Opinión

El Estado es responsable del asesinato de indígenas y de impunidad por ese crimen

El presente artículo resume nuestras principales preocupaciones y observaciones respecto a la problemática que enfrentan nuestros pueblos indígenas, tanto en torno a la integridad de nuestros territorios y a nuestro efectivo derecho a ocuparlos, como en cuanto al incremento de la violencia, el hostigamiento y la persecución que enfrentamos en este contexto.

Consideramos que el Estado costarricense es también culpable de la muerte de nuestros compañeros, Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera, debido a que no se ha querido hacer uso de mecanismos ya existentes, como lo es del saneamiento territorial -acciones que el Estado debe realizar para aplicar la ley, indemnizar a quien corresponda y expropiar a quien se debe para devolver las tierras a sus dueños indígenas legítimos-, para poner fin a dicha situación, al tiempo que se permite a los grupos usurpadores actuar bajo un marco de protección e impunidad.

Consideramos al saneamiento territorial, o al establecimiento jurídico de los límites de nuestros territorios, como un elemento clave dentro de una posible solución a la escala de la violencia que se vive actualmente a lo interno de los territorios indígenas. Sin embargo, este mecanismo ha sido reiteradamente ignorado u omitido por las autoridades gubernamentales dentro de la “estrategia” que han desplegado para abordar dicha problemática. Esto, a pesar del hecho de que los pueblos indígenas han aceptado reconocer lo establecido en el decreto de 1956.

La negativa por parte del Poder Ejecutivo de recurrir a una solución como la que aquí planteamos, ha implicado que zonas de nuestros territorios tengan que enfrentar la carencia de recursos tan fundamentales como lo puede ser el agua potable, como sucedió, por ejemplo, en la zona de Tsiru Ué, Villa Hermosa o Uniko, por la falta de seguridad respecto a los límites de nuestros territorios.

Al mismo tiempo, la falta de diligencia e interés de los diferentes gobiernos para solucionar la problemática del no reconocimiento del derecho de ocupar legítimamente nuestros territorios, así como para establecer la correcta delimitación de los mismos, se ha traducido en una situación en la que, mientras que empresas de origen nacional y transnacional los explotan y profanan impunemente, varios de nuestros compañeros y compañeras han tenido que enfrentar denuncias judiciales por el simple hecho de reclamar y hacer uso de lo que nos pertenece.

Por otro lado, las soluciones que plantea el Poder Ejecutivo —como, por ejemplo, el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI)—, carecen de detalles concretos sobre los trámites y procedimientos que se seguirán para hacer la correcta devolución de estas tierras, lo cual las convierte en propuestas vacías, y carentes de sentido práctico, al tiempo que muestran la falta de una verdadera intención de ponerle fin a la situación de violencia y discriminación sistemática que padecemos.

Asimismo, el abordaje que ha dado el Poder Ejecutivo a esta situación, en el caso de Salitre, por ejemplo, ha estado marcado por el letargo burocrático. Mientras tanto, se ha producido la venta ilegal de zonas de nuestro territorio por parte de los mismos usurpadores. Como ya se mencionó, todo esto ha sucedido en un contexto de total y absoluta impunidad, dentro del cual las instancias del Poder Judicial más bien parecieran operar a favor de las personas y empresas usurpadoras.

La impunidad del Estado es tal que tenemos más de cien casos penales y agrarios procesados o en trámite. Solo yo tengo presentados más de veinte. En uno de esos, en vez de lograr resolver la situación, más bien casi termino condenado a varios años de cárcel porque estaba recuperando mi tierra. Todos los casos están archivados, no hay pruebas y más bien me han impuesto medidas cautelares para que no vaya a mi tierra. ¡Eso es impunidad! No solo en los casos que tenemos, donde están los compañeros denunciados, sino en el asesinato del hermano Sergio, quien vino a aumentar aún más la situación de impunidad.

Finalmente, otro elemento central dentro de esta problemática corresponde a la creación e imposición de las Asociaciones de Desarrollo (ADI) a lo interno de los territorios indígenas, las cuales, además de violentar y negar nuestro derecho a la autodeterminación política y organizativa, solamente han servido como instrumento para seguir perpetrando la usurpación de nuestros territorios, atizando así el conflicto, al tiempo que dividen a nuestras comunidades.

 

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