La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene su sede en Costa Rica, pero esto no parece ser razón suficiente para que el Gobierno tome como referencia elementos básicos sobre cómo atacar la violencia de género y las violaciones sexuales.
La Corte conoció en el 2009 el caso “Campo Algodonero” y condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados en Ciudad Juárez, víctimas de un particular ensañamiento sexual.
Como parte de las investigaciones, la Corte concluye que, aunque estos actos se ejecutan por parte de particulares, el Estado pudo haber permitido que se perpetuara la violencia contra la mujer con respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de estos crímenes. En este caso, la Corte analizó algunas de las frases estereotipadas de las autoridades, como: “Que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa”.
La Corte reiteró que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas y debe prevenir las prácticas degradantes por parte de los particulares.
Dispuso, entre otras cosas, que el Estado mexicano debía:
- Usar medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos, así evitando la repetición de hechos iguales o análogos.
- Implementar búsquedas de oficio y sin dilación cuando se presenten casos de desaparición.
- Implementar programas y cursos permanentes en derechos humanos y género, perspectiva de género para la diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales, superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres.
Tomando lo anterior como referencia, veamos la situación que viven las mujeres en Limón. El pasado 6 de enero, una turista abordó un tuk-tuk, el conductor la desvió a una playa donde un grupo de hombres la agredieron sexualmente por varias horas. El 21 de enero, un caso más fue reportado. Según personas de la zona, estos eventos pasan al menos una vez al mes y un grupo organizado se aprovecha de turistas que no hablen español y averiguan la fecha de sus vuelos, para cometer este tipo de actos el día antes de que estas tengan que irse, para que la denuncia no se interponga. Ha sido una situación recurrente, no tomándose medidas significativas de seguridad ciudadana ni se presenta una asistencia digna a las víctimas, incluso la policía tomó la declaración de una de las víctimas en media vía pública, sin siquiera proveerle ropa para cubrirse.
Además, circuló una Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas publicada por la Comisión Nacional de Seguridad Turística, que evidencia como antecedente la ocurrencia de hechos delictivos, homicidios de mujeres en condición de turista, entre los años 2018 y 2020. Recomienda a las turistas: “Tenga cuidado con los mensajes que una actitud muy amistosa o de confianza puedan generar”; “Muchas situaciones de riesgo o de abuso de confianza se generan a través de la percepción errónea de este tipo de interacción”; “Procure vestir un estilo similar al local”; “Prefiera los horarios diurnos” y “Evite caminar a solas en horario nocturno”.
Esta Guía deja en evidencia que existe un peligro latente desde el 2018, además, sugiere culpar a la víctima y trasladarle la responsabilidad de los sucesos; mientras que el Estado debería tomar acciones de seguridad que procuren la libertad y dignidad de todas las personas dentro del territorio. La respuesta del Estado costarricense es similar a lo reprochado por la Corte IDH al Estado mexicano: discursos revictimizantes, inacción y ausencia de protocolos efectivos para investigar y sancionar los actos violatorios.