A cien años de la creación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Costa Rica saluda al mundo con célebres proyectos de ley que atentan contra el derecho constitucional a huelga, el cual asiste a los trabajadores y sigue siendo uno de los pilares angulares de nuestra legislación social. Olvidan los políticos de turno, que apadrinan tan maquiavélica y antidemocrática iniciativa, que la sociedad costarricense se nutre de diversas corrientes de pensamiento y que, dentro de la diversidad, debemos ser capaces de encontrar la unidad. Esto último, sin ninguna duda, robustece esta tan cacareada “democracia bicentenaria”.
Ante la presencia en la corriente legislativa de estos proyectos y otros más con perfil regresivo al conjunto de derechos y libertades civiles que ha disfrutado la sociedad costarricense durante las últimas décadas, deberíamos preguntarnos: ¿la proscripción del derecho a huelga a quién beneficiaría? Porque más bien reducir el ámbito del ejercicio de ciertas libertades civiles en un régimen republicano empobrece la vida en democracia.
Parecieran no entender, que los problemas de la democracia se resuelven con mayor democracia. Por eso dicha pretensión autoritaria es propia de aquellos que se enojan, molestan e incomodan porque a otros actores sociales, ante la ausencia del diálogo y la negociación, no les queda más que recurrir a las vías de hecho para potenciar su malestar y expresar sus ideas, pensamientos y posiciones. Esto último, aunque suene raro, constituye también la expresión de otros costarricenses, que necesariamente no se sienten representados por el poder político o económico.
Ya nuestros padres constituyentes con gran sapiencia decidieron respetar y recoger el espíritu de los costarricenses plasmados en el Código de Trabajo y en la gran reforma social de los cuarenta, de la cual somos herederos y que ahora algunos padres y madres de la patria parecen desconocer. Ignora el señor Pizan y los diputados León y Benavides la riqueza del artículo 61 de la Constitución Política establece límites al derecho a huelga, que en forma concatenada se abordan en el Código de Trabajo y el Código Procesal Laboral. La definición de servicios esenciales para el ejercicio del derecho a huelga es una aproximación bastante acertada, en la cual hace pocos años empleadores, trabajadores y el Estado nos pusimos de acuerdo, y la OIT aplaudió tan noble y costarricense gesto.
Los excesos que plantean Benavides, Piza y León, y sus acólitos, niegan una rica tradición civilista para resolver conflictos sociales. Olvidan que la última huelga que sacudió al país concluyó con sendas declaratorias de legalidad. No es con la reacción visceral ni la crispación de ánimos,ñ como se arreglan las cosas.
Sobre dichos proyectos de ley, el 18 de abril de este año la representación en Costa Rica de la Organización Internacional de Trabajo prudentemente se ha pronunciado y lo ha hecho en contra. Con señalamientos muy claros a cinco artículos que serían reformados o adicionados, en los que se lesiona seriamente el derecho a huelga.
Costa Rica, a través de su historia, ha sido respetuosa del derecho internacional y de los derechos humanos, por supuesto, entre ellos el derecho al trabajo. No en vano el país ha ratificado 51 convenios internacionales de la OIT, donde como sociedad no perdemos la perspectiva de que la parte débil en la relación obrero patronal la lleva el trabajador. Bajo dicha inspiración fue concebido el Código de Trabajo y es rico el legado que nos hace la iglesia a través de su Magisterio social, inaugurado hace más de cinco años con la emblemática encíclica Rerum novarum del Papa León XIII.
En otros escenarios, fuera de los círculos del poder político, el 6 de junio diversos actores sociales, entre ellos agricultores, solidaristas, cooperativas y la Pastoral Social de la iglesia, advirtieron la ciudadanía en general que esta clase de iniciativas ponen en riesgo la sana convivencia social.
Como sociedad pluralista y diversa, no debemos alejarnos de los valores fundantes de nuestra patria, así como de aquellos postulados que dieron origen al tratado de Versalles y la búsqueda de la paz y de la justicia tras la Primera Guerra Mundial, y que dieron origen a la OIT y a la Liga de las Naciones, que antecedió a la ONU.
En el eventual conflicto entre capital y trabajo, la iglesia con suficiente autoridad también tiene algo que decir. No nos resulta lícito como ciudadanos y como creyentes abstraernos del debate del aumento de la desigualdad, la pobreza y la excusión. El funcionamiento de la economía debe evitar generar desempleo y subempleo masivos; la prosperidad y avances sociales deben ser para todos y las luchas que deben afrontar los trabajadores para disfrutar de bienestar y estabilidad cuentan cada vez más con menos nichos.
La OIT y los costarricenses en general, sin excepción, tenemos que tratar de alcanzar y promover el trabajo decente para todos como una necesidad esencial y urgente, no solo como un acto de fe. Hacia allí es donde debieran estar enfocadas las energías de nuestras autoridades.
Costarricenses, ante todo no perdamos la perspectiva del pacto fundacional que ha sostenido la República con el paso del tiempo. Disfrutar de la Costa Rica de hoy costó sangre, sudor y lágrimas de nuestros antepasados. El Estado de Bienestar Social no nos cayó del cielo, fue forjado al fragor de encuentros y desencuentros, de la lucha social. Que no sean la vanidad y la arrogancia de unos pocos y sus intereses espurios las que destruyan lo que tanto ha costado. Prueba de esa comprensión y solidaridad, que han sido la argamasa que unen el tejido social, traigo a colación el artículo 74 de nuestra Constitución Política, que ahora convenientemente quieren olvidar, que reza que en las relaciones entre empleadores y trabajadores y estados deben prevalecer como faro luminoso “el principio cristiano de la justicia social”.
Ante los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país, resulta oportuno recordar las palabras del papa Francisco, quien indica que no es una opción “poner un límite claro para asegurar el valor de la vida humana. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía mata (…) No todo entra dentro del juego de la competitividad de la ley del más fuerte donde el poderoso se come al más débil. El afán de poder y de tener no conoce límites” (Evangelii gaudium, p.53). Ante una economía y marcos legales que generan exclusión e inequidad, pervirtiendo el valor del dinero, que debe servir y no gobernar, nos sigue iluminando el Papa Francisco “Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social” (Evangelii gaudium, p.59)
La huelga, como vehículo de la protesta social, dentro de un régimen democrático, tiene un legítimo espacio; pretender acallarla es como pretender que un bebé al nacer no llore. Si me permiten la metáfora, nacimos llorando, protestamos por la renuncia externa que se nos impone de dejar de disfrutar la comodidad, calidez, seguridad y confianza de un vientre materno que nos arrulla, ante un mundo frío, cargado de ruidos y estímulos que nos desconciertan y atemorizan. Pretender que el derecho a huelga quede solo en el papel, para un pueblo que no ha faltado a sus citas con la historia, es una verdadera quimera. Dicha pretensión, fruto de la estulticia de quienes tuercen la historia y hacen una pésima lectura del presente y futuro de la patria, me recuerda aquella frase de don Pepe, ante la impulsividad e imprudencia de algunos, decía “usted puede apretar el aguacate, pero no por ello va a madurar antes”.
