El 4 de mayo, dos semanas antes de finalizar su periodo, el ahora exrector Henning Jensen Pennington anuncia su jubilación. Sin embargo, la renuncia real a su responsabilidad de conducir la Universidad de Costa Rica (UCR) empieza mucho tiempo atrás; baste recordar que durante los últimos cuatro meses asiste pocas veces al Consejo Universitario, aunque el Estatuto Orgánico consigna su presencia como obligatoria.
Por ello, se valora positivamente que, a partir del 18 de mayo, mientras la comunidad universitaria designa a la persona que ocupará la rectoría para el período 2020-2024, asuma una administración transitoria, encabezada por el Dr. Carlos Araya Leandro y un consejo de rectoría integrado por colegas de reconocida trayectoria.
El principal desafío para la administración provisional es recuperar la confianza de la comunidad universitaria. Tal y como lo indicamos en el momento de su designación, apoyaremos al rector Araya si su gestión avanza en esa dirección. La confianza de nuestra comunidad se recuperará cuando las autoridades ofrezcan canales donde la transparencia de la gestión pueda ser constatada, cuando abran los espacios de participación y decisión, apoyen al estudiantado que se ha visto afectado por las normas sanitarias para afrontar la pandemia, revisen y reestructuren las finanzas institucionales y defiendan la autonomía universitaria.
Además, es innegable que la salida adelantada del Dr. Jensen ocurre en un momento sumamente grave. Transitamos una crisis global que amenaza la salud física y emocional de millones de personas en todo el mundo, que tiene devastadores efectos económicos y sociales, y en muchas sociedades genera incertidumbre en el plano político.
Hay que evitar que esta crisis termine profundizando la desigualdad en el acceso a la educación superior pública en el país. Se sabe que en la UCR hay situaciones de exclusión tanto en el sector estudiantil como en el docente. Urge saber a ciencia cierta cuántas personas de nuestra comunidad están siendo excluidas por la brecha digital y tendremos que plantearnos cómo lo vamos a superar.
En los próximos meses tendremos que hacer todos los esfuerzos posibles para contribuir con la reconstrucción del sector productivo (en toda su diversidad) y el entramado social que permita una salida novedosa de la crisis, disruptiva, que lleve a construir un país más equitativo y sostenible. La universidad está llamada a coadyuvar de manera asertiva al diálogo social.
En lo que respecta a la grave situación económica y social que ya estamos viviendo, es previsible que en el futuro cercano se tengan que enfrentar escenarios adversos para nuestro financiamiento, con implicaciones presupuestarias aún no determinadas.
También, como comunidad universitaria debemos contribuir a transformar el fin de la gestión Jensen en un momento oportuno para iniciar un proceso de diálogo participativo y democrático, incluyendo a los sectores que la integran (docente, estudiantil y administrativo), con tres tareas principales.
La primera es realizar un diagnóstico preciso que permita determinar la situación real de las actividades sustantivas (docencia, investigación y acción social), de la vida estudiantil, así como de los aspectos administrativos y financieros. Esto incluye un análisis interno y una interpretación cuidadosa del entorno para comprender nuestras principales oportunidades, amenazas y riesgos.
Sobre la base de ese diagnóstico colectivo, la administración transitoria, en conjunto con el Consejo Universitario, debe perfilar un plan de contingencia y acciones de corto plazo para atender la situación del 2020.
La tercera tarea es potenciar al máximo el aporte y la incidencia institucional para enfrentar la crisis y contribuir a un escenario pos-COVID-19 orientado por políticas de bien común. La institución debe pasar de realizar acciones aisladas a un esfuerzo coordinado de todas las áreas y actividades sustantivas.
Al mismo tiempo, un accionar en ese sentido dejaría insumos para que la nueva administración, que resulte electa en el segundo ciclo, pueda iniciar con información clara sobre la situación que enfrenta en el corto y mediano plazo, y con iniciativas que han sido avaladas colectivamente.
De este modo, se concluye que para que este proceso de gestión abierta sea posible es imprescindible acabar con prácticas que prevalecieron durante la gestión Jensen, como la opacidad informativa, la judicialización de la política institucional, el clientelismo y la gestión por castigo desde la rectoría. Dichosamente la nueva administración transitoria está dando pasos iniciales que esperamos se consoliden para cambiar estos rasgos reprochables. Es lo que en este momento crítico de nuestra historia necesita el país y, por ende, nuestra institución.
