El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ubicado en la provincia de Limón y reconocido como un sitio Ramsar de importancia internacional, es un ecosistema vital no solo para la biodiversidad de Costa Rica, sino también para el bienestar económico de las comunidades que dependen de los aportes suministrados por el humedal.
La importancia de proteger estos ecosistemas no solo radica en su valor ambiental, sino también en las pérdidas económicas asociadas a su destrucción, un aspecto que muchas veces se pasa por alto. Sin embargo, a pesar de que la zona del humedal está bajo la protección de múltiples convenios y leyes, su preservación ha sido cuestionable.
En 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley 9242 titulada Ley para la regulación de las construcciones existentes en la zona marítimo terrestre que buscaba legislar los derechos de propiedad privada dentro del refugio. Esta normativa reguló la posesión de tierras por parte de familias que ya vivían en la zona antes de la creación del refugio, pero que no poseían títulos de propiedad. En su momento, la ley fue polémica debido a que abrió la puerta a que intereses privados con un enfoque más comercial y turístico reclamaran tierras dentro de la zona protegida, razón por la cual fue declarada inconstitucional en el 2019.
Por otro lado, en el mismo año 2014 se aprobó la ley 9223, llamada Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del caribe sur. Dicha normativa retiró un total de 406 hectáreas del refugio de su condición de dominio público, permitiendo que fueran cedidas a terceras personas.
De acuerdo a una nota realizada por el periódico La Nación en la que se empleó la herramienta GFW, se afirma que entre el año 2014 y el 2023 se perdieron 159 hectáreas de cobertura arbórea, de las cuales el 76% (121 hectáreas) se dio a partir del año 2014, evidenciando las implicaciones de la aplicación de las leyes mencionadas.
Adicionalmente, utilizando la misma herramienta de GFW que mapea satelitalmente diferentes zonas y las analiza mediante inteligencia artificial, es posible conocer la pérdida de cobertura arbórea entre el año 2001 y el año 2023. Dichas pérdidas se representan con color rosa en la figura 2. Es destacable las pérdidas de cobertura boscosa en las zonas circundantes al humedal. Asimismo, el área dentro del convenio Ramsar no ha estado exenta de la pérdida arbórea, dado que se observan pequeñas zonas deforestadas, principalmente alrededor del río Sixaola.
Además de lo anterior, en este año, la situación del humedal ha estado en boga debido a la tala irregular dentro de los terrenos del empresario Pacheco Dent. Presuntamente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó un permiso el 12 de abril del año pasado, permitiendo la tala de 29 árboles dentro de la finca con el objetivo de construir un camino de 1,2 kilómetros de largo y 14 metros de ancho.
De acuerdo con un análisis realizado por el OIJ, se estima que se realizó una tala de 8,5 hectáreas de zona arbórea, lo cual es preocupante dado que el otorgamiento de dicho permiso debió haber sido imposible debido a la normativa de la Ley Forestal. Además del hecho de que los humedales ubicados en estas fincas están dentro de los 12 distritos protegidos en Costa Rica por el convenio Ramsar. Finalmente las dos fincas forman parte de una lista de 137 propiedades que deben ser devueltas al patrimonio natural según el acatamiento de institucionalidad de la ley del 2014.
Todos estos sucesos representan una importante amenaza a la preservación y sostenibilidad de los servicios ecosistémicos del humedal. En general, los ecosistemas, incluidos los humedales, proveen de una serie de servicios vitales para la supervivencia del mismo ecosistema junto con la de las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Estos son llamados “servicios ecosistémicos” que son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas y pueden ser divididos en cuatro grupos: servicios de soporte (formación de suelo y ciclo de nutrientes), servicios de provisión (alimento, agua, materias primas), de regulación (regulación del clima, purificación del agua, regulación de la erosión) y culturales(recreación, estética, educación).
Ahora bien, el reto que enfrentan los ecosistemas es que casi nadie valora realmente los servicios que producen, pero este valor puede ser estimado en términos monetarios y así establecer las pérdidas anuales generadas por la degradación del humedal.
En el año 2017, el Sinac en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y The Global Environment Facility (GEF) realizaron la valoración económica de los servicios ecosistémicos de los diferentes humedales del país, estimando que para el humedal Gandoca-Manzanillo el área boscosa del refugio general en promedio $74.542.563 al año proveniente de los servicios ecosistémicos.
Considerando que el área boscosa es de 2.985 hectáreas, se estima que en promedio cada hectárea genera anualmente $24.972,38. Empleando la media del tipo de cambio de los últimos 10 años que es de ₡572,64 se obtiene que cada hectárea de cobertura boscosa genera anualmente ₡14,3 millones.
Ahora bien, tomando el caso de Pacheco Dent, la tala implicó aproximadamente 8,5 hectáreas de cobertura boscosa, lo que significa una pérdida de ₡121,55 millones anuales, por la ausencia de los servicios ecosistémicos perdidos. Así mismo, es posible aplicar el mismo ejercicio a las 121 hectáreas de bosque pérdidas, producto de la aplicación de las leyes del 2014, estableciendo de esta manera que la deforestación de dichas hectáreas significa una pérdida anual de ₡1.730,32 millones de colones.
Al considerar los dos casos, la pérdida de las 121 hectáreas y las 8,5 es posible sumar ambas pérdidas, concluyendo que la degradación de los bosques del humedal Gandoca-Manzanillo implica $3.021.658 anuales, que en moneda nacional supone una pérdida de ₡1.851,87 millones de colones al año producto de la pérdida de los servicios ecosistémicos.
La actual situación evidencia la urgencia de una acción decisiva para proteger nuestros recursos naturales. Las pérdidas económicas asociadas a la degradación de este ecosistema son inmensas, pero aún más preocupante es la pérdida irremediable de biodiversidad y servicios que sostienen la vida humana, siendo no solo una cuestión ambiental, sino también una inversión en el futuro económico y social del país.
