El primer signo de la corrupción en una sociedad
que todavía está viva es el “fin justifica los medios”.
Georges Bernanos
A lo largo de nuestro continente, la corrupción ha sido el motivo principal para desarmar y deslegitimar gobiernos de izquierda y derecha; en nuestro país fue excusa de un informe de 100 días que quiso mostrar la separación con la herencia de gobiernos anteriores; sin embargo asistimos a que no hay una modificación significativa de las prácticas político-administrativas, ni mucho menos en el entorno económico-financiero. ¿Qué esconde la trama de las denuncias de corrupción entre las elites políticas?
Como obra mala y de bajo presupuesto, el espectáculo es extiende a través de denuncias de corrupción entre sujetos donde una y otra vez caen en mutua acusación y apoyados desde una cobertura constante a través de los medios de comunicación; sin embargo, no luchan por la transparencia, sino por parcelas de poder amenazadas.
La trama siguen siendo la misma, los implicados se refugian en un lugar común: la persecución política; no obstante, ante el peso de los hechos se blindan en una culpabilidad colectiva, aludiendo que todos lo hacen, y construyen el argumento más cínico que se ha puesto de moda, el lacónico recordar de las grandes bondades de su gestión, olvidando a conveniencia que la mejora transitoria o sustancial de los índices era parte de su trabajo, y no una cortada para favorecer su enriquecimiento o el de sus cómplices.
Es así como esta elite política y burocrática gestiona el Estado como un casino, donde el mejor postor impone su voluntad (basta ver las donaciones de campaña electoral donde un mismo actor financia dos o más partidos) y procura según las condiciones blanquear o ensuciar actores a su gusto y complacencia, congela causas, limita acceso a la información, surgen pactos de impunidad y extorsión como las herramientas para invisibilizar las consecuencias de los desfalcos, o externalizar a terceros los efectos, afectando principalmente las políticas sociales y ambientales.
En Costa Rica, la decepción ha sido creciente, la inoperancia y tecnificación de las prácticas de corrupción ha ido calando sobre las formas y modos administrativos: coima (dádiva a funcionario por cambiar o omitir alguna disposición a su cargo) y los entramados offshore, son fenómenos que separados o articulados han ido erosionando y resignificando los marcos jurídicos del país, produciendo un desfalco sistemático del Estado, deterioro generalizado de las condiciones del país y enriquecimiento de las elites económica-financieras del país.
Las señas son evidentes, la no modificación de las prácticas administrativas del gobierno de turno y la necesidad de recurrir constantemente a las mismas estructuras y discursos de supuesta “legalidad”, solamente profundizan los esquemas viciados de prácticas permisivas. Esto nos lleva a pensar que el Estado actual, lejos de construir cambios en torno a otras prácticas que partan desde una mayor participación ciudadana y comprometida con la transparencia por una transformación de nuestras realidades, procura en su lugar seguir apostando por esta espiral de destrucción de los tejidos con la ciudadanía (que erosiona la confianza en las clases políticas y sus propuestas), y de esta manera legitimar y consolidar el dominio y explotación de las elites económica-financieras dominantes, a través de esquemas jurídicos y prácticas político-administrativas que legitiman y estimulan la acumulación de riqueza y maximizan el lucro.
Es necesario no renunciar a la necesidad de evidenciar y construir otras prácticas de gestión que involucren la participación en todas las etapas de la política pública y gestión administrativa; el compromiso debe ser por la creación de otras formas de pensar-hacer la política, que contribuya a una mayor transparencia, incidencia y definición de la participación en los procesos de toma de decisión.
