La economía basada en el conocimiento es esencial para el desarrollo de las sociedades modernas. Costa Rica se encuentra en una de las regiones del mundo donde se genera menos conocimiento. Ha sido una política del Estado costarricense y de los gobiernos de turno, incluyendo el presente, hacer una pobre inversión en ciencia y tecnología, actualmente con apenas 0.47% del producto interno bruto.
Las universidades públicas estatales, y en particular la Universidad de Costa Rica, son los espacios donde se realiza la investigación para producir la mayor parte de conocimiento que se genera en nuestro país. La comunidad de investigación de la UCR, constituida por aproximadamente 1 800 personas, ha asumido un extraordinario compromiso con la producción del conocimiento con excelencia académica.
Sin embargo, hacer investigación en la UCR implica superar una serie de barreras que incluyen recursos limitados, sobrecarga en la docencia, tramitología en los procesos de compra, entre otros. Además, la normativa internacional, nacional e institucional establece una serie de lineamientos que no son siempre fáciles de cumplir. Ahora debemos agregar, además, la torpe e inaceptable intromisión del Consejo Universitario en la gestión de la investigación.
Guillermo Santana, representante por el Área de Ingeniería, en la sesión 6269 del Consejo Universitario (CU) del 4 de abril de 2019, durante la discusión del primer presupuesto extraordinario 2019, presentó una objeción al proceso de compra de un equipo de investigación por parte del Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica porque no tenía claro dónde se iba a instalar. Cabe resaltar que la ubicación de un activo fijo en la institución es un asunto de trámite administrativo, no es competencia del CU.
Al enterarme de la discusión en el CU, me tomó solo 15 minutos contactar a los investigadores involucrados para que me aclararan sobre el uso de los equipos. El señor Santana no tuvo el tiempo, la capacidad ni la voluntad para conversar de previo con los investigadores de su propia área, a quienes dice representar, para aclarar directamente sus dudas antes de la sesión plenaria del CU, a donde prefirió llevar la discusión. Finalmente, en aras de aprobar el presupuesto extraordinario, se excluyó la partida que posibilitaría la compra del equipo específico.
De ahora en adelante, ¿será el CU la instancia que decidirá qué equipos de investigación adquirir y dónde ubicarlos? ¿No serán las unidades académicas? Con el acuerdo tomado, el CU no solo creó un precedente inédito en nuestra historia institucional, sino que violentó la base de la voluntad académica de crear iniciativas interdisciplinarias de acuerdo con el derecho constitucional de libertad de cátedra.
El personal docente-investigador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE), por medio de sus laboratorios y su programa de posgrado, lleva a cabo investigación de muy alto nivel académico, dentro de su propia área así como en consorcios con otros grupos de investigación de la institución y fuera de ella, nacionales y extranjeros. Uno de esos consorcios incluye el Pris-Lab de la EIE, su posgrado, los Programas de Posgrado en Microbiología, en Bioinformática y del Doctorado en Ciencias, así como los Centros de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET) y en Tecnología de Información y Comunicación (CITIC), solo por mencionar un ejemplo. Este consorcio define los objetivos de los proyectos conjuntos, busca fuentes de financiamiento, comparte equipos de investigación, realiza publicaciones conjuntas, entre otros. En fin, es un excelente ejemplo de un ejercicio de investigación multidisciplinaria.
La improbación de la compra de este equipo de investigación en el presupuesto extraordinario implica que probablemente no se podrá adquirir en el presente año, con el correspondiente rezago en la ejecución de los proyectos de investigación y de los proyectos de tesis, las consecuentes pérdidas de oportunidad que esos rezagos implican y el incumplimiento de compromisos adquiridos con otros grupos de investigación, entre otros aspectos. Esta es una afectación importante del quehacer de la investigación institucional.
Según se desprende del audio de la sesión 6269, la posición del señor Santana, quien por cierto inscribió su último proyecto en la Vicerrectoría de Investigación en el año 1996, que se puede consultar en el Sistema de Información y Gestión de Proyectos, Programas y Actividades (Sigpro), fue apoyada por las profesoras Madeline Howard (Salud) y Teresita Cordero (Ciencias Sociales y directora del CU), quienes deberán ahora responder ante la comunidad universitaria por su actuación en este caso particular. Para el futuro, ya estamos avisados sobre el proceder del CU.
