El Presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, cumplió el pasado 2 de mayo con su obligación constitucional de rendir cuentas al pueblo costarricense, representado por la Asamblea Legislativa y con la presencia de muchos dignatarios. Pese a ser un deber constitucional, el hecho tiene una significativa importancia como gesto democrático, de control político y ejercicio de transparencia en la gestión pública. Que en un país latinoamericano este rito se celebre como la cuestión más natural y necesaria del mundo es ya un valor en sí mismo que no podemos ignorar.
Desde una perspectiva eminentemente teórica, el relato presidencial está traspasado por una confirmación de valores supremos, como la adhesión incondicional al Estado de derecho, las libertades públicas y la defensa de los derechos humanos; el papel de ese Estado como garante de oportunidades y reductor de desigualdades; un Estado, en fin, “social y solidario al servicio de los ciudadanos”. Todo esto, aunque se mantenga en el plano declarativo, es también muy valioso. Además, el señor Presidente dijo estar comprometido con “el bienestar del mayor número” y reconoció su deuda para con “los más necesitados”. A lo largo de su exposición señaló otros compromisos como la lucha contra toda forma de discriminación, particularmente respecto de la población LGBTI, que llevó a su gobierno a suscribir la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Nos recordó también sus esfuerzos por combatir la violencia contra las mujeres, y la batalla por un mejor ambiente en el marco del cambio climático global.
Sobre todos estos tópicos señaló la definición de algunas políticas y las primeras medidas para su efectiva realización. En esta impronta humanista, que podríamos ubicar en una concepción de centro-izquierda del espectro ideológico, don Carlos nos enfatiza dos ideas que vale la pena retomar aquí: el hecho de que Costa Rica solo saldrá adelante con “trabajo, valentía, respeto democrático, educación e inclusión de todas las personas” y que su determinación ha sido “abordar los problemas de frente, asumiendo las consecuencias políticas, porque lo peor que podríamos hacer es no hacer nada o aplazar acciones”. Hasta aquí podemos darle al Presidente el beneficio de la duda, pero es necesario aguzar el ojo crítico a partir de algunos de los contenidos más sobresalientes de su rendición de cuentas.
En primer lugar, es cierto que este primer año se dedicó, casi exclusivamente, a sacar adelante el nunca bien ponderado “Plan Fiscal” y que solo ha habido tiempo para proponer y planificar apenas algo más. Alvarado parece ser consciente del precio político que esto trajo, a saber, una polarización social y un fuerte descontento en los sectores sociales que se sienten económicamente castigados o perdedores. El Presidente sigue defendiendo, sin embargo, la necesidad ineludible de aquella tarea para evitar la quiebra financiera del Estado. Solo el tiempo pondrá las cosas en su lugar y dirá la última palabra. Desde mi punto de vista, insistir, no obstante, en una ley de Empleo Público, en las anunciadas reformas diseñadas desde su Ministerio de Planificación para hacer más eficiente la administración pública y, en una sostenida austeridad del gasto, no traerá sino más roces y polarización con los sectores que se opusieron en su momento a la reforma fiscal. Esa es una factura que no puede tener un monto indeterminado.
Por eso resulta crucial, en busca de equilibrios, traducir en hechos la anunciada actualización de un Plan de Lucha Contra la Evasión Fiscal y el Contrabando, la intensificación de operativos contra el fraude fiscal, la efectividad de la Factura Electrónica, los progresos del Sistema de Compras Públicas, con la incorporación de grandes compradores como el ICE, el INS y la CCSS. Y aún más relevante será tomar en serio la palabra presidencial cuando dice que “debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panama Papers, (así) como lo referente al secreto bancario”.
Hay que reconocer un importante dinamismo de la planificación, proyección, trámite y ejecución de obra pública. El señor Presidente ha hecho un recuento que sería mezquino no reconocer; pero con la experiencia mundial y regional en esta materia, no estaría mal que se refuercen los métodos y mecanismos de control sobre las licitaciones y contrataciones de todas esas obras. La más grave corrupción hoy día se expresa en esa relación Estado-empresas constructoras que de ninguna manera se pueden descuidar, no sea que nuevos escándalos echen a perder los esfuerzos que de buena fe se hacen.
En materia de seguridad pública don Carlos hizo mención de algunos logros. Me alegró saber que los homicidios y los delitos contra la propiedad muestran tendencias a la baja. Como hombre de derecho, sin embargo, me preocupa el tema de los llamados “mega-operativos”, sobre todo si se conciben como lanzamiento de redes “a ver qué se pesca”. No dudo que estas actuaciones policiales rindan, en lo inmediato, algunos frutos, pero hay que medir cuidadosamente el precio que se paga, sobre todo si se violentan derechos fundamentales de las personas, o nos acostumbramos, como sociedad, a que la lucha contra la delincuencia es un fin que justifica cualquier medio. Tampoco me provoca entusiasmo la aprobación de una Ley de Armas que, como gran logro, garantiza para cada ciudadano adulto la propiedad de hasta dos armas de fuego.
La experiencia universal ha demostrado hasta la saciedad que a menos armas circulando, más seguridad para todos, que el ideal es que solo los cuerpos policiales deberían estar armados, que no es cierto que se ponga en mayor peligro la seguridad de las personas si no pueden “defenderse” con estos medios. Pero en fin, reconozco que el mercado mundial de armas es un poderoso factor que tiene al mundo armando pueblos e instigando guerras internas y externas. Y para rematar, tampoco estoy convencido de los beneficios de la Ley de Extinción de Dominio. Es una propuesta en el marco de la guerra indiscriminada contra el crimen organizado que se ha extendido a otras formas delictivas, que se concibe como mecanismo sancionatorio “no penal”, pero que esencialmente tiene todas sus características, menos, claro está, imprescindibles garantías para evitar abusos. En fin, es una forma de alcanzar objetivos supuestamente más eficientes, existiendo ya, de hecho y jurídicamente válidos, otros mecanismos que, si se quisiera, se harían valer sin pagar el alto costo de arrasar con un derecho republicano y democrático.
Sin necesidad de tener una bola de cristal, intuyo que esta Ley de Extinción de Dominio se va a convertir en una peligrosa arma política y va a destruir carreras políticas. Como se ve, en materia de seguridad pública, me distancio de lo que el Gobierno Alvarado Quesada señala como logros, pero en este terreno tan sensible se evidencian diferencias conceptuales de fondo que me siento en la obligación de señalar y cuestionar.
Termino reconociendo que el informe presidencial tiene indudables valores en el diagnóstico de los desafíos, las necesidades urgentes en materia del empleo, educación e integración social, así como la urgencia de apoyar sectores estratégicos de la economía, y la importancia de planificar y regionalizar los esfuerzos que se hagan en el inmediato futuro. Por el bien de Costa Rica le deseo éxitos a la gestión anunciada, incluso a la forma visionaria y apasionada con que el señor Presidente otea el futuro, los grandes cambios que se nos vienen en razón de las revoluciones tecnológicas, ni más ni menos que el mundo que espera a nuestros hijos y nietos. Hace bien don Carlos al advertirnos sobre la necesidad de prepararnos para ese futuro que ya nos ha alcanzado.
