitado sus prerrogativas menoscabando los derechos del sector salud bajo su propio concepto de justicia socioeconómica.
En definitiva, es momento de analizar y establecer cuáles condiciones estamos dispuestos a sacrificar y, si la pérdida paulatina de los médicos especialistas en la salud pública carece de valor para el gobierno central, pues el camino trazado y propuesto, es lamentablemente la vía para este fracaso.
