NUESTRA VISIÓN
Nosotros, estudiantes del curso de Criminología de la carrera de Derecho de la Universidad Escuela Libre, hemos intentado acercarnos críticamente al agobiante problema de la sobrepoblación carcelaria que impera actualmente en nuestro país.
Esto tomando en cuenta el gran desafío que dicha situación representa para nuestro país, garante y suscriptor de vitales instrumentos de Derechos Humanos.
Problema nacido, para algunos expertos (José Manuel Arroyo, El sistema penal ante el dilema de sus alternativas, pp.163), a partir de la crisis económica que experimentó nuestro país a finales de la década de los años 80. Lo cual generó una progresiva política punitiva de encarcelamiento con el aumento del tiempo de prisionalización, la restricción de beneficios carcelarios, la creación de nuevas criminalidades, y la instauración de procesos penales sumarios como la flagrancia.
Reformas punitivas acompañadas de un discurso político populista poco fundado, dado que estas fueron llevadas a cabo sin contarse con análisis y estudios que permitiesen prever que los remedios dados eran los justos y necesarios ante la supuesta impunidad, o supuesta descontrolada delincuencia. Así como si el país contaba con la capacidad para albergar y atender una nueva gran población carcelaria.
La consecuencia es que hoy nuestros centros penales exceden hasta en un 125 por ciento su capacidad de alojamiento y atención. Esto, en clara violación de los pactos internacionales sobre derechos humanos suscritos por nuestro país, fuerza a los miles de privados de libertad a sobrevivir en ambientes inhabitables, violentos e inhumanos con muy pocas posibilidades de rehabilitación.
Ello a pesar de que algunos estudios han demostrado que la gran cantidad de personas en nuestras cárceles no implica necesariamente que hayamos tenido un aumento desmedido del fenómeno criminal. (José María Rico, periódico La Nación, 22 de enero de 2013).
Por más cárceles que consideremos nos hagan falta para solucionar el problema del hacinamiento, pensamos que ante el uso desmedido e indiscriminado de la prisión, nunca habrá suficientes cárceles, ni recursos, ni espacios para solventarlo.
POLÍTICA CRIMINAL
Concordamos con el Dr. Javier Llobet Rodríguez (El Debate entre el populismo punitivo y el garantismo), en cuanto a que en nuestro país por los medios de comunicación colectiva se ha fomentado un temor desmedido, y ciego, diríamos nosotros, sobre el fenómeno delincuencial.
No obstante, debemos reconocer que nuestras percepciones, afectos o desafectos, sobre lo que se ha venido haciendo en nuestro país en materia punitiva, carecen de un mejor sustento científico o criminológico. Esencia quizás del problema.
Consideramos que carecemos del conocimiento certero, o bien fundado, de nuestro fenómeno criminal. Es decir, carecemos de una entera, sistemática, integral y orientada Política Criminal.
Entendiendo por Política Criminal un apartado de la Política General para el desarrollo de nuestro país, tanto en sentido estricto como en sentido amplio. Tal y como explica el experto profesor Elías Carranza (Política criminal y humanismo en la reforma de la justicia penal). Es decir la construcción de objetivos, asignación de recursos, utilización de medios, obtención de resultados, etc. Aspectos penales (policía, jueces, fiscales, cárceles, etc.) y sociales (salud, vivienda, educación, trabajo, etc.) para atender el fenómeno delincuencial.
¿Es la amenaza de cárcel o bien su imposición, el medio de contención o integración para los cambios socioeconómicos experimentados por nuestro país en los últimos 30 años?
La respuesta a tan compleja disyuntiva conlleva orientar la discusión a los diversos saberes sobre la construcción de nuestra Política Criminal. Dejando con esto las ocurrencias, el mero cálculo político transitorio, las soluciones parche, y el manejo parcial e inconexo de la información criminológica.
Abogamos por una política criminológica que contemple, independientemente de las presiones mediáticas y la sangre noticiosa del día, la proposición fundada de políticas punitivas balanceadas y proporcionadas. Dentro de las cuales, posiblemente, tengan un mejor lugar las penas alternas para delitos menos gravosos, la opción del Servicio Comunitario, una mayor inversión social en las poblaciones más excluidas, la atención de las crecientes desigualdades sociales, y mayores y mejores posibilidades educativas.
Kelly Barboza Valverde cédula 115640925
Anghella Borges Aparcedo cédua 186200134709
Marcos Castro Camacho cédula 1-1522-0089
Ricardo Fernández Amador cédula 1-1541-0375
Juan Pablo Fernández De la Herrán cédula 8-0098-0535
Andrés Funes Mata cédula 1-1518-0571
David Guido Alvarado cédula 6-0312-0189
Rosita Gutiérrez Vargas cédula 1-1358-0690
Michael Jiménez Fernández cédula 1-1080-847
Keyna Martinez Barrios cédula 3-0420-0718
Isabel Picado Cornejo cédula 2-0713-0186
Nikole Sánchez Mora cédula 1-1606-0031
Felipe Suñol Brealey cédula 1-1317-0236