El machete de trabajo de un político es la palabra. Con ella construye y deconstruye realidades, convence o decepciona al pueblo, destinatario último de sus disposiciones. De palabras se construyen los discursos, pero no son solo palabras sin más; ideas filosóficas con las cuales divulgamos conocimientos y experiencias. En el caso de la política, sobre el manejo de la cosa pública, la res publica. De tal forma que debemos asumir una postura con respecto a lo que escuchamos, cuando escuchamos hablar al señor presidente y sus ministros, a los señores diputados y a las diputadas. Por eso, como parte de ese gran y difuso auditorio, no podemos permanecer pasivos, al contrario, corresponde asumir una postura activa y preguntarnos quién está hablando, cómo utiliza el lenguaje, cuándo lo hace y por qué.
Ahora bien, no es lo mismo encontrarnos con el magistrado presidente de una sala de la Corte, en la barra de un bar y escuchar lo que opina sobre el Super Bowl o el gane de Cartago en la final del fútbol nacional, que analizar sus palabras en una sentencia en un valeroso voto separado, o su discurso ante los diputados. Es diferente el uso del lenguaje en la barra de un bar, en una llamada telefónica, en una lección en un aula, o en la consulta con un médico. Allí ocurren sucesos de comunicación muy disímiles entre sí, en los cuales se emplea un discurso específico, interacciones sociales (llenas de elementos metalingüísticos) donde hacemos uso del lenguaje. Aquí, por lo pronto, nos referiremos al discurso formal.
Cuando un presidente de la República habla ante un parlamento de diputados, o ante representantes del Poder Judicial, se expresa, no en carácter personal, sino mediante la investidura de la que fue dotado por el convencionalmente llamado “pueblo”, que lo eligió democráticamente. El artículo 130 de la Constitución de Costa Rica nos recuerda que el presidente ejerce su poder como jerarca del Poder Ejecutivo. De forma general, en el inciso 20) del artículo 140, de ese cuerpo normativo, dispone como deber presidencial: “Cumplir los demás deberes y ejercer las otras atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.” Lo anterior debe ser concordado con el básico principio de legalidad, que dispone que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, es decir, la autoridad y ellos no son la misma cosa, sino que simplemente tenemos que valernos de otros seres humanos para gobernarnos y vivir en comunidad.
Sea que el presidente tenga un arranque agitado, una corazonada o responda airado a la prensa, debe recordar que su discurso debe estar apegado no solo al texto expreso de la ley, sino también a los valores democráticos y republicanos del Gobierno que ejerce (principios jurídicos no escritos). Ahora bien, lo ideal sería que el corazón y el cerebro del orador y su discurso estén en sintonía; caso contrario, debe privar la razón, y de ser necesario sí o sí, debe hacerse asesorar por sus ministros y demás personal que lo rodean.
De tal forma que el contexto sociopolítico en que se dicta un discurso es esencial; podemos afirmar que el contexto influye en el discurso y el discurso modifica, altera u organiza el contexto. Tanto al referirse el gobernante al actuar de los funcionarios de gobierno ante el contexto inminente de una emergencia natural (donde las decisiones deben ser urgentes), como al hacer una reflexión sesuda sobre la importancia de coordinar esfuerzos en el reparto del poder entre los Poderes de la República, debe apegarse al Estado de Derecho. Cuando escuchamos a un gobernante, no es que vayamos poniéndole comas, puntos, y punto y comas a lo que va diciendo. Pero sí podemos ir subrayando las situaciones en que dicta su discurso, cuáles son sus intenciones, cuáles sus metas y propósitos. Mediante el análisis de las palabras del señor presidente podemos rastrear sus modelos mentales, con qué valores se identifica, cuáles son sus creencias y cómo se relacionan estas con los de la sociedad, y del grupo al que pertenece (ser presidente latinoamericano).
De lo que tenemos que estar atentos es que el discurso puede funcionar como una radiografía de lo que a futuro serán las decisiones de grupos que detentan poder. Es probable que si en su discurso se abusa del poder, ofende, transgrede límites de raciocinio, reproduce patrones de desigualdad y de dominación, en la praxis al tomar decisiones y constituir actos administrativos formales con efectos jurídicos sobre la población, incurrirá en la misma práctica, si no es que sus asesores y demás allegados, no lo encarrilan cuanto antes.
A lo largo de la historia latinoamericana hemos visto una y otra vez líderes que usan el discurso de formas demagógicas, como queriendo decir el poder soy. Ejemplos con nombres y apellidos podríamos mencionar, pero no es el objetivo por ahora. Sea que el discurso se diga en una rueda de prensa, al calor del momento, refleja una forma de ejercer el poder, y en un Estado Democrático de Derecho el poder queda limitado y delimitado no solo por la división orgánica de poderes, sino por el ejercicio racional de las decisiones jurídicas y políticas. No es a base de corazonadas o intuiciones (que tantas veces fallan) que se puede hacer un ejercicio democrático del poder. Para ello tenemos otros contextos, como en la barra de un bar.
Es decir, hemos de esperar (y exigir), de nuestros gobernantes, un discurso con el uso de la razón, como medio para distinguir lo valioso de lo no valioso o contrario dentro de la pirámide de valores que componen la estructura de un Estado de Derecho. A fin de cuentas, lo que todos queremos es valernos del Derecho como un instrumento para que la vida en sociedad se mantenga pacífica, ordenada y armónica. Optamos por la razón como parámetro de adecuación del discurso a los valores republicanos, porque no tenemos ningún mejor parámetro para ello.
