El derecho de defensa: con ocasión de la oferta de trabajo

En el ámbito público, los servidores de “naturaleza pública” se rigen por las normas estatutarias (producto de la creación del régimen del servicio civil) y leyes anexas.

En el ámbito público, los servidores de “naturaleza pública” se rigen por las normas estatutarias (producto de la creación del régimen del servicio civil) y leyes anexas. A estos se les otorga de estabilidad en el empleo, para que el Estado cumpla con el cometido de la prestación del servicio de manera ininterrumpida y continua, consecuencia de la demanda ciudadana que se le hace al mismo. De allí que se viniera a establecer en la Constitución Política, por un lado, la creación de un estatuto que garantizara la eficiencia de la administración (con la promulgación posterior de la Ley General de la Administración Pública) y, por otro, el nombramiento de trabajadores, con base en la idoneidad comprobada, que solo pueden ser removidos -previo debido proceso- mediante justa causa, sin responsabilidad patronal.

En dicho sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha referido que dicha idoneidad se comprueba no solo mediante pruebas de tipo psicométricas, en las que se valora el razonamiento (verbal, numérico o abstracto) o las características de la conducta y personalidad del entrevistado, sino también que se debe valorar el conocimiento y dominio de la materia específica, atinente al puesto para el que se concursa, bajo el principio de igualdad que deriva la obligación de distinguir (voto constitucional no. 471 del año 2013).

Ahora bien, dicho ente jurisdiccional, mediante el voto no. 11.813 del año 2017, vino a considerar -redacción del Magistrado, Dr. Fernando Castillo V- que se debe aplicar el debido proceso, posibilitándole al oferente la participación efectiva, dentro del concurso que pretende elegir una plaza. Así, el ente institucional -que realiza la apertura concursal- debe velar porque se notifique en forma y en tiempo oportuno y de previo a la fecha en que se vaya a realizar el concurso a la persona interesada, sin que dicha responsabilidad se le pueda trasladar a un tercero (v.gr. Correos de Costa Rica). En caso que se transgreda lo anterior, el concurso no se puede llevar a cabo; y si a pesar de ello se hizo, existe transgresión al debido proceso y al derecho del trabajo, siendo necesario anular y retrotraer los procedimientos al momento en que se produjo la violación. Lo anterior con la finalidad de que se realice el concurso, con plena participación en igualdad por parte de los escogidos, que conforman la nómina.

Finalmente es oportuno saber que, a partir de la modificación al Código de Trabajo, todas las personas sin discriminación gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o que estén establecidos mediante ley o reglamento. Bajo sanción de que en caso de comprobarse discriminación, por parte de la Administración Pública y las demás instituciones de derecho público, en cuanto a reclutamiento o selección de personal, carecerán de eficacia siendo anulables a solicitud de la persona interesada.

Por otra parte, toda persona trabajadora que en el ejercicio de sus funciones relativas a reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación (por motivos de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación), se considera que incurre en falta grave para los efectos del artículo 81 del Código de Trabajo, según lo dispone el mismo cuerpo legal, en su artículo 410.


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