Hablar de pensiones es hablar de su futuro, es poner sobre la mesa temas que necesariamente impactarán la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes los rodean, especialmente, en una etapa tan distinta como lo es la tercera edad, un norte donde cada vez más la mayoría de nuestra población está densamente más visible.
El sistema nacional de pensiones atraviesa por un momento donde se requiere de una visión clara y un diálogo abierto, franco y decidido que favorezca la toma de decisiones adecuadas encaminadas a robustecerlo, para asegurar, así, la tranquilidad a nuestros ciudadanos de que podrán disfrutar de un ingreso digno una vez que alcancen la edad de retiro laboral. Esto es fundamental para generar la confianza irrestricta de la población en un sistema que seguirá funcionando en el tiempo de forma sostenida y equilibrada.
Los retos que se enfrentan tienen asidero principalmente en dos aspectos: la sostenibilidad financiera de los regímenes existentes (atenuada a diversos factores) y la situación demográfica costarricense.
Desde hace varios años Costa Rica ha venido enfrentando un proceso gradual de envejecimiento, según el Mideplan, el porcentaje de la población mayor de 65 años al 2020 era de un 8,86% (menos de 1 costarricense por cada 10), misma que para el 2050 será del 20,72% (más de 2 costarricenses por cada 10), lo que provocará que el sistema de pensiones deba otorgar y sostener más pensiones, las cuales deben garantizar una adecuada calidad de vida.
Además, la tasa de natalidad en nuestro país también sigue reduciéndose gradualmente. Datos del INEC indican que al 2019 el índice de fecundidad era de 1,56 hijos por mujer, lo cual también enciende las alertas en torno a la próxima generación de trabajadores, la cual podría ser más pequeña que la actual, impactando, de manera directa, en la solidaridad intergeneracional de los fondos de pensiones.
No obstante, los gobiernos de turno en conjunto con las instituciones administradoras de pensiones deben enfocarse en desarrollar planes de acción y medidas adicionales que contrarresten el impacto de estos cambios demográficos.
Precisamente, una de las medidas que se han tomado para compensar estos desequilibrios es la apertura de diversificación de inversiones con los fondos de pensiones, lo cual busca generar mayores ingresos para fortalecer las reservas de estos fondos y, así, garantizar el pago solidario de las pensiones a futuro. Aquí es importante hacer una pausa para hablar de la solidaridad de los sistemas de pensiones, cuya característica principal la constituye el hecho de que las generaciones activas financian las pensiones en curso de pago, cuya situación, si bien es cierto se ve comprometida por la baja natalidad, también es cierto que permiten cubrir las pensiones de aquellas personas que por circunstancias de invalidez, orfandad o viudez requieren de una pensión que les permita sufragar sus necesidades en esos momentos de vulnerabilidad.
Con respecto a la diversificación de las carteras de inversión de los fondos de pensiones, precisamente, el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), a través de la nueva Ley 10.078, logró el aval para realizar este tipo de inversiones en el extranjero y en infraestructura de obra pública y privada, lo que brinda mayores opciones de prolongar aún más su sostenibilidad en el tiempo.
Debo señalar que el RCC, administrado por Jupema, ha demostrado que sí es posible manejar un fondo de pensiones de manera exitosa, sana y sostenible en el tiempo. Hoy por hoy, es el fondo de pensiones más grande del primer pilar, con una reserva de ₡4 billones.
Lamentablemente, otros regímenes del primer pilar, como el IVM y el Poder Judicial, enfrentan condiciones complejas para garantizar su sostenibilidad futura debido a los cambios demográficos y la situación financiera nacional e internacional. Paralelamente, cerca del 40% de los adultos mayores no cuentan con una pensión y se espera que ese porcentaje vaya en aumento, por lo que se debe impulsar una gran discusión nacional e interinstitucional que genere alternativas claras, objetivas y equilibradas que permitan asegurar la estabilidad del sistema para garantizar una pensión a esta población.
Además, las barreras del mercado laboral del país hacen que, en el caso de las mujeres, el acceso a la pensión sea más complejo, ya que la irregularidad laboral es mayor para esta población, lo que las pone en desventaja en términos del monto que pueden percibir por este concepto al momento de su retiro.
Otro elemento adicional es una serie de iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa que buscan introducir cambios en algunos de los regímenes de pensiones, que no necesariamente implementan una visión de fortalecimiento del sistema, lo cual debe ser revisado.
Todos estos factores ponen sobre la mesa la importancia de trabajar, de manera interinstitucional, en nuevas estrategias y medidas para fortalecer el sistema nacional de pensiones. Incluso ya ha surgido una discusión, entre algunos actores, sobre la conveniencia o no de la universalización del sistema de pensiones.
Los expertos en pensiones se debaten entre dos posiciones: Primero, el cierre de los regímenes del primer pilar, es decir IVM, Poder Judicial y Magisterio Nacional, y sustituirlos por una pensión universal. Segundo, mantener este pilar como opción para trabajadores asalariados y otorgar una pensión universal como un complemento, de tal forma que si alguien no tuviera una pensión por el primer pilar tendría al menos la pensión universal.
El reto para crear una pensión universal para quienes no han cotizado al sistema y sin menoscabo, ni detrimento de la pensión básica del primer pilar, es cómo lograr su financiamiento, si a través de impuestos o por medio de nuevas cotizaciones.
Este es un tema que por la realidad que enfrenta nuestro país debe comenzar con una discusión pública, reposada y profunda de manera que se pueda mantener la protección del derecho a la pensión de las personas, garantizando un sistema sostenible a lo largo del tiempo.
