La legislación laboral patria, quedó enmarcada en principios cristianos de justicia social, principios generales del derecho del trabajo, equidad, costumbres, usos locales, normas internacionales y demás leyes de derecho común. Entre estas últimas destaquese el Código Civil, que rige desde 1888 y que dentro de sus preceptos, señala expresamente que los derechos deben ser ejercidos conforme con las exigencias de la buena fe. Siendo que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste.
Si bien, consecuencia del COVID-19, se han emitido instrumentos excepcionales e impensables en momentos normales, dentro del ámbito laboral, –tales como: el decreto de emergencia nacional (no. 42227-MP-S); acuerdos del INS y la CCSS, en cuanto a incapacidades, el decreto no. 42248-MTSS procedimiento de suspensión temporal de contratos; ley no. 9832, Autorización de Reducción de Jornadas; ley no. 9839, en donde se entrega el FCL, a los trabajadores afectados por crisis económica, cuando su jornada haya sido legalmente reducida o cuando hayan sido suspendidos sus contratos de trabajo– todos estos deben aplicarse con base en los principios mencionados.
Entonces y a pesar de esta legislación excepcional, no obstante, no se vale y con base en lo referido, algunas conductas que se puedan dar:
1) Aprovecharse de la actual situación de modo maliciso y doloso, para dar por terminada una relación laboral, perjudicando a alguna de las partes del binomio (patrono/trabajador).
2) La creatividad, llevada a su máxima expresión, cuando la ley sea clara o la interpretación sesgada, para favorecer intereses, en uno u otro sentido, por cuanto aquí debe prevalecer una “media justa”, entendiendo que tanto trabajadores como patronos, deben salir airosos al final de la pandemia.
3) Utilizar en fraude o abuso de la ley, los anteriores instrumentos laborales, con el fin de discriminar a las personas o violentarles sus fueros.
4) Reducir jornadas y suspensión de contratos, sin cumplir con los requisitos de ley, para su válidez.
5) Reducir salarios, pero manteniendo la misma jornada.
6) Suspender contratos de trabajo, e irse a laborar con la competencia, revelando los secretos técnicos o los asuntos administrativos reservados de su trabajo, por cuanto una suspensión no significa que se haya terminado la relación laboral, es decir, siguen prevaleciendo los principios de buena fe, lealtad, comunicación, etc.
7) Declarar falsamente u omitir adrede, hechos que llevan como finalidad, transgredir la legislación laboral, en abuso de esta emergencia mundial.
8) Estafar o engañar, ofreciendo subsidios o trabajos, haciendo que la víctima se desprenda de una suma de dinero, cuando no corresponda.
9) Omitir y/o no facilitar las cartas, para que los trabajadores, puedan acceder de manera oportuna a los programas de ayuda social o al FCL, consecuencia de reducciones de jornadas, suspensiones de contrato o despidos, como consecuencia del COVID-19.
10) Olvidar los principios laborales que nos legaron nuestros abuelos, desde ya hace casi 80 años, que deben prevalecer en toda situación, tales como la empatía, buena fe, justicia social, comunicación oportuna, equilibrio, compensación, responsabilidad y solidaridad.
En caso de que ocurra alguno de estos hechos que no se valen, se estaría, ante una conducta delictuosa, una infracción a las leyes de trabajo y una ruptura contractual laboral, sin o con responsabilidad, conforme al elenco fáctico, en que ocurra.
Definitivamente la empatía y la solidaridad debe prevalecer, por encima de cualquier otra cosa, pues entre todos, se va a poder salir de este atolladero, que hoy por hoy, se encuentra la faz de la tierra. Valga recordar, que hay que darle tiempo al tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades, que en el presente, se estén suscitando.
